La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de casación en la forma y anuló la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazó la demanda y, en sentencia de reemplazo, condenó a la Corporación Municipal de Castro por falta de servicio, al incumplir el establecimiento bajo su cargo con el deber de garante y protector de los alumnos.

El máximo tribunal ordenó al sostenedor a pagar una indemnización total de $30.000.000 por su responsabilidad en el maltrato escolar que sufrieron dos hermanos que cursaban enseñanza básica en la Escuela Rural Pedro Velásquez Bontes de Llau Llao.

En la sentencia (causa rol 104.397-2020), la Tercera Sala -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Mario Carroza y los abogados integrantes Enrique Alcalde y María Angélica Benavides- acogió el recurso de casación en la forma y anuló la resolución de la corte puertomontina que rechazó la demanda y, en sentencia de reemplazo, condenó a la corporación por falta de servicio, al incumplir el establecimiento bajo su cargo con el deber de garante y protector de los alumnos.

"Que, de la normativa precedentemente expuesta, se sigue que, el establecimiento educacional tiene una 'posición de garante' en lo que refiere a prevenir el acoso escolar, debiendo adoptar las medidas oportunas, necesarias y proporcionales, tendientes a mantener y propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia", sostiene el fallo.

La resolución acota que los hechos "se inician a partir del año 2014, desde el ingreso del niño agresor al colegio, porque como consta de la declaración de los testigos unido a su hoja de vida de dicha anualidad, se advierte que mantuvo conductas disruptivas y violentas en contra de los niños de autos e incluso profesores del establecimiento". El recinto solo tomó medidas a contar de 2015.