Pedro Bárcena González

A la espera del análisis de los informes del recurrido se encuentran las causas derivadas de los sendos recursos de protección interpuestos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Los Lagos contra la Gobernación de Chiloé. Dos requerimientos en favor de una joven colombiana y una familia venezolana, que solicitaron refugio en la provincia sin que se diera curso a este proceso.

Estas son las primeras acciones legales de este tipo que encabeza el organismo en Chiloé, en virtud de lo que acusan como una "desigualdad" ante la ley de estas personas, a quienes se les habría denegado el ingreso al procedimiento de asilo correspondiente por parte de la sede del Ejecutivo insular.

Ambos casos, como se exponen en los recursos, reflejan una grave situación de vulnerabilidad en sus respectivos países, que los obligó a escapar para poner en resguardo sus vidas.

Con respecto a la mujer de 27 años, cuando vivía en la ciudad de Pereira, habría sido acosada sexualmente por un sujeto vinculado a bandas criminales. Tras denunciarlo y al ser encarcelado este hombre, empezó a recibir amenazas de muerte que la obligaron a viajar y pedir asilo en España. Al no prosperar, en febrero de este año llegó a la casa de su hermana en Castro.

Por su parte, el venezolano jefe de familia de 47 años, cuando trabajaba en el estado de Zulia, detectó que armamentos que tenía a su administración fueron destinados a colectivos que se encargaban de confrontar las movilizaciones públicas detractoras a Nicolás Maduro. Incluso, al negarse a entrenar a grupos especiales comenzó a ser amenazado. Por ello, huyó junto a su familia hasta Ancud, donde vive uno de sus hijos.

Obligación

De acuerdo a lo señalado por el titular del INDH en la región, Mauricio Maya, los requerimientos interpuestos son del mismo tenor, enfatizando como sustento que "la obligación del Estado, en este caso la Gobernación, es darle curso al procedimiento de refugio".

Como detalló el sicólogo, ni la Gobernación ni la Policía de Investigaciones en frontera debieran hacer una preadmisibilidad, evaluar la situación antes de iniciar el proceso de asilo, en el cual se le entrega un formulario a la persona, en el cual después se resuelve tal condición por parte de la Subsecretaría del Interior.

Aclaró el personero que un refugiado no es lo mismo que un migrante, puesto que no llega voluntariamente a otro lugar, sino que sale de su país de origen puesto que está siendo perseguido políticamente o escapa de una dictadura o peligra su vida gravemente por un conflicto. "Para ellos, las fronteras nunca pueden estar cerradas", consignó.

Insistiendo en la alta vulnerabilidad de estas personas, Maya explicó que en el recurso "pedimos que se dé curso al proceso, que se reciban sus solicitudes (de asilo) y se tramiten, después la autoridad según sus atribuciones dirá si estas personas son o no refugiados. Nosotros no hacemos un juicio al respecto, sino que pedimos que se les dé la opción de iniciar sus procesos".

Asimismo, el profesional resaltó que la diferencia en ambos casos radica en que la familia venezolana ingresó a Chile por una zona clandestina, en Colchane, Región de Tarapacá. "La respuesta que les dieron es que por ingresar por este paso no habilitado no pueden pedir refugio, pero esto no se encuentra estipulado en la normativa", concluyó.

En tanto, desde la Gobernación de Chiloé se informó que no se pueden referir a los casos por un principio de confidencialidad por el marco de refugiados que se está analizando y por el cual deben remitir antecedentes a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, tal como se estipuló al ser declarados admisibles estos recursos de protección.

En libertad y a la espera de medidas cautelares que hoy se analizan en el Juzgado de Garantía de Castro, quedó un joven sindicado como responsable de una furiosa embestida que incluyó una agresión a su madre. La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de amparo en su favor, dejando sin efecto su internación provisional.

Personal de Carabineros de la Segunda Comisaría castreña detuvo en el sector alto de la ciudad al joven de 24 años, después que sufriera "una descompensación" por sus problemas siquiátricos, como aclaró su progenitora. Fue puesto a disposición de la justicia por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas, daños (pedradas a vehículos) y lesiones leves (a un vecino).

Junto con acreditarse la legalidad del operativo policial, en la audiencia virtual el defensor Nelson Troncoso solicitó la suspensión del procedimiento penal, en virtud de un informe del Hospital de Puerto Montt del 5 de febrero del 2020, el que indica que el sujeto padece "daño orgánico cerebral, epilepsia y trastorno orgánico de la conducta". Incluso, el encartado estuvo hospitalizado desde agosto de 2019 a diciembre del 2020.

Más allá de estas pericias y acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la magistrada Jésica Yáñez decretó la internación provisional, quedando el joven a la espera de un cupo para ser internado en un recinto siquiátrico. Una determinación que llevó al defensor a recurrir al tribunal de alzada.

"No se puede imponer una medida de este tipo mientras no exista formalización. Además, no hay un informe que establezca que mi representado es un peligro para sí o para terceros", indicó el abogado, insistiendo en su recurso que la resolución de primera instancia "es ilegal" y vulnera "la libertad personal del amparado".

Dictamen

Estos argumentos fueron acogidos por los ministros de alzada, quienes descartaron la internación provisional, quedando al joven al cuidado de su madre, que paradójicamente es víctima en esta causa. "No tiene otra red de familiares o cercanos", remarcó Troncoso sobre el encartado.

Además, se instruyó al Servicio Médico Legal de Puerto Montt realizar una evaluación al oriundo de Tomé (Región del Biobío), quien hoy se debe presentar a audiencia junto a su mamá, quien es su curadora ad litem, para conocer qué precautorias tendrá que cumplir mientras se evacue el informe pericial.