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Imputado por crimen queda con arresto total: vislumbran una legítima defensa

Fiscalía analiza la atenuante incompleta por el homicidio en Dalcahue.
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Pedro Bárcena González

Al emerger con fuerza al menos dos aminorantes de responsabilidad penal en los albores de la indagatoria en su contra, el sujeto sindicado como responsable de matar a su hijastro en medio de un confuso altercado familiar en el sector Mocopulli, comuna de Dalcahue, eludió la cárcel tras ser formalizado ayer por homicidio simple.

En audiencia realizada con el Juzgado de Garantía de la capital chilota, tras ampliarse por tres días su detención, el imputado de iniciales G. A. A. A. (38) conoció los antecedentes por los que será indagado por el Ministerio Público, que difieren en un punto clave con su versión sobre el deceso del joven de 21 años.

Tal como expuso el fiscal Luis Barría, quien instruye las diligencias por los hechos registrados la noche del viernes, a la altura del kilómetro 0,5 de la Ruta W-55, el informe de la Brigada de Homicidios (BH) y las conclusiones tanatológicas del Servicio Médico Legal (SML) de Ancud le permitieron acreditar en esta instancia procesal el dolo directo en el ataque armado.

Como describió el persecutor, con las pesquisas se estableció la dinámica del crimen: tras una discusión entre la víctima y su madre al interior del domicilio, intercede el encartado. El incidente continúa a las afueras de la casa, donde mamá e hijo causan daños al camión del padrastro, quien se enfrasca en una pelea con el joven.

"Existe un forcejeo y la víctima le propina una puñalada por la espalda al imputado. En ese momento, el afectado cayó al suelo lo que es aprovechado (por el detenido), quien con el mismo cuchillo le da una estocada en el hemitórax izquierdo, en la zona del corazón, que le provoca la muerte en el lugar", detalló el abogado.

Sustento

Tanto la declaración de testigos presenciales, como el peritaje de la BH al sitio del suceso y al mismo cadáver se complementaron con la autopsia para sustentar la postura fiscal.

"El SML estableció como causa de muerte una herida penetrante torácica de tipo homicida, ejecutada de arriba hacia abajo", acotó el jurista, discrepando con lo declarado por el encartado. "Él dice que al caer al suelo (su hijastro) se hace la lesión. Esto no es coincidente con el peritaje", explicó, reiterando que existió intencionalidad y que no fue un accidente.

De esta forma y en base a estos antecedentes, Barría recalcó que la existencia del delito y la participación del lemuyano están acreditados. Sin embargo, considerando la penalidad del ilícito formalizado que parte en los 10 años de cárcel, estimó que se puede cautelar la indagatoria con una medida extrapenitenciaria.

Por ello, el profesional invocó el arresto domiciliario total, en base a una serie de atenuantes.

"Se configura la irreprochable conducta anterior y existe la posibilidad de una legítima defensa incompleta por la lesión que sufrió el imputado en la espalda. Por principio de proporcionalidad se solicitó esta medida", consignó el fiscal, añadiendo que en una eventual reconstitución de escena se podrá determinar el concurso efectivo de esta aminorante.

Este requerimiento fue acogido por los defensores particulares, Yerko Yáñez y Mariano Pavez, quienes recién el lunes tomaron la representación del isleño.

Teoría

Tal como expuso en la audiencia virtual el primero de los juristas, "no nos oponemos a la cautelar sobre todo al argumento de la legítima defensa incompleta". No obstante, la teoría del caso que plantean preliminarmente es más eximente.

"Pensamos que existe una legítima defensa completa, pero recién estamos reuniendo los antecedentes de la causa para sustentar esta línea. Por eso, en un futuro y con mayor precisión de la evidencia que tengamos, pediremos alguna revisión de cautelar para pedir una menos gravosa", insistió Yáñez.

Dentro de este contexto, la magistrada Bárbara Rogel decretó el arresto total contra el chilote, quien lo cumplirá en isla Lemuy, bajo la fiscalización de Carabineros del Retén de Puqueldón. Asimismo, determinó un plazo para indagar de 120 días.

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