Pedro Bárcena González

Ante el constante flujo de migrantes y los requerimientos que han surgido, incluyendo sendos recursos de protección para cursar trámites de asilo, se realizaron en la provincia reuniones de coordinación entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y representantes de la Gobernación de Chiloé y el municipio de Castro, vinculados a temas de extranjería.

El objetivo de los encuentros, como especificó el jefe del INDH en la región, Mauricio Maya, fue afinar los roles de cada organismo, potenciar los acercamientos de los mismos para constituirse en facilitadores con relación a las necesidades de este grupo vulnerable de la población.

Según el sicólogo, los temas en la sede del Ejecutivo en el Archipiélago se concentraron "en el trabajo que se está realizando en materias de refugio. Analizamos los últimos casos (de una joven colombiana y un jefe de familia venezolano), en los cuales presentamos recursos de protección y por los que desistimos, puesto que la Gobernación corrigió sus actuaciones y dio curso a los trámites de refugio de las dos personas".

Igualmente, la cita permitió pulir los alcances relativos a la atención de los foráneos que llegan en busca de asilo, en especial en el próximo escenario administrativo desde el 14 de julio. "Nos contaron sobre la organización de las labores una vez que asuman los gobernadores regionales y cuando se establezca el delegado provincial", agregó el personero.

Además, el trabajo de planificación se extendió a un encuentro con la Oficina de Inclusión Social y Asuntos Religiosos del consistorio castreño, que desde el 2018 se encuentra atendiendo a los extranjeros.

"Por el aumento de migración en la comuna, el municipio se ha visto en la necesidad de orientar a los migrantes en todos sus trámites de regularización, incluirlos dentro de la labor del municipio. Vimos la posibilidad de trabajo conjunto, nos han derivado casos de personas, particularmente de quienes solicitan refugio o tienen órdenes de expulsión vigente para nuestro análisis", acotó Maya.

Junto con enfatizar que al llegar más foráneos aumenta la presión en los servicios para cubrir sus requerimientos, el profesional destacó el esfuerzo y las gestiones para avanzar en esta área.

"La migración latinoamericana es un fenómeno que llega para quedarse. Por eso hay que informar, tratar que los migrantes pierdan el miedo a acudir a las instituciones por eventuales denuncias o que los deporten o pongan en la frontera", agregó.

Sumó la fuente que la idea es que los extranjeros acudan a estos organismos, "puesto que es un riesgo para el territorio que existan personas fuera del sistema, que hayan niños no vacunados, sin educación, sin alimentación escolar", concluyó el jefe del INDH Los Lagos.

En tanto, desde la Oficina de la Inclusión se informó que existe atención permanente a público migrante para apoyar sus trámites online, como la solicitud de citas y asesoramiento en el proceso de regularización migratoria, creación y revisión de correos, actualización de Registro Social de Hogares (RSH), revisión de su información en AFP, postulación a bonos y otras ayudas (a los que están en condición regular en la Isla).

Talleres

Igualmente, como reportó Camila Cárcamo desde el municipio castreño, esta repartición "realiza talleres de alfabetización en español para la comunidad haitiana, apoya a emprendedores con ferias, gestiona eventos culturales y también capacita a los funcionarios del municipio y salud municipal en cuanto a la temática migrante, para poder generar mejores atenciones".

A su vez, la encargada de relaciones públicas del consistorio consignó que entre los temas recurrentes que atienden se encuentra la falta de documentación chilena, empleos informales y necesidades de salud, principalmente entre mamás haitianas y cubanas.

4.466 visas fueron otorgadas entre 2017-2020 a extranjeros residentes en la provincia.

42% de quienes recibieron sus visas son mujeres, mientras que el 37% son venezolanos.

Con la participación de 60 funcionarios de los tribunales de Chiloé y la región se realizó la presentación de los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los operadores judiciales de sedes de Familia y Garantía, con el fin de identificar puntos críticos y las coordinaciones con otras instituciones que se deben reforzar, para asegurar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia.

La instancia fue promovida por el Comité de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Una de sus integrantes, la jueza Jacqueline Guerra, en representación de la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados Los Lagos, indicó que el instrumento "permitió conocer de forma más eficiente y participativa las visiones de los integrantes de la jurisdicción en esta materia y relevó la importante necesidad de aumentar la capacitación interna y sensibilización en materia de violencia de género".

Igualmente, la abogada sostuvo que es necesario "contar y asegurar que en nuestros tribunales existan espacios adecuados y protegidos para que las víctimas de violencia puedan ejercer sus derechos de la mejor manera".