Leo Riquelme - Medios Regionales

T ras varios días de discusión interna y con organizaciones sociales y expertos, la oposición liderada por la presidente del Senado, Yasna Provoste (DC), entregó ayer a La Moneda su propuesta de "mínimos comunes" para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia de covid-19.

El documento de 13 páginas considera la creación de una Renta Básica Universal de Emergencia, pensada para entregarse inicialmente hasta septiembre y al 100% de los inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH).

En esto último coincide con la propuesta del Ejecutivo, que ofreció extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a ese mismo grupo, aunque difieren sustancialmente en los montos.

Mientras el planteamiento gubernamental inicial es de mantener los $100 mil, la solicitud opositora es en base a una escala que se funda en la línea de la pobreza más otros antecedentes y gastos probables. Eso implica partir con la entrega de $229.061 cuando el beneficiario es una persona. De ahí, establece $372.111 para familias de dos personas; 494.238 pesos cuando son tres; $604.495 para cuatro; $706.692 para cinco; $802.892 para seis; $894.375 para siete; $982.006 para ocho; $1.066.402 para nueve, y $1.148.025 para diez.

Considerando que los beneficiados serían cerca de 15 millones de personas, expertos estimaron el costo de la renta en US$3.790 millones mensuales. Para financiarlo la oposición propuso una serie de medidas tributarias.

Para ayer se esperaba que Chile Vamos entregara su propuesta de "mínimos comunes".

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que esperarán ese documento para iniciar el análisis de medidas que impliquen proyectos. "El Gobierno está dispuesto a revisar lo que haya que revisar (...). Nos vamos a tomar el tiempo necesario para hacer una buena propuesta", afirmó el secretario de Estado.

"El Gobierno está dispuesto a revisar lo que haya que revisar (...). Nos vamos a tomar el tiempo necesario para hacer una buena propuesta".

Ministro Rodrigo Cerda.

La evasión de un peaje en Lampa por parte del conductor de un bus llamó la atención de los fiscalizadores de Salud y la PDI, que comenzaron a pesquisar a la máquina hasta ubicarla en la comuna de Til Til, en la zona norte de la Región Metropolitana.

La revisión concluyó que el vehículo venía desde Iquique, Tarapacá, desde donde transportaba a 58 extranjeros indocumentados, incluyendo 11 niños.

Según informó la policía civil, los migrantes ingresaron por pasos ilegales y algunos de ellos comentaron que pretendían desempeñarse en labores agrícolas en la zona.

A los pasajeros les realizaron exámenes PCR y fueron derivados a una residencia sanitaria hasta definir su situación legal.

El Séptimo Tribunal Oral de Santiago condenó ayer a un adolescente de 17 años por el delito de incendio de la estación Pedrero de la Línea 5 del Metro de Santiago, pero absolvió de ese mismo cargo a su tío, Daniel Morales, de 35 años, a quien la Fiscalía acusaba de participar en los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019, en el inicio del estallido social.

El joven fue detenido en noviembre de ese año, un mes antes que su familiar. A fines de 2020 un juicio oral los había absuelto a ambos, pero un recurso de la Corte de Apelaciones ordenó la realización de un nuevo libelo. Ayer, al leer el fallo la jueza Bernardita González dijo que las pruebas contra el adolescente confirmaron "su plena autoría en el delito de incendio", algo que no fue corroborado con el tío.