Redacción

El diputado opositor Gabriel Ascencio (DC) indicó que está realizando una serie de acciones para establecer con "claridad" los montos que el fisco perdió en el extensa y complicada materialización del nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Chonchi, establecer responsabilidades y buscar los mecanismos para recuperar esos recursos, que según documentación a la que tuvo acceso el parlamentario, a lo menos, ascenderían a los 340 millones de pesos.

Tal consultorio fue entregado a la comunidad en diciembre del año pasado, "pero en su proceso de construcción fue bastante accidentado y, según algunos antecedentes que manejamos, no se hicieron todas las gestiones para recuperar los recursos que se pagaron a la empresa constructora que dejó las obras abandonadas, la que además recibió pagos por obras no ejecutadas y otras irregularidades que no solo dilataron más de la cuenta el proyecto, sino que significaron una enorme pérdida de recursos para el Estado", dijo el representante por el distrito 26.

A fines de 2016, el Servicio de Salud Chiloé terminó el contrato con la empresa Trimetal, la que se quedó sin dinero y llevaba un 86% de avance del recinto para la atención primaria. Antes, en 2013, la firma CVC abandonó las obras teniendo solamente un 33% de construcción del establecimiento por el que en 2011 se colocó la primera piedra.

Ascencio sumó que "hemos oficiado al contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto, y al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Peribonio Poduje, para que ambas intuiciones, según sus atribuciones, den curso a investigaciones en torno a la dificultades en la ejecución de las obras que el Servicio de Salud de Chiloé tuvo al levantar el Cesfam de Chonchi, pues hemos tomado conocimiento de un documento fechado en marzo de 2020 en el que el servicio de salud constató la existencia de obras pagadas no ejecutadas o defectuosas y retrasos en liquidación por término anticipado del contrato que tardó más de 3 años, con perjuicios fiscales que alcanzarían la suma de 340 millones de pesos".

De acuerdo al legislador por Chiloé, Palena y parte de Llanquihue, en tal escrito se reconocen irregularidades y se solicita investigar la responsabilidad por la "supervisión técnica y administrativa del contrato, el pago de obras no ejecutadas y la extrema dilación del proceso de liquidación por término anticipado del contrato".

otros casi 500 millones

Además de los 340 millones en perjuicios al fisco, se denuncia que los descuentos por obras pagadas no ejecutadas alcanzaron los 499 millones de pesos, "casi un quinto del presupuesto considerado para las obras del cesfam" y que el total de descuentos informados por diversos ítems, que no se desglosan, fue de $657 millones.

"Acá lo que se observa a todas luces es la existencia de graves negligencias administrativas y la falta de supervisión sobre las obras ejecutadas por la empresa, que no solo han significado un enorme perjuicio fiscal, sino que en su momento significaron la postergación de un anhelado proyecto", recalcó Ascencio, quien no descartó la realización, por parte del organismo contralor, de "un juicio de cuentas que determine la cuantía y responsabilidad administrativa del perjuicio fiscal".

"También he solicitado al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte de este proceso, pues, hasta donde hemos conocido, hay muchos recursos públicos que aún no se han recuperado", insistió el abogado.

Con una amplia mayoría (131 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones) se aprobó esta semana en la Cámara Baja el proyecto que establece que personas de un mismo género no podrán exceder el 60% del total de quienes integren directorios de empresas públicas. La iniciativa pasó al Senado.

El diputado Alejandro Bernales recordó que la idea de incorporar a las firmas privadas había sido planteada en la Comisión de Economía en el 2018.

"Me parecieron que eran ambos proyectos muy importantes de poner rápidamente en tabla y fue por eso que en la Región de Los Lagos, en las provincia de Chiloé, Palena, Llanquihue, pusimos este tema sobre la mesa y contamos a través de los medios de comunicación la importancia de que existiera paridad de género en los directorios de las empresas y de los distintos gremios, lamentablemente ese año, el 2018, esta propuesta lo que generó por parte del sector privado fue rechazo", mencionó el legislador por el distrito 26.

Analizando la zona, Bernales dijo que "por ejemplo, en SalmonChile son 15 personas en el directorio, los 15 hombres".

Una crítica a la determinación de otorgar urgencia al proyecto de matrimonio igualitario realizó el senador Iván Moreira (UDI), apuntando que el Presidente Sebastián Piñera durante la anterior campaña se comprometió con organizaciones religiones a no impulsar este tipo de iniciativas.

"El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y la naturaleza de este contrato de matrimonio viene dado por sus fines que histórica y legalmente son los de reproducirse y de acompañarse mutuamente. Con la definición de matrimonio no estamos buscando discriminar ni estigmatizar, simplemente respetar la naturaleza de un contrato, por lo que no es discriminación arbitraria cuando se busca igualar situaciones que no son iguales", indicó el oficialista.

Moreira reconoció que "efectivamente mis objeciones tienen un fundamento religioso, pero también legal. Los sectores que yo represento defienden con mucha fuerza la historia, la tradición, la convicción que proviene desde la fe cristiana; pero también tenemos argumentos legales para hacerlo".

El legislador por Los Lagos presentó 20 indicaciones al proyecto de matrimonio igualitario que por estos días es tema de discusión en la Comisión de Constitución del Senado, instancia en la que es analizada luego que desde el Ejecutivo se le entregara suma urgencia.