Usuarios de siete tipos de iPhone recibirán $37 mil por falla en sus baterías
Al acuerdo judicial podrán sumarse todos quienes tuvieron los modelos. Odecu lo calificó de "histórico". Así se hace la solicitud.
Leo Riquelme - Medios Regionales
A casi tres años de la presentación de su demanda colectiva, el 23° Juzgado de Letras de Santiago aprobó un acuerdo de conciliación que establece que las empresas Apple Chile, MacOnline y Reifschneider deberán pagar 37 mil pesos a cada usuario de alguno de los siete modelos de teléfonos iPhone que venían de fábrica con sus baterías con un sistema programado para quedar obsoletas en determinado plazo.
El convenio beneficiará al menos a las 150 mil personas que ya están inscritas en el recurso presentado en 2018 por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) y a todas las demás que se registren de aquí en adelante.
Tal acuerdo se relaciona con los equipos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone SE que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.
El gigante informático ya había sido el año pasado obligado a compensar judicialmente a sus clientes en Estados Unidos, luego que notaran que los aparatos ralentizaban con el tiempo su sistema de carga, algo que la compañía defendía indicando que era una medida con la que buscaba extender la vida útil del celular. Sus detractores alegan que con ello se buscaba que el consumidor apurara la renovación de otro equipo iPhone.
En ese caso la compensación fue de unos US$25, mientras que la chilena será US$50. "Desde el punto de vista de los consumidores es un triunfo", dijo el presidente de Odecu, Stefan Larenas.
Desde el 21 de 8 abril estará disponible el sitio www.conciliacionsmartphones.cl, que será la vía para inscribirse declarando haber sido afectado por la obsolescencia intencional de las baterías. Pese a esto, el proceso judicial considera un período para realizar solicitudes desde tres meses a partir de la implementación, fijado para el 15 de agosto.
Desde ahí a noviembre los consumidores deberán realizar una declaración jurada que indique que fueron usuarios de alguno de los modelos y que experimentaron un rendimiento deficiente. En el documento deberán identificar el equipo a través del número de serie respectivo.
La auditora Deloitte Chile tendrá a su cargo el proceso, que tras revisar los antecedentes de cada requiriente pagará entre noviembre de este año y febrero de 2022.