Pedro Bárcena González

Acogiendo parcialmente los argumentos entregados por la Defensoría Penitenciaria, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió en las últimas horas revertir el traslado de unidad penal de dos de los seis internos involucrados en la preparación e ingesta de un combinado de alcohol gel dentro de la cárcel de Castro, por los cuales se interpuso un recurso de amparo.

La decisión fue tomada después del análisis del requerimiento en favor de los condenados que fueron remitidos al Complejo Penitenciario Alto Bonito de la capital regional a fines del mes pasado. Ocho reos se vieron implicados en este incidente (por dos no se recurrió) al interior del dormitorio N°7 del Centro de Detención Preventiva (CDP) castreño, siendo derivados de penal como medida de seguridad.

Tal como expusieron los ministros en su dictamen se reconocieron los antecedentes en beneficio de Luis Jara y Williams Aguilar. Con respecto al primero, indicaron que su participación en los hechos "no se encuentra suficientemente establecida", según los datos aportados por Gendarmería que fundamentaron la sanción. Es más, añaden que las conclusiones sancionatorias se contradicen con el acta presentada.

En tanto, por el otro sentenciado la sala estima que su traslado "significa un riesgo para su seguridad individual", pues habría sufrido amenazas al interior del recinto puertomontino. Asimismo, informaron que "por dicho amparado no consta haber recibido por parte de Gendarmería alguna sanción, por lo que su traslado se advierte como injustificado".

Por su parte, con relación a los otros cuatro reclusos, los sentenciadores acogieron los fundamentos penitenciarios, explicando que las razones del traslado son "justificadas", concluyendo que la decisión "no adolece de arbitrariedad ni ilegalidad".

Como balance de este fallo, la defensora penitenciaria Fernanda Martínez señaló que "la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió parcialmente el recurso de amparo presentado resolviendo que dos de los internos volvieran al penal de origen, en Castro, por considerar que la resolución que ordena el traslado no fue debidamente fundamentada".

Asimismo, la abogada remarcó que la medida impuesta atenta contra la libertad personal y la seguridad individual de los reos. Incluso, añadió que esta disposición afecta el arraigo familiar que considera fundamental para su proceso de reinserción social.

Impacto

Justamente, dentro de ese último marco, una pariente directa de uno de los amparados, quien no entregó su identidad para evitar alguna represalia, detalló el impacto de estas derivaciones al continente.

La vecina apuntó que "muchos no tenemos los medios para viajar a Puerto Montt, además perdí mi trabajo ahora en pandemia". Añadió que las condiciones e interacción con la población penal son diametralmente diferentes entre ambos penales.

"Acá en Castro podemos visitar a los chicos una vez al mes por 45 minutos, allá (Alto Bonito) no se permiten las visitas. Además, podemos tener una llamada con ellos una vez a la semana, mientras que en el otro lado solo tenemos la información que nos entregan los gendarmes", confesó la isleña.

Es más, la fuente no dudó en calificar el CDP castreño como "un hogar" con respecto al complejo, "donde pueden estar en peligro constante y se pierde todo lo que han hecho para su rehabilitación. Cuando llegan allá vuelven a cero en todo lo que es conducta que los ayuda a optar a beneficios".

27 de abril fue el traslado de penal de los ocho reclusos implicados.

43 y 29 años tienen los reos a los cuales se les acogió el amparo.

En dos operativos realizados en las últimas horas por la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Quemchi, se incautaron mil 150 kilos de especies marinas.

550 kilos de erizos fueron decomisados en el primer dispositivo que se concentró en el golfo de Ancud. Así lo detalló el teniente Daniel Ramírez, jefe de operaciones de la Gobernación Marítima de Castro, añadiendo que el ilícito quedó al descubierto cuando los funcionarios navales fiscalizaron la nave menor Mimi, con matrícula castreña y dos tripulantes en su interior.

"Se detectó que tanto el buzo extractor como la embarcación no contaban con Registro Pesquero Artesanal (RPA)", indicó el oficial.

Por su parte, el segundo procedimiento se enfocó en el canal Caucahué, sector Huite. "La patrulla fiscalizó a la nave menor Centro Mar II, matrícula de Calbuco, también con dos tripulantes a bordo, que transportaba 600 kilos de recurso cholga, sin RPA del buzo extractor", añadió el uniformado.

Citación

En ambos casos se dio cuenta de los hechos al Juzgado de Letras de Castro, que dispuso la incautación de los productos y entrega a los infractores en calidad de depositarios provisionales por infringir la Ley de Pesca y Acuicultura. Quedaron citados al tribunal en julio.

Asimismo, ambos patrones de las naves fueron citados a la Fiscalía Marítima de la Capitanía de Puerto de Quemchi por quebrantar la normativa marítima.

Finalmente, el teniente Ramírez enfatizó que este tipo de operativos se llevan a cabo con el objetivo de mantener la sustentabilidad de los recursos. Una serie de acciones que se enmarcan en el área de misión de Seguridad e Intereses Territoriales de la Armada.