Invocan 10 años de cárcel por ataque incendiario
Fiscalía acusó solo a uno de los cuatro imputados por caso registrado en Ancud. Por los otros tres jóvenes detenidos y formalizados no se perseverará.
En un caso que ha presentado vuelcos procesales, en definitiva el Ministerio Público de Ancud determinó acusar a solo uno de los cuatro imputados por un feroz ataque armado registrado en el pasaje Mar Brava, en represalia al asesinato de Brett Ojeda (24). El sujeto arriesga 10 años de cárcel por dos delitos, mientras que por los otros encartados se determinó no perseverar en la indagatoria.
Tras la evacuación de los últimos informes periciales, la evidencia solo pudo sustentar los cargos contra el osornino de iniciales S. F. V. G. (42), sindicado como autor material de los ilícitos de incendio y uso de artefacto incendiario, por los hechos registrados el 31 de mayo pasado, un día después del crimen en el sector Bonilla.
En su requerimiento, el fiscal Javier Calisto expuso que el acusado "con el objeto de atentar y destruir violentamente propiedad ajena, portando en sus manos artefactos incendiarios", los arrojó contra un auto que resultó completamente quemado. Durante esta embestida también se arrojaron objetos contra un domicilio, pero la prueba fue insuficiente para vincular a los otros formalizados.
Como explicó el persecutor, se invocaron dos hechos delictivos separados -por el incendio pidió 6 años de cárcel y por el otro 4 años-, "puesto que un acto es en sí el siniestro y otro, el que le da mayor peligrosidad al caso, es que se utiliza un elemento de estas características".
Se trataría de una bomba molotov, aunque no fue confirmado, "puesto que el elemento se consumió por completo por las llamas", indicó el abogado. Los peritajes del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt solo constataron la acción del artefacto incendiario.
Autoría material
Bajo este escenario, se determinó acusar únicamente al mayor de los encartados -las edades de los otros fluctúan entre los 21 y 27 años-, vale decir, en base a la autoría material de los ilícitos.
Es más, Calisto reconoció que por los otros imputados "habían testimonios contradictorios sobre su presencia en el lugar, pero sobre el acusado era distinto, ya que lo vieron arrojar el artefacto". Por ello, no se perseverará en su contra mientras no surjan datos inculpatorios.
Filippo Corvalán, defensor penal público, destacó este último escenario, criticando las acciones emprendidas dentro de la causa.
"Todo empezó con cuatro órdenes de detención, donde según la policía existían serios antecedentes de la comisión de hechos gravísimos y la participación de cuatro imputados. No deja de llamar la atención que hoy se decida no perseverar contra la mayoría de ellos", puntualizó el profesional.
Dentro de los vicios que describe el abogado, resaltó que "hubo detenidos ampliados, a otros se les declaró ilegal la detención, lo que se confirmó por la Corte de Apelaciones (de Puerto Montt), lo que ratifica que la indagatoria estuvo muy mal hecha y se vulneraron derechos de los imputados. A futuro la acción penal iba a ser rechazada en todas sus partes".
El defensor insistió en que la causa "no tiene sustento", remarcando que "hay falta de pruebas". Una postura que llevará a la audiencia de preparación de juicio oral que quedó programada para el 17 de febrero próximo.
47 medios de prueba fijó el fiscal Javier Calisto dentro de su acusación por los dos delitos.
29 años tiene el obrero a quien le quemaron el auto esa noche del 31 de mayo del 2020.
