Se querellan por homicidio culposo por muerte de chonchino debido al covid-19
Viuda acusa falta de servicio ante la frustrada derivación del paciente.
Apuntando a negligentes actuaciones médicas, la cónyuge del chonchino que se convirtió en la quinta víctima fatal de la provincia producto del covid-19, se querelló por cuasidelito de homicidio contra quienes resulten responsables de su deceso. Un requerimiento que espera ser analizado por el Ministerio Público y por el cual se invocaron a lo menos cinco diligencias específicas.
La madrugada del 25 de octubre pasado falleció Juan Carlos España Leiva (43), en el Hospital de Castro, después de sufrir un paro cardiorrespiratorio asociado al rápido y feroz impacto del coronavirus, que apenas nueve días antes se le detectó con PCR positivo. Por ocho días estuvo internado en el Augusto Riffart, sin ser derivado a una atención especializada.
Justamente, Yasna Vera, remarcó lo que califica como una "tardía y deficiente" actuación de los profesionales sanitarios del recinto castreño, lo que habría gatillado la muerte de su esposo. Una situación por la que emprendió acciones legales en busca de justicia.
Con el patrocinio del abogado Julio Álvarez, la dueña de casa dedujo ayer este recurso criminal vía remota con el Juzgado de Garantía de la capital chilota.
"Esta querella es más que nada por la falta de servicio hacia el paciente, en este caso mi marido. Creemos que podía haberse salvado, pero por demora en el traslado, que esperábamos que sería inmediato, se produjo su fallecimiento", enfatizó la viuda.
Según detalló en el libelo, ya el 20 de octubre el chilote comenzó a padecer síntomas graves de la enfermedad, por lo que un día después fue conectado a ventilación mecánica.
Incluso, en un comunicado del hospital, se informó que el paciente "hace una falla respiratoria catastrófica, asociada a una falla orgánica múltiple, por lo que el viernes 23 es presentado al Comité Nacional de Terapia de Rescate con ECMO, tecnología que permite la oxigenación de la sangre fuera del organismo".
La vecina insistió en la tardanza en la derivación de su esposo para optar a este mecanismo. "Después del tercer día de hospitalización, me llamaron para la autorización de traslado. Se supone que estaba todo listo en el Hospital Clínico de la Universidad Católica y luego en el Higueras de Talcahuano, que le iban a hacer unos exámenes y listo, pero esto nunca fue así", consignó.
Asimismo, la fuente reprochó la escasa información que le entregaron desde el recinto asistencial durante las dramáticas jornadas en que su ser querido se debatía entre la vida y la muerte. Es más, aclaró que "nunca me avisaron cuando falleció, me entero por terceros".
En espera de la admisibilidad del recurso se encuentran los juristas que asesoran a la querellante, dentro de un caso que tildan como muy grave.
Como especificó Julio Álvarez, si Juan Carlos España "hubiese vivido en otra parte, no en Chiloé, se hubiese salvado, pues habría podido ser llevado a un lugar donde está la máquina ECMO que no está presente en la provincia ni la región". Agregó que "acá ocurrió una desgracia que causó un perjuicio tremendo a la familia".
Bajo ese contexto, el jurista puntualizó que existe una responsabilidad penal. "Esperamos que se investigue, para posteriormente entablar una demanda civil contra el Estado por indemnización de perjuicio por el daño moral provocado. Creemos que debe existir una sanción", sostuvo.
Discriminación
Por su parte, Ignacio Álvarez, quien también asesora a la vecina, explicó que con esta acción no se está atacando a los funcionarios de la salud. Lo que se busca dejar claro es la obligación de cuidado con los pacientes.
"Valoramos los esfuerzos de la primera línea dentro de la pandemia. Pero acá hay un tema estructural en materia de salud, en la disposición de máquinas. Por eso, queremos terminar con esta discriminación que se origina con la centralización de recursos en el área de salud", concluyó el abogado.
Diligencias
En el texto, la querellante remarca que el personal del Hospital de Castro y del Ministerio de Salud actuaron "con una clara imprudencia temeraria que llevó a la muerte de Juan Carlos España". Para acreditar este escenario, los abogados invocaron como diligencias el despacho de una orden de indagar a la Policía de Investigaciones; la toma de declaración a todos los médicos que hayan intervenido o atendido a la víctima en el Augusto Riffart; que se oficie al Servicio de Salud Chiloé para informar si existe algún sumario administrativo por este caso, y por qué no se pudo trasladar al paciente. Además, solicitaron la remisión de la ficha clínica del vecino y de los protocolos de actuación profesional en el contexto de coronavirus.