Ascencio oficia a entidades por recursos para cesfam
El diputado pide que el CDE y la Contraloría investiguen la "enorme pérdida de recursos para el Estado" que significó el extenso y accidentando proceso de construcción del Centro de Salud Familiar de Chonchi.
El diputado opositor Gabriel Ascencio (DC) indicó que está realizando una serie de acciones para establecer con "claridad" los montos que el fisco perdió en el extensa y complicada materialización del nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Chonchi, establecer responsabilidades y buscar los mecanismos para recuperar esos recursos, que según documentación a la que tuvo acceso el parlamentario, a lo menos, ascenderían a los 340 millones de pesos.
Tal consultorio fue entregado a la comunidad en diciembre del año pasado, "pero en su proceso de construcción fue bastante accidentado y, según algunos antecedentes que manejamos, no se hicieron todas las gestiones para recuperar los recursos que se pagaron a la empresa constructora que dejó las obras abandonadas, la que además recibió pagos por obras no ejecutadas y otras irregularidades que no solo dilataron más de la cuenta el proyecto, sino que significaron una enorme pérdida de recursos para el Estado", dijo el representante por el distrito 26.
A fines de 2016, el Servicio de Salud Chiloé terminó el contrato con la empresa Trimetal, la que se quedó sin dinero y llevaba un 86% de avance del recinto para la atención primaria. Antes, en 2013, la firma CVC abandonó las obras teniendo solamente un 33% de construcción del establecimiento por el que en 2011 se colocó la primera piedra.
Ascencio sumó que "hemos oficiado al contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto, y al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Peribonio Poduje, para que ambas intuiciones, según sus atribuciones, den curso a investigaciones en torno a la dificultades en la ejecución de las obras que el Servicio de Salud de Chiloé tuvo al levantar el Cesfam de Chonchi, pues hemos tomado conocimiento de un documento fechado en marzo de 2020 en el que el servicio de salud constató la existencia de obras pagadas no ejecutadas o defectuosas y retrasos en liquidación por término anticipado del contrato que tardó más de 3 años, con perjuicios fiscales que alcanzarían la suma de 340 millones de pesos".
De acuerdo al legislador por Chiloé, Palena y parte de Llanquihue, en tal escrito se reconocen irregularidades y se solicita investigar la responsabilidad por la "supervisión técnica y administrativa del contrato, el pago de obras no ejecutadas y la extrema dilación del proceso de liquidación por término anticipado del contrato".
otros casi 500 millones
Además de los 340 millones en perjuicios al fisco, se denuncia que los descuentos por obras pagadas no ejecutadas alcanzaron los 499 millones de pesos, "casi un quinto del presupuesto considerado para las obras del cesfam" y que el total de descuentos informados por diversos ítems, que no se desglosan, fue de $657 millones.
"Acá lo que se observa a todas luces es la existencia de graves negligencias administrativas y la falta de supervisión sobre las obras ejecutadas por la empresa, que no solo han significado un enorme perjuicio fiscal, sino que en su momento significaron la postergación de un anhelado proyecto", recalcó Ascencio, quien no descartó la realización, por parte del organismo contralor, de "un juicio de cuentas que determine la cuantía y responsabilidad administrativa del perjuicio fiscal".
"También he solicitado al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte de este proceso, pues, hasta donde hemos conocido, hay muchos recursos públicos que aún no se han recuperado", insistió el abogado.