Pedro Bárcena González

En la cárcel enfrentará la investigación en su contra un joven sindicado como el rostro visible de lo que sería una organización criminal destinada a estafar en Chiloé. Se le imputan tres defraudaciones por más de 20 millones de pesos, relativas a compra-ventas de vehículos.

Por dos días se había ampliado la detención del sujeto de iniciales C. A. M. S. (25), mientras la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro reunía antecedentes sobre el último caso, que revivía este ilegal modus operandi.

La propia afectada en compañía de un amigo logró retener al sujeto en las cercanías del Registro Civil e Identificación castreño, después de corroborar que la transacción por unos 8 millones 700 mil pesos por su móvil nunca llegó a su cuenta.

Preliminarmente, como explicó el fiscal Enrique Canales, el temuquense fue aprehendido por receptación, "a propósito de portar la llave de un auto estafado con la aparente simulación de transferencias a la víctima que vendía el vehículo y por lo cual firmó una carta de poder en la notaría para activar el trámite".

Dinámica

Se informó que la dinámica empleada tenía relación con estos negocios, en los que las personas timadas recibían un correo electrónico con la supuesta notificación del depósito del dinero por la comercialización de sus máquinas. Sin embargo, estos mails eran falsos, no provenían de una casa financiera. Es más, trascendió que cómplices del encartado operarían desde la cárcel.

Ya con los datos reunidos, el persecutor encausó ayer en audiencia remota con el Juzgado de Garantía de Castro, la indagatoria. Incluso, agrupó otras dos denuncias por hechos similares.

"Se formalizó por tres delitos de estafa y el imputado quedó en prisión preventiva", reportó el abogado, sumando que la investigación quedará por especialidad a cargo del fiscal Fernando Metzner.

Por su parte, el defensor Nelson Troncoso remarcó que se opuso a la cautelar más gravosa, señalando que la pena por estos ilícitos no es mayormente intensiva y que ya se avizoran algunas atenuantes.

"Sostenemos que mi representado está en grado de complicidad. Aunque se invoca que cooperó a la ejecución del delito con actos anteriores o simultáneos, es preciso señalar que las personas que realizaron el ardid eran otras que estaban presas en Temuco y Angol, quienes hacían todos los llamados a las víctimas desde dentro de la cárcel", reveló el profesional.

Agregó la fuente que existe colaboración calificada por parte del imputado, enfatizando que el delito de estafa tiene una pena entre 61 a 540 días de presidio, lo cual debe ser considerado al momento de establecer precautorias.

"Más allá que el joven tenga antecedentes penales anteriores (por robo con intimidación), puede optar a una pena sustitutiva por esta causa, ya que la pena que arriesga a nuestro juicio no superaría los 300 días", apuntó Troncoso, añadiendo que el encartado entregó su teléfono para que se pesquise el tráfico de llamados como de mensajería.

Bajo este escenario, el defensor solicitó las medidas de arresto parcial nocturno, firma semanal en Carabineros y prohibición de acercarse a las víctimas. No obstante, la magistrada Alejandra Varas decretó la prisión preventiva, aduciendo que la libertad del imputado constituye un peligro para los afectados y la sociedad. También indicó que hay riesgo de fuga.

Alcances

Otro punto que se trató en la audiencia es que la investigación podría verse afectada con la liberación del encartado, puesto que se pesquisa una eventual organización criminal que se dedicaría a comprar vehículos de manera fraudulenta, para luego venderlos sin pagar.

En Ancud y Castro se concentraron los actuales ilícitos, que vendrían desde el año pasado. Además, la policía le está siguiendo la pista a los otros sujetos que estarían envueltos en este grupo delictivo.

"Se evalúa la apelación en el tribunal de alzada, ya que participa en grado de cómplice y ha colaborado de forma sustancial".

Defensor Nelson Troncoso, sobre el imputado.