Peritaje ratifica imputabilidad de obrero que mató a su padre
Es indagado por un parricidio en la Padre Hurtado. Además, se acogió su traslado a la cárcel de Castro.
En capacidad para enfrentar el procedimiento penal concluyó el Servicio Médico Legal (SML) de Puerto Montt que se encuentra un joven sindicado como responsable de asesinar a su padre de una certera estocada al corazón, en medio de un incidente en plena calle de la población Padre Hurtado de Castro.
La pericia constituye una prueba clave en el avance de la causa que se remonta al 7 de abril pasado, cuando el obrero de iniciales J. A. O. N. (30) atacó a Jaime Obando Sánchez (54). A comienzos de septiembre se solicitó la diligencia, cuyo informe solo fue remitido en los últimos días, con resultados contundentes.
Elva Carreño, siquiatra del SML de la capital regional se encargó de efectuar la examinación al isleño, llevando a cabo los protocolos de la guía normativa pericial forense, empleando dentro de los instrumentos el Mini Examen de Estado Mental (MMSE, por sus siglas en inglés).
Dentro de las determinaciones a las que arribó la doctora, se encuentra que el sujeto es capaz de valorar una situación ilícita y que tiene capacidad de autocontrol en virtud de lo exigido por el derecho.
Pese a reconocer que requiere de una evaluación sicológica para determinar alguna sicopatía y que habría sufrido un cuadro clínico tras un traumatismo craneal, la experta expuso que las alteraciones que presentaría el joven no influyeron al momento de cometer el delito. Es más, remarcó en su informe que "no afectaron su entendimiento y que en el ámbito jurídico es imputable".
Con estas conclusiones se abre el camino procesal que redundará en un juicio oral, desechando una eventual medida de seguridad.
De esta forma, como reportó el fiscal Luis Barría, quien instruye las diligencias del caso, con el resultado de este peritaje, "que era lo último que faltaba, vamos a pedir audiencia para reformalizar y dejar establecidos los hechos, para luego comunicar el cierre de la investigación".
Este escenario fue destacado por la querellante en esta causa, María José Obando (23), hija de la víctima fatal, quien desde un primer momento reconoció que a su hermanastro "lo querían hacer pasar por loco".
Álex Contreras, coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), quien representa a la joven, añadió que "existe conformidad con este peritaje, puesto que se descartó la inimputabilidad y se puede seguir avanzando en el proceso penal en busca de una condena por parricidio, que permita reparar en parte el gran daño causado".
Bajo este escenario, la postura que planteaba el defensor Juan Manuel Castro sufre un revés. Ello, puesto que introdujo antecedentes con el fin de que se exima de responsabilidad penal a su representado.
Certificados del Hospital Penitenciario de Puerto Montt, firmados por la siquiatra Mónica Almonacid en un informe del 17 de julio pasado, daban cuenta que el joven padece de discapacidad intelectual moderada, daño orgánico cerebral y microsicosis. No obstante, la pericia del SML de Puerto Montt fue clara en señalar que a pesar de la evidencia, los eventuales trastornos no anulan su entendimiento ni la voluntad con que actuó.
De esta forma, como especificó el jurista, "nuestra teoría del caso se enfoca en la existencia de una inimputabilidad disminuida -como atenuante en base a las alteraciones mentales detectadas en el encartado- y en la configuración de una legítima defensa", puesto que el isleño insiste en que su padre lo intimidó con un hacha, con la intención de agredirlo a él como a su madre.
Traslado
Asimismo, el defensor invocó en audiencia telemática realizada ayer con el Juzgado de Garantía de la capital isleña, la derivación de su cliente desde la cárcel de Puerto Montt a la castreña.
Justificó su solicitud, manifestando que el imputado "había sido remitido al Complejo Alto Bonito el 20 de mayo por arreglos en la unidad penal de Castro, como también para ser sometido a una evaluación siquiátrica. Sin embargo, ambos puntos se subsanaron".
Además, el profesional detalló que pese a existir dos informes de Gendarmería de Chile que se oponían a su traslado a Chiloé, estos ya no se justificaban. Por ello, la magistrada Jesica Yáñez acogió la petición y ofició a la institución penitenciaria a materializar el cambio de penal en 72 horas.
"Mi representada destaca que el imputado sigue en prisión preventiva y está confiada en que se hará justicia".
Álex Contreras,, querellante.
9 días estuvo en huelga de hambre el imputado como medida de presión para su traslado a Castro.