Pedro Bárcena González

A más de una década de la presentación del recurso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la petición realizada por el hermano de Reinaldo Andrade Barrientos (51), quien fue raptado y asesinado en Castro a fines del 2004. Un caso que está en estudio en el marco de la eterna lucha por justicia que emprendió el denunciante.

El popular 'Naldito' desapareció el 15 de noviembre de ese año y 17 días después fue hallado su cuerpo semihundido en el río Gamboa. Cinco jóvenes fueron juzgados por secuestro, abuso sexual y homicidio, delitos que fueron acreditados por el Tribunal Oral en lo Penal castreño.

Sin embargo, los magistrados resolvieron que las pruebas no fueron suficientes para determinar la participación de los encartados en los dos últimos ilícitos, por lo que solo sentenciaron (el 28 de septiembre del 2009) por el secuestro a los delincuentes, a penas entre 815 días y 5 años de presidio.

Desde ese instante comenzó la titánica lucha de David Andrade para no dejar en la impunidad los crímenes perpetrados contra su pariente. Sin embargo, sus requerimientos de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y de queja como reposición ante la Corte Suprema fueron desechados.

El sistema nacional de justicia no le dio respuestas al vecino castreño. Se ratificaron los ultrajes y el asesinato de su ser querido, pero nadie pagó. Por ello, apuntó al estamento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, Estados Unidos.

más de una década

"Presentamos la petición (28 de junio del 2010), ya que el Estado de Chile nos dio la espalda. Desde el principio fallaron las instituciones. Hubo una mala investigación, se planteó mal el juicio oral y las diversas instancias posteriores no se pronunciaron, pese a que cinco delincuentes cometieron unos graves delitos que quedaron en la impunidad", apuntó Andrade.

Asesorado por el abogado Hugo Oyarzún, elevaron los antecedentes de este caso a la CIDH alegando la responsabilidad internacional del Estado chileno por la violación de garantías jurídicas y protección judicial, derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Estas dos normas del "Pacto de San José" se refieren a la posibilidad de optar a una doble instancia legal que no se concretó en el caso de David Andrade y sus parientes, con relación al proceso penal por la muerte de 'Naldito'. Acusa que se vulneró su posibilidad de ser escuchado y que sus recursos fuesen considerados en amparo de sus derechos fundamentales.

Los requerimientos de la petición que también incluyó una indemnización por $500 millones fueron notificados al Estado de Chile el 4 de mayo del 2016, mientras que el 23 de agosto de ese año la contraparte respondió, señalando que el isleño "tuvo a su disposición todas las herramientas procesales existentes en nuestro ordenamiento jurídico y efectivamente hizo uso de cada una de ellas con el propósito de que la sentencia impugnada por él fuera revisada".

Insistió en su réplica que Andrade buscaba una "cuarta instancia" legal para revisar la causa, después de las negativas anteriores que no constituirían violaciones a los derechos humanos. Es más, agregó que "no estamos frente a un caso de infracción al debido proceso, sino de una disconformidad con el resultado de la sentencia, cuya revisión se solicitó por distintas vías judiciales".

fallo

Más allá de estos reparos, la comisión presidida por el mexicano Joel Hernández decidió declarar admisible la petición del isleño. Fundamentó que plantea "alegatos específicos relativos a la imposibilidad jurídica de contar con una verdadera instancia revisora de una decisión penal que considera vulnera sus derechos como familiar de una víctima".

Es más, en el fallo se suma que los datos aportados por Andrade no constituyen "una mera disconformidad con el contenido de las providencias judiciales adoptadas por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Corte Suprema". Incluso, se advierte que "las alegaciones de la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y de corroborarse podrían caracterizar violaciones a la Convención Americana".

De esta forma, los comisionados están analizando el fondo del requerimiento del castreño. Un proceso que puede tardar, como ha sido la tónica de todo este historial jurídico ligado a uno de los casos policiales más impactantes registrados en Chiloé.

51 años tenía el chilote hallado sin vida a 17 días de su extravío.