Pedro Bárcena González

Tal como postularon los intervinientes, un sujeto que atropelló y dio muerte a un joven en el sector Molulco de la comuna de Chonchi fue sentenciado en las últimas horas a una pena de 3 años y un día de presidio. Al reunir las condiciones, como estableció el Tribunal Oral en lo Penal de Castro donde fue enjuiciado, el chofer fue beneficiado con la libertad vigilada intensiva.

La sala presidida por la magistrada Angélica Monsalve determinó esta sanción por los hechos ocurridos el16 de mayo del 2020, cuando el acusado de iniciales A. A. S. P. (51) impactó con su camioneta a Luis Alberto Millalonco Guenteo (38), quien falleció en el lugar. Un siniestro vial que se produjo a la altura del kilómetro 1.235 de la Ruta 5 Sur.

De acuerdo a lo indicado por el fiscal de la causa, Luis Barría, esta resolución por el delito de manejo bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte se sustentó "con la prueba testimonial y pericial de Carabineros y la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT), más los antecedentes del Servicio Médico Legal (SML) y prueba documental". También se sumó el informe de alcoholemia a la cual fue sometido en el Hospital de Quellón el encartado, la que arrojó 0,34 gramos de alcohol por litro de sangre.

Accesorias

Junto a la pena principal, el persecutor detalló que los jueces decretaron una multa de 21 unidades tributarias mensuales (UTM) y suspensión de licencia de conducir por 36 meses contra el encartado.

La defensora particular Tania Sánchez, en atención a que su representado tiene irreprochable conducta anterior solicitó una pena sustitutiva, la cual fue acogida por los sentenciadores en el mismo quántum.

Igualmente, el fiscal Barría destacó en este fallo "la circunstancia que el tribunal valoró los presupuestos entregados por la perito de la SIAT (su titular, la capitana María Fernanda Aspe), dando cuenta que la responsabilidad del accidente fue por la conducción bajo la influencia del alcohol del imputado, como también el exceso de velocidad. En ese sentido, estamos conformes con la decisión".

Por esta misma causa, el sujeto fue absuelto del delito de atentado contra la salud pública, cargos presentados por ocurrir el siniestro a las 23 horas, horario de toque de queda.

Redacción

En el sector de la rampa de conectividad de Chacao, en la comuna de Ancud, punto identificado como foco situacional de infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, fue incautada una carga superior a los mil 300 kilos de recursos hidrobiológicos por parte de funcionarios de la Armada de Chile.

Personal de la Capitanía de Puerto local, en el marco de patrullajes nocturnos preventivos realizados en las últimas horas, abordó el procedimiento que se concentró en un camión que buscaba salir de la Isla Grande.

Así lo especificó el jefe de esta unidad naval, Miguel Ángel Bravo, añadiendo que "en dicho sector se controló el vehículo detectando a bordo la tenencia de más de una tonelada del recurso cholga (Aulacomya ater) y choro (Choromytilus chorus), el cual se encontraba sin acreditación de origen legal, infringiendo así el artículo 65 de la normativa actual".

Provisional

El capitán de corbeta añadió que "se procedió a dar cuenta de lo ocurrido al Juzgado de Letras de Ancud, que dispuso efectuar las diligencias respectivas, procediendo a la incautación de un total de 300 kilogramos de cholga y 1.050 kilos de choro, una carga que quedó en poder del infractor en calidad de depositario provisional, siendo este citado a comparecer ante dicho tribunal".

Igualmente, el oficial manifestó que estos dispositivos e inspecciones se enmarcan en el control de la pesca ilegal.

"Estas prácticas afectan a nuestros pescadores que cumplen las medidas administrativas establecidas por la autoridad", señaló el jefe naval del norte de la provincia, añadiendo que el despliegue por el territorio "también busca asegurar la sustentabilidad de los recursos marinos".

Tal como ya lo había adelantado el propio titular de la Diócesis San Carlos de Ancud, monseñor Juan María Agurto, como también la víctima directa del caso, el párroco Álex Gallardo, quienes no dudaron en criticar a los entes investigativos a cargo de la causa por el siniestro de la Iglesia San Francisco de Ancud que fue cerrada por exclusión de pruebas ilegales, el obispado local reiteró estos dichos por un atentado incendiario que quedó sin sanción.

La entidad dependiente de la Iglesia Católica remarcó en una declaración que el sobreseimiento definitivo declarado el 23 de junio pasado en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro a solicitud de la Fiscalía ancuditana es "lamentable", más por la base jurídica de evidencia levantada de manera vulneratoria por los hechos registrados el 22 de enero del 2020, cuando se quemó el templo Monumento Histórico Nacional y parte de la casa parroquial.

"El Obispado de Ancud deplora que la decisión se funde en falencias de la investigación realizadas por el Ministerio Público y sus órganos auxiliares, quienes no realizaron un trabajo profesional adecuado afectando garantías constitucionales del acusado", expusieron.

Agregaron que "nos encontramos profundamente molestos y dolidos por el actuar del ente persecutor y los órganos auxiliares, puesto que la deficiencia en su trabajo afectó el resultado del juicio. Lo anterior, trajo como consecuencia que un hecho tan grave como el incendio intencional de la Iglesia San Francisco de Ancud quede impune habiendo tenido pruebas para alcanzar la verdad y la justicia adecuada".