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Tras la debacle jurídica, apuntan a reactivar reconstrucción de iglesia

La comunidad ancuditana espera agilizar las gestiones para un nuevo templo San Francisco.
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Pedro Bárcena González

Ante los alcances jurídicos del sobreseimiento definitivo de la causa por el incendio que destruyó la Iglesia San Francisco de Ancud y parte de la casa parroquial, que se concretará este miércoles en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro, la comunidad local no solo lamenta que este gravoso delito quede impune ante falencias indagatorias, sino que ahora apunta a agilizar la reconstrucción del templo.

Tanto la pandemia como la tradicional burocracia han impedido materializar obras concretas. Sin embargo, los actores que están analizando este tema coincidieron que se está trabajando para sacar adelante la iniciativa.

Así lo señaló Patricio Álvarez, director ejecutivo de la Fundación de la Iglesias Patrimoniales (FIP) de Chiloé, quien explicó que durante la contingencia del covid-19 difícil ha resultado congregar a todos los intervinientes y buscar los fondos necesarios.

"La fundación desde el primer momento, desde que estuvo en Ancud la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, tras el incendio (llegó el 23 de enero del 2020, un día después del siniestro), nos pusimos a disposición con todos los estudios, la planimetría, los antecedentes necesarios para avanzar en un diseño, pero no se ha logrado concretar", explicó el ingeniero comercial.

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Igualmente, el profesional reveló que las últimas conversaciones apuntan a la voluntad de la autoridad política para conseguir la inversión en un mediano plazo.

"Esperábamos esta nueva institucionalidad del gobernador regional, puesto que parte de los fondos que se financian en el patrimonio, la mitad proviene del GORE y la otra por la Subdere. Esperamos a las nuevas autoridades y que sientan esta situación con sentido de urgencia, ya que no solo se trata del patrimonio cultural, sino también que este patrimonio es fundamental en el turismo en Chiloé, incidiendo en la reactivación económica. Por lo tanto, hay un factor social también", detalló.

Dentro de los próximos pasos, la fuente remarcó que se aguarda por el avance de la comuna del Pudeto en el Plan Paso a Paso. "Al pasar de fase pretendemos hacer una participación ciudadana con la comunidad para ver qué es lo que quieren en cuanto a la reposición, las formas de financiamiento, ver lo que es posible. Eso lo comunicaremos al Gobierno. Ese es nuestro compromiso", advirtió Álvarez.

Por su parte, el sacerdote Álex Gallardo, quien es el titular de la parroquia El Sagrario que se vio afectada por el siniestro, reconoció que se debe retomar el trabajo con los fieles y los vecinos en general para sacar el proyecto.

"Tenemos que trabajar con la comunidad, pero sabemos que al ser la iglesia un Monumento Nacional (categoría de Monumento Histórico, declarado en agosto del 2019), no es llegar e intervenir. Con apoyo del Estado esperamos llegar a reconstruirla", consignó el religioso.

Junto con describir que su parroquia incluye a 24 comunidades católicas de Ancud, el presbítero insistió en que "la ministra de las Culturas manifestó su respaldo para los estudios, los sondeos sociales que lleven a levantar el templo. Esperamos que con el próximo Gobierno se encamine algo más concreto, hay que considerar también que la pandemia ha afectado el despliegue".

Antecedentes

En tanto, desde la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como también desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en Los Lagos, informaron que se han desarrollado reuniones semanales con la FIP llegando a una serie de acuerdos.

"Con relación a la propuesta de estimación de costos del diseño de reconstrucción del Monumento Nacional (MN), se analizó que deben realizarse acciones de participación ciudadana para definir las obras del proyecto de reconstrucción en concordancia con la comunidad (trabajo que debe realizar la FIP). Se indica que el concepto de comunidad debe considerar a las y los actores que formaron parte de la gestión de declaratoria de MN y ampliarla a actores locales pertinentes", esgrimieron.

También aclararon desde estos organismos que la participación ciudadana "deberá considerar lo indicado en la Ley 20.500 referido a la participación de la sociedad civil en las iniciativas de interés público, buscando las condiciones y facilidades para la intervención de la mayor cantidad de actores relevantes del territorio".

Otro punto en espera es un encuentro con el Comité de la Iglesia San Francisco, que no se realizado por aforos en pandemia, para informar el estado de la gestión del proyecto. Igual se pretende convocar al municipio local.

"Con apoyo del Estado esperamos llegar a reconstruir la iglesia".

Álex Gallardo,, párroco de la Parroquia, El Sagrario de Ancud.

$40 millones fue la primera cifra que entregó la FIP para levantar el diseño arquitectónico de la iglesia siniestrada.

Inician campaña para reunir frazadas para vecinos vulnerables

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Ante las temperaturas bajo cero que se han registrado toda la semana, personal de la unidad Modelo Integración Comunidad Carabineros (MICC) de la Segunda Comisaría de Castro comenzó una campaña para reunir frazadas en favor de las personas en situación de calle que resisten como sea el frío de estas jornadas.

Como indicó el suboficial José Pinochet, titular de esta repartición, "hemos continuado con la entrega de los kits de alimentación, higiene y ropa, pero estamos cortos con el tema del abrigo. Necesitamos que nos apoyen con frazadas que se pueden donar en el mismo cuartel policial".

Además, el uniformado remarcó que los operativos de intervención a estos pobladores se están intensificando por el clima.

Mantienen prisión preventiva para imputado por crimen

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La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó la prisión preventiva para el imputado por un delito de homicidio perpetrado en Castro. Se trata del joven de iniciales M. S. V. S. (25) sindicado como el autor de la estocada que le perforó el corazón a Jean Manuel Castro Fernández (24), el 8 de diciembre pasado.

El defensor Nelson Troncoso apeló por esta cautelar, invocando el cambio por el arresto domiciliario total. Sin embargo, como explicó el querellante en esta causa, Álex Contreras, coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), "los ministros mantuvieron la medida por considerar que la libertad del joven es un peligro para la víctima y la sociedad".