Gabriela Mayorga Oyarzo

La Federación de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos Rurales de Chiloé (Feucoruch) envió una carta al Ministro de Salud, Enrique Paris, solicitando medidas estrictas con el fin de controlar la pandemia en el Archipiélago.

En lo concreto, las organizaciones del campo piden "restablecer la aduana sanitaria en Chacao y Avellanal con exigencia de PCR negativo con 70 horas de antelación; paralización de las faenas en plantas salmoneras y de mitilicultura por 15 días, con pago de salario completo a sus 'colaboradores'; considerar medidas especiales para los permisos de quienes trabajan en embarcaciones, ya que el sistema de cuarentenas los perjudica muchísimo, y la anulación de permisos de vacaciones en la provincia, además de asignar recursos necesarios para fortalecer la red de salud, la que está colapsada, en voz de sus propios funcionarios".

Daniel Pantoja, presidente de Feocoruch, sostuvo que esta petición se debe a que la situación sanitaria con contagios de covid-19 en Chiloé está fuera de control. "Este es un llamado SOS al ministro, desde el clamor que tenemos todos los dirigentes y juntas de vecinos rurales de Chiloé para que tome cartas en el asunto. Queremos que las autoridades defiendan la vida de nuestra gente, ya ni siquiera es por la salud, es de vida o muerte, y que se tomen medidas drásticas, se retomen las que había antes para entrar a Chiloé; mínimo", expresó.

inseguridad

Marcela Ramos, secretaria de la entidad y presidenta de la Junta de Vecinos de Nercón Alto, observó que las plantas salmoneras y de mitilicultura "siguen trabajando y tomando PCR ellos mismos con sus propios laboratorios. Eso no da seguridad a los trabajadores de que sean efectivos, porque muchos han declarado que estando enfermos los obligan a trabajar. Hay una precarización muy grande de los miles de trabajadores que trabajan en la empresa salmonera y mitilicultura con el riesgo para sus familias, y la mayoría son personas del mundo rural", afirmó.

En la misiva, la federación tildó de "atropello al derecho a la salud" el que se otorguen permisos de vacaciones a personas de otras regiones, considerando además que hay comunas de Chiloé que están en fase 1 del Plan Paso a Paso. "Hay tacos kilométricos para entrar a la ciudad y la gente que tiene dos horas de permiso para entrar a Castro, por ejemplo, pasa esas dos horas en el taco. El otro problema es que muchos campesinos están perdiendo sus hortalizas porque no tienen posibilidad de venderlas en la ciudad", sumó Ramos.

Así, se espera lograr una respuesta de parte del Minsal. "Haré las gestiones a ver si podemos tener algún contacto con él (Paris), quizá vía Zoom y poder expresarle de cara a él cuál es nuestro sentir", acotó Pantoja, también presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Ancud.

Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil

Hoy les quiero informar acerca de una nueva iniciativa legal que impulsamos como Ministerio de Justicia y DD. HH. Se trata de un servicio altamente especializado, que tendrá un alto nivel técnico y profesionalizado en su personal y que permitirá poner término al Sename.

La iniciativa fue aprobada por el Senado con un amplio consenso, ahora debería ser aprobado en tercer trámite constitucional en el Congreso. El Gobierno se ha propuesto entregar a la comunidad un servicio especializado, cuyo objeto será la ejecución de medidas y sanciones fijadas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N°20.084. Este espacio materializará un sistema especializado de administración de justicia en lo referido a la formación y dedicación de los actores judiciales como son los/as fiscales, jueces y defensores. Ello a través de la creación de salas especializadas para el conocimiento de causas con imputados adolescentes. Corregirá varios déficits graves que ofrece el diseño de sanciones y medidas penales previstos en la Ley 20.084 actualmente vigente y que han representado dificultades para los operadores del sistema.

Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. El servicio que se propone permitirá mejorar la calidad de los procesos de intervención a partir de las siguientes definiciones estratégicas: adscripción al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), fijación de estándares de calidad por cada programa de ejecución de medidas y sanciones, con la aprobación de un Consejo de Estándares y Acreditación, conformado por profesionales altamente especializados, nombrados a través del Sistema de Alta Dirección Pública. También acreditarán tanto a las instituciones como a los programas. Habrá una redefinición de un sistema de externalización de prestaciones en base a criterios de gestión de calidad; mejores procesos de supervisión financiera y técnica, y un sistema de financiamiento más adecuado, que atienda a la necesidad de especialización. Se reforzará la respuesta intersectorial, con una nueva institucionalidad que permitirá contar con una política nacional en la materia y un plan de acción a mediano plazo, con enfoque regional.

Especialización del sistema de administración de justicia. Se propone un sistema especializado de administración de justicia, a través de la creación de salas especializadas para el conocimiento de estas materias y aumentándose la dotación de fiscales especializados para el conocimiento de casos en que existan imputados adolescentes.

Modificaciones a la Ley N° 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. El proyecto de ley corrige los déficits más graves que ofrece el diseño previsto en la Ley N°20.084: limita la aplicabilidad de la sanción de amonestación (es la más leve) y elimina la multa.

Regulación del concurso de delitos, reiteración delictiva, tratamiento del concurso de delitos cometidos como adolescente y adulto y regulación de un régimen de unificación de sanciones, que permita un efectivo y adecuado cumplimiento de las sanciones impuestas.

Modificación de las normas relativas a la determinación de la pena y su individualización, incorporándose, entre otras materias, la posibilidad de contar con informes técnicos que proporcionen información del caso y que permitan establecer de manera fundada la sanción más idónea al caso concreto.

Reformulación del sistema de quebrantamiento e incumplimiento de condenas, a fin de regular de manera efectiva sus consecuencias.

Regulación de la suspensión condicional del procedimiento, en cuanto contenidos y plazos, y de la sujeción a la vigilancia de la autoridad como medida cautelar.

Se incorpora la mediación penal juvenil, como una forma alternativa de resolución de los conflictos que permite lograr una importante satisfacción en las víctimas y que tiene un impacto positivo en los procesos de reinserción de los jóvenes.

"Habrá una redefinición de un sistema de externalización de prestaciones en base a criterios de gestión de calidad; mejores procesos de supervisión financiera y técnica, y un sistema de financiamiento más adecuado, que atienda a la necesidad de especialización".

Alex Meeder Thiers, seremi, de Justicia y Derechos Humanos de Los Lagos