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Pandemia arroja 8.484 imputados por atentar contra la salud en la provincia

Fuerte alza de causas tiene la Fiscalía. Además, valoran controles coordinados.
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Pedro Bárcena González

La pandemia del covid-19 no solo ha quedado plasmada en los más de 9 mil 500 contagiados totales en la provincia o en los 122 fallecidos producto de la enfermedad. Su impacto también está reflejado en los infractores a las normas sanitarias, que desde el inicio del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe hasta el jueves pasado sumaron 8 mil 484 imputados ingresados al sistema penal.

Así está plasmado en las estadísticas del Ministerio Público, de acuerdo a encartados por atentar contra la salud pública, transgrediendo el ya famoso artículo 318 del Código Penal. Por fiscalías, los casos se agruparon en 2 mil 978 ingresados en la de Ancud; otros 3.374 en la de Castro; mil 590 indagados por la entidad de Quellón, y 163 por Quinchao.

Cada parte confeccionado desde el 17 de marzo del 2020 por las policías uniformadas, civil y marítima se encuentra en estos datos. Unas cifras que demuestran el peso de estas conductas que ponen en riesgo la salud de la comunidad.

Según lo indicado por el fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, esta incidencia "sanitaria" ha marcado un incremento de un 34 por ciento de los ingresos, con respecto a igual período entre 2019-2020.

"Este aumento tiene que ver con estas causas del 318. Son cargas importantes, por las cuales hemos tenido que generar procesos de trabajo nuevos para abordarlas", dijo el persecutor, valorando el despliegue de los escasos medios existentes en Chiloé para hacer cumplir la ley.

Fuerzas

La Defensa Nacional es la encargada de coordinar el accionar de estas fuerzas de control desde que está vigente el Estado de Excepción.

Solamente por concepto de quebrantar el horario de aislamiento nocturno y las cuarentenas, desde este organismo en su jefatura de Los Lagos, reportaron 5 mil 508 aprehendidos en Chiloé (hasta el jueves), concentrando la mayoría Ancud, con 1.895, lo que constituye el 34% del total.

De acuerdo al jefe regional del organismo, el general Cristián Eguía, es preciso "ser más empático" para abordar esta realidad.

Las detenciones numerosas atentan contra el objetivo de reducir la movilidad de las personas, por eso el oficial sostuvo que "los controles se mantendrán con fuerza, aunque no es trabajo aislado del personal policial y militar, sino también de la comunidad". Incluso, alertó que la zona "no escapa del alza de casos positivos (de covid) y una red de salud estresada", factores que impulsan todas estas fiscalizaciones, que a nivel regional ya suman 10 millones 925 mil 267.

Dentro de este accionar, la Armada ha jugado un rol clave. Es la institución que lidera los operativos de resguardo del confinamiento sanitario en el Archipiélago, siempre en coordinación con Carabineros, la PDI y la Seremi de Salud.

Tal como indicó el capitán de puerto de Ancud, Miguel Ángel Bravo, el trabajo colaborativo interinstitucional ha sido la tónica.

"Nos hemos enfocado en fiscalizaciones nocturnas en sectores urbanos y rurales. Además efectuamos una vez a la semana patrullajes reforzados, que se complementan con lo que se realiza en el día con la Autoridad Sanitaria", consignó el jefe naval.

Patrullas en Chacao y barrios específicos como Bonilla y Caicumeo, "donde ha existido la mayor incidencia de infractores", han sido recurrentes según el capitán de corbeta, sumando que han contado para estas tareas con refuerzos de la Gobernación Marítima de Castro y la Quinta Zona Naval.

Peak

En cuanto a la labor de Carabineros, han tenido un trabajo incesante, en especial en Quellón tras la crisis de contagios que los puso como la comuna con mayor incidencia de casos activos (fines de enero).

Como expuso el titular de la Sexta Comisaría, mayor Iván Ulloa, desde el inicio de la contingencia sanitaria las coordinaciones han sido vitales para diseñar las estrategias de control.

"Hemos tenido buena comunicación con las entidades policiales, la Armada, Salud y el municipio. Trabajamos en equipo y muy fuerte, primordialmente cuando tuvimos el peak de contagios", acotó el uniformado, explicando que pese a los escasos medios disponibles se busca la máxima cobertura.

"Debemos 'arar con los bueyes que tenemos', no puedo sentarme a llorar porque tengo un carro y una moto. Tenemos que trabajar con lo que existe y así todos lo hemos sentido. Hay un gran compromiso", apuntó la fuente.

"El fin es reforzar las medidas y no debilitar los controles ya establecidos".

Miguel Ángel Bravo,, capitán de puerto de Ancud

Dinámica procesal

El fiscal Enrique Canales remarcó una limitación con los tribunales para abordar el aumento explosivo de ingresos. "En pandemia tienen un funcionamiento acotado, lo que ha disminuido sus audiencias. Por ello, muchos procedimientos están suspendidos, lo que produce una suerte de embudo considerable, que puede generar una situación compleja cuando se retorne a una cierta normalidad y se tengan que abordar esas causas", acotó. Del total de imputados en la provincia, 876 han pasado a control de detención. Esta diferencia se basa en criterios de actuación. "Por estar funcionando a modo pandemia, no se puede recargar el sistema, además no existe una capacidad para el control de tantos detenidos. Se puede generar un foco de contagios. Por ejemplo, para toda la jurisdicción de Castro que incluye cinco comunas, solo la capital chilota tiene calabozos", sostuvo.

Además, aclaró que los reincidentes pasan a control. "Los mismos criterios hay para poner término de las causas, la primera alternativa son los procedimientos monitorios. Quien cometa la infracción más de una vez será juzgado de otra forma", sentenció.