Preocupado se mostró el diputado Alejandro Santana (RN) por el "estado de abandono" que presentan obras en distintos puntos de la región, ya sea por insolvencia económica de las firmas a cargo de su ejecución o por plazos comprometidos que no se cumplen adecuadamente.

Frente a este escenario, el legislador oficialista por el distrito 26 presentó un proyecto de ley que crea un "Dicom" de empresas para el sistema Mercado Público, para corregir lo que calificó como "actuales vicios de la normativa".

En esta misma línea, el parlamentario indicó que "hoy a las empresas adjudicatorias que incumplen contratos no les pesa ninguna inhabilidad para participar de otros llamados a licitación pública".

En ese sentido, el político chilote expresó que "lo que buscamos con este proyecto es que la buena gestión de las empresas no solo se remita a lo que adjudicación de obras se refiere, sino que también a su ejecución dentro de los plazos estipulados, cumpliendo con los compromisos adquiridos con el Estado y con las personas".

registro

La idea matriz, explicó Santana, tiene como ejemplo el caso de Colombia, donde existe un Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, instancia a la cual los organismos contratantes pueden consultar antes de tomar una decisión.

"Nosotros queremos ir más allá y no permitir que estas empresas que anteriormente no cumplieron algún mandato al cual se comprometieron, puedan volver a ganar licitaciones y dejar nuevamente el trabajo a medio camino en la zona, perjudicando a los vecinos de mi región", argumento el legislador.

"En nuestra región hemos conocido de varios proyectos que quedan inconclusos, a medio terminar, generando molestia entre las comunidades y con justa razón: la Ruta 215 en Osorno, la Posta de Salud Rural de Cucao en Chiloé, el Hospital de Futaleufú en Palena y el Estadio Ewaldo Klein en Puerto Varas, por nombrar solo algunos de los proyectos que están a la espera de ser ejecutados", enumeró el ingeniero comercial.

El congresista llamó a prestar especial atención a este tipo de hechos, ya que, a su juicio, se trata de acciones graves y recurrentes. "Generan molestia y una sensación de impotencia en las comunidades de la región, que luego de esperar durante años para mejorar su calidad de vida, a través de la construcción de un cesfam, de un recinto deportivo o de una ruta pavimentada, quedan a la deriva por la irresponsabilidad de ciertas empresas que operan en la zona y que por diferentes motivos abandonan las obras", sentenció Santana.

Vivienda digna y ciudad justa, un imperativo ético

El miércoles 3 de marzo se cumplió un año del primer caso confirmado de covid-19 en nuestro país, virus que ha cobrado la vida de más de 23 mil compatriotas.

Esta crisis sanitaria ha desnudado otras miserias de nuestra sociedad, tales como la vulnerabilidad de quienes viven en condiciones precarias como campamentos y viviendas sociales de baja calidad, o en situación de hacinamiento y con escaso acceso a una atención de salud oportuna y de calidad.

En la actualidad, más de un millón y medio de personas (8,6 % de la población) vive bajo la línea de la pobreza y un 20% se encuentra en situación de pobreza multidimensional.

En nuestro país la vivienda no está contemplada como un derecho garantizado dentro de la Constitución. Hoy, la casa es parte de un modelo que la considera como un bien más dentro del mercado que promueve la libre competencia entre las empresas constructoras.

La política de vivienda social que existe hoy se instauró en 1979, en plena dictadura militar, la que dejó en manos de privados -y del mercado- la apropiación y construcción de estos bienes. Como resultado, hoy tenemos ciudades con altos grados de segregación social territorial, fuerte desigualdad urbana y profundo debilitamiento de la cohesión social.

Esta total falta de planificación urbana atenta contra la concepción de una ciudad más justa. Es más, hoy en nuestro país somos testigos de una profunda discriminación territorial de los sectores más vulnerables dentro de nuestras ciudades.

Antes de 1973, la ciudad era un problema territorial y colectivo, donde entidades como la Corporación de Mejoramiento Urbano y la Corporación de Vivienda entendían la arquitectura como piezas colectivas e integradoras de la ciudad.

Hoy, por razones de precio del suelo, las viviendas sociales, por regla general, se construyen en la periferia donde este es más barato. El valor del suelo va de 3 a 4 UF hacia arriba por metro cuadrado.

Para que una vivienda pueda construirse y, a su vez, genere utilidades, no debería superar el precio de 1 UF el m².

Por esto, en ciudades de más de 100 mil habitantes se terminan construyendo en periferias, con altas desigualdades en los estándares, dotación y acceso a bienes públicos. Las diferencias en dotación de áreas verdes, espacios públicos, equipamientos sociales, viabilidad y transporte público entre diferentes zonas urbanas y comunas, en muchos casos, es extrema.

Si de verdad queremos avanzar en el diseño de políticas urbanas justas, se requiere abordar en forma integrada acciones de regulación de los mercados del suelo, de inversión directa del Estado para recuperar la ciudad desigual y nuevas formas de empoderamiento de las comunidades, en particular las más vulnerables. Estas políticas deben asumir que la integración social y la equidad urbana son estándares de sustentabilidad urbana.

inversión estatal

Hoy se requiere una mayor intervención del Estado, con inversiones públicas y gestión del suelo urbano, regenerando el modelo de ciudad segregada que hemos construido en nuestro país en estos últimos 48 años.

Desde la perspectiva de la equidad urbana, las ciudades son un bien colectivo y no una sumatoria de bienes privados, por lo tanto, su funcionamiento está supeditado al bien común y no solo a los intereses individuales expresados en nuestras sociedades a través del mercado.

"Es la calidad y acceso equitativo a los bienes públicos lo que define la calidad de las ciudades y no el acceso al consumo de bienes privados", dijo L. Bresciani.

El debate sobre la construcción de una ciudad más justa con viviendas dignas, hoy, es tan relevante como los derechos a la educación y a la salud.

"Por esto, en ciudades de más de 100 mil habitantes se terminan construyendo en periferias, con altas desigualdades en los estándares, dotación y acceso a bienes públicos. Las diferencias en dotación de áreas verdes, espacios públicos, equipamientos sociales, viabilidad y transporte público entre diferentes zonas urbanas y comunas, en muchos casos, es extrema".

Cozut Vásquez González,, investigador asociado del Centro de Estudios del Desarrollo (CED)