Redacción

Dos reveses experimentó en los últimos días la Municipalidad de Ancud en cuanto al polémico centro de manejo transitorio de residuos sólidos y domiciliarios para esta comuna chilota que opera desde enero del año pasado en un predio de Puntra El Roble.

Primero, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) rechazó el cronograma de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) presentado por el municipio respecto del recinto sanitario, derivando además los antecedentes al Departamento de Sanción y Cumplimiento del organismo.

De acuerdo a la resolución exenta número 746 de la entidad del 31 de marzo pasado, en uno de sus puntos se señala que "al no haber dado cumplimiento satisfactorio al requerimiento de ingreso al SEIA ordenado en la resolución exenta N°1.048 de 2020 y ante la falta de información presentada de manera formal por parte del titular, se procedió a dictar la resolución exenta N°357, de 19 de febrero de 2021, en que se le requiere informar, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación, por una parte, el estado de tramitación del proyecto 'Relleno sanitario Puntra' ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)".

Por otra parte, según el mismo escrito, se recordaba "presentar ante este organismo, para su revisión y validación, un cronograma de trabajo donde se identifiquen los plazos y acciones en que será reingresado el proyecto al SEIA. Dicho cronograma no podía proponer un plazo de ingreso superior a los tres meses de notificada la resolución, salvo que se justificara fundadamente un plazo mayor".

Tras ello, la SMA expuso que el titular -el municipio ancuditano- el 5 de marzo informó el estado de tramitación del proyecto y el cronograma de su reingreso al SEIA. Previamente, en este mismo verano, se anunció el término anticipado de la declaración de impacto ambiental (DIA) de Puntra El Roble, por lo que se obligó a ingresar un nuevo proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En efecto, el abogado Emanuel Ibarra, fiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente, comentó que este nuevo cronograma no es el primer documento de este tipo que se le rechaza al consistorio ancuditano. Conforme a las instrucciones decretadas por la SMA para ingresar al SEIA, pues en el año pasado se requirió una planificación sobre las medidas y sus plazos.

"Se debe recordar que este es el segundo cronograma que presentan, porque a mediados del 2020 la superintendencia le exige el ingreso al SEIA. Se presenta en ese entonces un primer cronograma que prometió la regularización del proyecto en SEIA, para el 27 de noviembre del año 2020", evocó y agregó que, "sin embargo, en febrero del año 2021 el Servicio de Evaluación Ambiental termina la evaluación ambiental que había iniciado la Municipalidad de Ancud, porque no se presentó toda la información esencial, siendo una obligación del titular de tener esa información y presentarla en la época que se compromete".

En este contexto el personero detalló que "la superintendencia fue revisando el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la municipalidad no reingresó nuevamente a evaluación ambiental su proyecto y finalmente nosotros, el 19 de febrero del año 2021, se le requiere a la municipalidad explicar la situación y prometer una fecha de ingreso que no supere los tres meses desde que se dicta esa resolución".

El profesional aclaró que, "sin embargo, el 5 de marzo la municipalidad responde nuestro requerimiento de información, señalando que recién podrán ingresar al SEIA el 30 de septiembre de 2021, que es una fecha muy laxa y que no corresponde para regularizar un proyecto de estas características".

COMité y consistorio

Para Diego Barahona, presidente del Comité de Defensa Medioambiental Chiloé Sin Basura y dirigente de las comunidades aledañas al centro de Puntra El Roble, existe una "errónea intención" por parte del municipio ancuditano de realizar una declaración de impacto ambiental por sobre un estudio de impacto ambiental, en el que la consulta a la comunidad, incluyendo comunidades indígenas, es obligatoria.

"Se deja en claro y en resuelvo de que efectivamente este vertedero se encuentra funcionando en la ilegalidad, se rechaza el cronograma de ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental debido a que (la municipalidad) presentó información que es totalmente insubsanable", sostuvo.

Al mismo tiempo, el dirigente adjuntó que, "por otro lado, aparte de rechazar el cronograma de ingreso, lo deriva al área de sanción y cumplimiento, esto teniendo en consideración que la Superintendencia de Medio Ambiente hace más de un año le exigió al municipio que debía entrar al Servicio de Evaluación Ambiental".

Desde el consistorio se indicó que, por ahora, la resolución es reciente y que el Departamento Jurídico se encuentra trabajando en el análisis del documento para emitir algún tipo de pronunciamiento.

¿inconstitucionalidad?

Pero no solo eso. Esta semana el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento de inaplicabilidad que interpuso el mismo municipio, queriendo impugnar una norma de Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en causa en la que una junta de vecinos busca impedir el funcionamiento del depósito sanitario mientras dure la pandemia de covid-19.

Según recogió El Mercurio, el municipio quería declarar inaplicable e inconstitucional el artículo 8º, inciso primero, de la Ley Nº 19.300, que exige una evaluación de impacto ambiental para ejecutar y modificar proyectos.

La decisión fue acordada el jueves por siete magistrados que estuvieron por el rechazo. Los ministros Cristián Letelier y Miguel Ángel Fernández estuvieron por acoger parcialmente, mientras que Iván Aróstica fue del parecer de acoger el requerimiento en su totalidad.

Ahora será el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia y con jurisdicción de Ñuble a Magallanes, la instancia que deberá pronunciarse sobre una reclamación de ilegalidad, con la que la unidad vecinal intenta impedir que siga ejecutándose la operación transitoria de Puntra El Roble, por el tiempo de la Alerta Sanitaria producto de la pandemia del covid-19.

Además, toda la provincia de Chiloé también tiene vigente otra Alerta Sanitaria, dictada en abril de 2019 y renovada varias veces, fundamentalmente porque la comuna de Ancud no tiene un lugar definitivo para la disposición de sus desechos domiciliarios, tras el cierre del vertedero municipal de Huicha.

El jueves último se realizaron los alegatos entre las partes ante el TC. La municipalidad estimaba que el precepto impugnado infringiría el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, por la posible paralización de la operación transitoria de Puntra El Roble. Según el consistorio, esto pone en grave riesgo la vida e integridad física de los chilotes, por cuanto la disposición final de los residuos se vería obstaculizada, propiciando la acumulación de basura en la vía pública.

La prensa nacional adicionó que el requirente también alegó la inconstitucionalidad por el artículo 19 N° 8 de la Constitución -derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación-, porque la paralización del funcionamiento transitorio del recinto provocará que se acumulen en la vía pública basura sin recibir un tratamiento para su disposición final.

La Municipalidad de Ancud también postuló en su exposición que se conculca el derecho a la protección de la salud, pues la paralización puede provocar "una grave crisis sanitaria en la comuna de Ancud y la provincia de Chiloé, en un contexto especialmente complejo, producto de la pandemia covid-19".

"Se debe recordar que este es el segundo cronograma que presentan, porque a mediados del 2020 la superintendencia le exige el ingreso al SEIA".

Emanuel Ibarra,, fiscal de la Superintendencia, del Medio Ambiente.

"Se deja en claro y en resuelvo de que efectivamente este vertedero se encuentra funcionando en la ilegalidad".

Diego Barahona,, presidente del Comité de Defensa Medioambiental, Chiloé sin Basura.