Diego Gotelli C. - Medios Regionales

Sin saber qué se podría esperar, a las 14:30 horas de un viernes de abril Maritza Solís inició un viaje que le cambiaría su vida. Tras cuatro años de búsqueda incesante, finalmente había dado con la huella de un pariente cercano de sus padres biológicos, a quienes nunca conoció tras ser dada en adopción recién nacida.

El rastro la llevó a una casa cercana de Puerto Montt, Región de Los Lagos. Ilusionada tocó la puerta y la recibió una mujer, quien creía era hermana de su madre. En un diálogo que recuerda casi de memoria le contó de su búsqueda, que por el rastreo genético creía que ella conocía a sus padres, que sabía que tuvo un hijo en una fecha similar a su madre y que vivieron en la misma localidad. Le aseguró que no sentía rencor, que solo quería abrazar a su madre tras una vida sin verla. Al terminar, la mujer la miró y le dijo "hija, no busques más porque yo soy tu mamá".

"Fue un momento tremendamente hermoso. Era feliz. Ella me abrazaba, me pedía perdón, me decía que lo único que esperaba era que yo algún día llegara a tocar su puerta. Y eso hice, toqué su puerta", cuenta Maritza, hoy de 48 años, casada y con hijos.

La última vez que se habían visto fue cuando la mamá de Maritza la entregó de bebé a una familia adoptiva, convencida por una asistente social y una paramédico del Hospital de La Unión, Región de Los Ríos, donde nació. Según narran, ellas manipularon a la madre soltera dado su nivel de vulnerabilidad, pues en el parto se mostró temerosa por su futuro.

Recién a los 12 años Maritza supo de su adopción y una década después buscó a sus padres, sin éxito. En el 2017 retomó su pesquisa y detectó irregularidades en el proceso, como que en el Registro Civil figuraba que ella nació en la casa de su familia adoptiva, registrada con testigos falsos.

Al igual que Maritza, la PDI ha recibido 404 denuncias de adopciones irregulares que ocurrieron entre las décadas de los '60' y '90 en Chile, en una causa que cumple dos años abierta y que en total está indagando 673 procesos fraudulentos de entrega de niños a otras familias, aunque a diario las denuncias suben.

Roberto Gaete, comisario de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, lidera la indagatoria en el proceso que encabeza el juez Jaime Balmaceda. Cuenta que una práctica recurrente fue la extracción de niños con "engaños" de asistentes sociales, que hacían firmar documentos a las madres para dejar al recién nacido en custodia de guardadoras, quienes luego las daban en adopción, enviando a varios bebés al extranjero.

También se indagan casos en que las madres fueron informadas de que su hijo murió al nacer, pero nunca lo pudieron corroborar.

"Eran madres vulnerables. Estamos hablando de mujeres jóvenes, de entre 15 y 17 años, solas, carentes de apoyo familiar y sin capacidad económica para poder mantener a sus hijos", relata el comisario.

La indagatoria ha arrojado nombres que se repiten. Entre los indagados hay captadores que buscaban madres vulnerables cuando entraban a dar a luz, matronas, religiosos e incluso jueces que autorizaron salida al exterior de niños sustraídos para ser adoptados.

"No hay una sola organización detrás de esto", asegura Gaete. Los antecedentes apuntan a que habrían redes paralelas encargadas de enviar menores a un país determinado de Europa, y por ahora no se ha podido determinar una vinculación entre ellas, aunque la PDI sospecha que sí se comunicaron dada las coincidencias en su modo de actuar.

Entre los países destino de los niños adoptados se repiten Suecia, Italia, Francia, Bélgica y Holanda, además de Estados Unidos y otros que se entregaron dentro de Chile.

Más allá de la justicia

En paralelo a la indagatoria policial, los afectados han iniciado sus propios grupos de búsqueda para dar con sus parientes extraviados.

Marisol Rodríguez es una de esas buscadoras. Por dos décadas ha rastreado a una posible hermana que a su madre le dijeron que murió en el parto, pero cuyo cuerpo nunca fue entregado, lo que le despertó sospechas sobre lo que realmente ocurrió dentro del Hospital J. J. Aguirre, Santiago, aquel invierno de 1972.

Su búsqueda la llevó a conocer más personas en su situación y en 2014 a cofundar la agrupación Hijos y Madres del Silencio, dedicada a reencontrar familias separadas por adopciones irregulares.

El grupo tiene un catastro de más de 25 mil personas que buscan a parientes y han logrado reconstruir rutas y direcciones que se repiten entre las denuncias que les llegan.

"Había comunidades donde las asistentes sociales se llevaban a todos los niños en edad de ser adoptados. Los pedían a la carta", afirma.

La agrupación ha concretado 230 reencuentros, de los cuales al menos 60 han sido virtuales con hijos que esperan el fin de la pandemia para viajar a Chile. La búsqueda la realizan voluntarios y genetistas, apoyados por test de ADN que encargan en Estados Unidos y que rastrea parientes de hasta la quinta generación en bases de datos de todo el mundo.

Así fue como Solís recibió su emparejamiento hace un mes con una prima en Francia. El rastreo genético la llevó a la parte chilena de su familia, otorgándole la dirección de Puerto Montt, donde vive su mamá que está a 10 minutos de distancia de su casa.

"Yo trabajé en el retail muchos años. Nos debemos haber topado más de alguna vez, cruzamos palabras (con su mamá biológica) y sin saberlo", señala.

Solís hoy lidera las búsquedas en las regiones del sur y hay historias que la han marcado, como una abuela que corrió detrás de un avión cuando se llevaban a su nieta o una mujer que una avioneta ambulancia se llevó a su bebé y nunca la volvió a ver. "Hay casos terribles", cierra.

"Hay mamás que no saben que su hijo puede estar vivo. Les dijeron que murió pero no vieron el cuerpo".

Marisol Rodríguez, de, Hijos y Madres del Silencio.

"Las afectadas eran madres vulnerables, de 15 a 17 años, solas, carentes de apoyo y de capacidad económica".

Roberto Gaete,, comisario de la PDI.