Pedro Bárcena González

Reflejando que los alcances de la delincuencia no tiene límites etarios, durante la jornada de ayer fue formalizado un menor de 15 años por un violento asalto perpetrado contra dos niñas de apenas 13 y 10 años. Un ataque que se produjo en plena calle de Quellón y donde las víctimas fueron amenazadas con un arma que aparentaba ser de fuego.

El ilícito quedó al descubierto alrededor de las 19.20 horas del sábado en la población Rucahue de la comuna del sur de la Isla.

Así lo reportó el capitán Marcos Sánchez, subjefe de la Sexta Comisaría de Carabineros local que abordó el procedimiento de rigor, añadiendo que el servicio se activó "tras la denuncia que realizó una de las afectadas en compañía de su padre".

Los uniformados se constituyeron rápidamente en el sitio del suceso y entrevistaron a las primas, quienes pese al impacto emocional por esta cruda experiencia, lograron aportar información crucial para llevar a la sindicación del sospechoso.

"Se logró la detención de un menor de edad que sustrajo un celular a una de la niñas, quien fue intimidada con un arma de fantasía. Pese a huir del lugar fue aprehendido por personal policial que concurrió rápidamente", informó el oficial.

Audiencia

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado Mixto de Quellón, donde este domingo se acreditó la legalidad de la detención.

Asimismo, la fiscal (s) Paulina Otero, formalizó una indagatoria por robo con intimidación e invocó la internación provisoria contra el encartado, la cautelar más gravosa dentro de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, por la cual será juzgado.

"Pedimos esta medida en atención a la gravedad del delito, la pena asignada al mismo y las circunstancias de comisión, ya que una de las menores fue apuntada con esta arma que aparentaba ser de fuego, en plena vía pública", manifestó la persecutora, aduciendo a la extensión del mal causado a las niñas.

Esta solicitud contó con el rechazo del defensor penal público Luis Mora, quien la calificó como "desproporcionada", al buscar la privación de libertad del isleño en un recinto del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Puerto Montt.

"Se acogió nuestro planteamiento por parte del tribunal y se decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario total y prohibición de acercamiento a la víctima, junto a la sujeción al programa de medidas cautelares para menores de edad", consignó el profesional.

Clave para esta determinación fue el hecho que el imputado tiene irreprochable conducta anterior.

Asimismo, el abogado puntualizó que durante la investigación "solicitaremos diligencias tendientes a establecer dónde se encontraba nuestro representado, ya que la descripción que se hace de sus vestimentas es distinta a las que llevaba al momento de su detención".

90 días se decretaron para desarrollar las diligencias por este atraco.

26 casos policiales de robos con violencia o intimidación hubo en Quellón el 2020.

La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado en representación de una médica contratada a honorarios por el Hospital de Quellón, quien fue despedida pese a estar embarazada.

En la sentencia los ministros establecieron el actuar arbitrario del Servicio de Salud de Chiloé por desvincular a la profesional por supuestamente prestar servicios en forma transitoria, cuando en realidad realizó reemplazos por casi un año. Además, en septiembre de 2020 comunicó su estado de gravidez, por lo cual se encontraba amparada por el fuero maternal.

Asimismo, en el fallo se informa que las disposiciones legales "confieren inamovilidad a las trabajadoras embarazadas e impiden que puedan ser separadas de sus funciones por la sola decisión de la autoridad".

Bajo este escenario, los jueces remarcaron en su dictamen que "la determinación de la recurrida de no renovar la contratación de la actora, bajo el pretexto de conminarla 'a resguardarse en casa para el cuidado suyo y de la criatura que está por nacer', a la espera de la extinción natural del contrato por vencimiento del plazo convenido, la cual se materializó dentro del período de fuero, resulta ilegal".

De esta forma, la sala resolvió revocar la sentencia apelada el 7 de diciembre del 2020 que dictó la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que dio la razón al SS. Chiloé, y acogieron el recurso de protección entablado por Lizaida Rodríguez.

"En consecuencia, se mantiene el vínculo laboral que une a las partes, debiendo ser pagadas a la actora las remuneraciones correspondientes al tiempo de su separación ilegal", se informó.

Por su parte, desde el Servicio de Salud Chiloé se limitaron a indicar que "se acatará lo que ordene el tribunal".

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Ivonne Avendaño, tomó juramento a Rodrigo Alarcón Contreras, como juez titular del Tribunal Oral en lo Penal de Castro. El magistrado, que se desempeñaba en el Juzgado de Familia de la capital chilota, fue seleccionado por concurso público.

"Es muy difícil dejar el lugar en que uno se encuentra seguro y cómodo, pero a veces estos cambios son necesarios para el crecimiento profesional", señaló el juez.

Con respecto a su nuevo nombramiento destacó que "es un desafío importante dentro de mi carrera judicial, afrontando un cambio de materia en la que habitualmente venía trabajando".