Pedro Bárcena González

Con la principal prueba presentada en su acusación contará el Ministerio Público de Ancud, en su objetivo de acreditar la responsabilidad de cuatro jóvenes en el horrendo crimen contra un vecino en el sector Pudeto Bajo. La víctima, tras recibir una feroz golpiza, fue lanzada a un pozo. Siete días después del ataque fue hallado el cadáver.

Así quedó establecido ayer en la audiencia de preparación de juicio oral por el caso de homicidio que se sigue contra los imputados de iniciales A. E. M. N. (21), S. A. V. B. (26), A. C. E. G. (21) y M. A. V. P. (21), sindicados como los autores del asesinato de Óscar Enrique Ortega Mancilla (54). El 13 de diciembre del 2019 fue agredido el poblador, que agónico fue arrojado a la fosa, falleciendo producto de la paliza y por asfixia por sumersión.

Justamente, para establecer esta dinámica y que el afectado no estaba muerto al momento de ser lanzado al agua, el fiscal Javier Calisto fijó a 16 testigos y 5 peritos, quienes serán sus medios probatorios claves para el futuro juicio oral.

"Nos apoyaremos de la evidencia científica para demostrar esta situación, para eso tenemos dos médicos legistas (Germán Quappe del Servicio Médico Legal de Puerto Montt, donde se realizó la autopsia y la experta Vivian Bustos), que examinaron el cuerpo y las pruebas reunidas, con el fin de corroborar que la víctima estaba viva al ser lanzada al pozo", dijo el persecutor.

Asimismo, el abogado aguarda con estos medios probatorios que las penas solicitadas sean acogidas. Invocó 15 años de cárcel para los dos primeros encartados, y por los otros, 12 años de presidio. La diferencia se explica por la atenuante de irreprochable conducta anterior.

Defensa

En tanto, el defensor Filippo Corvalán, quien representa a A. E. M. N., sostuvo que "se acogió excluir parte de la prueba material por infracción de garantías en la incautación de especies en un domicilio, obtenida por la policía de forma ilegal. Igual se rechazaron unas pericias y documentos, como el informe de alcoholemia, porque la Fiscalía no lo argumentó en la acusación".

Pedro Bárcena González

Por un alcance de identificación, un trabajador vivió una compleja situación procesal. Fue sindicado como responsable de un caso de lesiones menos graves en violencia intrafamiliar (VIF), incluso detenido. Hasta estuvo a minutos de ser formalizado, cuando quedó al descubierto este insólito error de notificación, por el cual fue sobreseído.

Al tener los mismos apellidos y nombres -estos últimos inversos en su orden- de un sujeto buscado por este ilícito, este vecino de 62 años oriundo de la capital fue vinculado a una causa con sede en el Juzgado de Garantía de Castro, en la cual se requería a un isleño de 47 años.

Nunca ha estado en la Isla. Sin embargo, pasó por angustiantes experiencias. Incluso, no descarta tomar acciones legales.

Antecedentes

Desde el 2017 se remonta esta causa de violencia doméstica, por la cual el denunciante de iniciales P. J. N. V. fue detenido el 24 de enero de este año, en su domicilio de Lo Prado, Santiago.

"Estaba en mi casa, en la parte trasera, cuando entra un piquete de Carabineros. Me llegaron hasta apuntar con armas... me esposaron y llevaron al furgón. No entendía nada, pero tampoco podía decir nada, por temor", indicó la fuente, recordando sus peores momentos como preso político en dictadura.

Al día siguiente, fue encausado por unas amenazas relativas a un altercado con su hija en el 5° Juzgado de Garantía de Santiago. En la audiencia también se le notificó para ser formalizado por la causa en Chiloé. No podía creer lo que estaba pasando.

"La abogada de ese día me explicó algo de eso de Castro. Pero yo nunca había estado ahí. Así que comencé a leer el expediente y me di cuenta que la víctima de estas agresiones nunca me reconoció. Pese a eso, igual me fueron a detener", recalcó.

Pasó el tiempo y en estos últimos días enfrentó al tribunal castreño por este caso. En ese instante, el defensor Rodrigo Zamorano fue alertado del error.

"Hubo un alcance de nombre. A fines del 2017 había un informe de la SIP que daba cuenta que al ir al domicilio notificado en Castro, que tiene también la mujer que hizo la denuncia, ella dijo que el imputado ya no vivía en el lugar pero señaló donde trabajaba. Además, aseguró no conocer a mi representado, luego que le mostraran una foto", consignó el jurista.

Con estos datos, el defensor solicitó el sobreseimiento, el cual fue acogido "al establecerse claramente la inocencia del encartado".