Pedro Bárcena González

Con el objeto de ver disminuida la pena en su contra, tres agricultores reconocieron sus responsabilidades en la sustracción de 13 corderos desde un predio emplazado en el sector de Yaldad, comuna de Quellón. Una causa que estuvo vigente casi 19 meses y que finalizó en las últimas horas en un procedimiento abreviado.

En audiencia remota con el Juzgado Mixto porteño, los encartados de iniciales C. A. V. M. (59), C. A. B. B. (49) y M. R. V. L. (39) aceptaron los antecedentes de la carpeta investigativa, que daban cuenta de su irrupción en este fundo durante la jornada del 18 de noviembre del 2019 para apoderarse de los animales destinados a reproducción. Por ello, fueron condenados por el delito de abigeato.

Tal como expuso la fiscal jefa de Quellón. Karyn Alegría, la dinámica del ilícito da cuenta que los encartados "concurrieron a un predio, previamente concertados, y premunidos de una llave verdadera abrieron un portón. A bordo de una camioneta sustrajeron desde este lugar diversos corderos de propiedad del dueño de este terreno".

Escenario penal

Durante la vigencia de la causa se exploró una salida alternativa. Sin embargo, la víctima se negó a un eventual acuerdo reparatorio. De esta forma, las pesquisas policiales continuaron recabando información que acreditó la participación de los imputados.

Ante la proximidad de un eventual juicio oral, en el cual algunos de los isleños sindicados como autores de este delito arriesgaban penas cercanas a los 3 años de presidio, incluso hasta de carácter efectivo, decidieron admitir su vinculación a los hechos.

Bajo este escenario, los tres acusados accedieron a un abreviado, en el que fueron sentenciados a la pena de 541 días de presidio. Como explicó el defensor Mauricio Díaz, quien representó al menor de los implicados, esta conclusión judicial fue favorable.

"(Su condenado) Recibió la remisión condicional de la pena por el mismo tiempo, como también una multa de 2 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)", detalló el abogado.

Por su parte, el otro defensor penal, Rodrigo Zamorano, quien asesoró al quemchino de 49 años, manifestó que este campesino recibió la pena sustitutiva de reclusión nocturna durante los fines de semana por el mismo lapso de 541 días. Igual fue sancionado a multa, pero de 6 UTM, la cual fue conmutada por 144 horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

"Se cuestionó durante la audiencia la pena que se le estaba pidiendo a mi representado, que era de 2 años de presidio. Yo insistí en los 541 días, lo cual fue confirmado (por el magistrado Pablo Farfán)", detalló el profesional.

Este fallo dejó conforme al jurista, en especial "porque arriesgaba pena privativa de libertad ante un eventual juicio oral", al tener antecedentes penales anteriores, incluso por delitos de la misma naturaleza. Hasta reincidencia específica podría haber invocado el Ministerio Público, lo cual no se concretó.

Finalmente, el tercer encartado fue defendido por un abogado particular, Gabriel Castillo, accediendo a similares sanciones.

Como puntualizó el juez, el mayor de los imputados recibió la pena de reclusión nocturna domiciliaria por el mismo plazo impuesto. Además, el ancuditano deberá pagar una multa de 6 UTM en parcialidades.

312 mil pesos fue la multa que se aplicó a dos de los condenados. El otro pagará $104 mil.

50 días se decretaron para indagar cuando fue formalizada la causa en diciembre del 2020.

La Comisión Familia de Acogida Especializada (FAE) de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con alcances en Chiloé, realizo una nueva sesión que convocó a jueces, consejeros técnicos y directores de los seis programas relacionados a la materia en la región, con el fin de fortalecer el control y las visitas a estos grupos que albergan a los menores con medidas de protección.

La reunión se realizó de manera telemática y fue presidida por el ministro (s) y encargado (s) de asuntos de familia del tribunal de alzada, Moisés Montiel, como parte del trabajo que desarrolla la Mesa Técnica Interinstitucional en materia de Familia que impulsa el Poder Judicial.

A su vez, los encargados de los FAE de Ancud y Castro se sumaron a la iniciativa, destacando el trabajo en beneficio de esta población vulnerable. Además, se solicitó a los mismos directores de estos programas dar cuenta de la metodología de intervención que han desarrollado durante la pandemia, de manera telemática o presencial.

La coordinadora regional del Programa "Mi Abogado", Marissa Aburto, quien es parte de esta comisión, indicó que se encuentran "con un 100% de cobertura y sin cupos". En cuanto al FAE, actualmente están representando un total de 259 medidas de protección, de las cuales 19 corresponden al organismo de Ancud y 47 al de Castro.

A su vez, en lista de espera, sin designación por falta de cupo, se encuentran dos medidas de protección derivadas del Juzgado de Familia de la capital chilota.

La Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Puerto Montt fue reconocida a nivel nacional mediante la entrega del Premio a la Excelencia en la Investigación Criminal, esto a raíz de la operación desarrollada en 2020 denominada "Bancolombia". Se trata de una indagación por los delitos de asociación ilícita, usura y lavado de activos desarrollada por cerca de dos años, con la cual se logró descarticular una organización liderada por colombianos que operaba en el sur de Chile, como en Ancud y Castro, mediante préstamos bajo la modalidad del "gota a gota".

El jefe de la Brianco Puerto Montt, Jaime Orellana, destacó que el premio "es un hito para esta unidad, pues es el mayor logro que ha tenido a lo largo de su historia, cuya concreción se debe al trabajo en equipo, esfuerzo, compromiso y profesionalismo de todos los integrantes de esta unidad".