Pedro Bárcena González

La máxima pena de nuestra legislación solicitó el Ministerio Público de Quellón contra el sujeto sindicado como responsable del asesinato de su expareja, a quien atacó de múltiples estocadas en plena vía pública de Quellón. Un caso por femicidio que remeció a la provincia, incluso motivando las protestas de vecinos de la comuna.

Presidio perpetuo calificado invocó la fiscal Karyn Alegría contra el imputado de iniciales J. A. O. P. (42), quien habría ultimado de al menos 11 cuchilladas a Daniela Vivar Nauto (30), mientras ella caminaba por calle Aníbal Pinto de la ciudad porteña durante la jornada del 1 de diciembre del 2019.

La persecutora presentó recientemente acusación contra el encartado, quien permanece en prisión preventiva en la cárcel de Puerto Natales (Región de Magallanes). Un requerimiento basado en lo que califica como "contundente y numerosa prueba", destinada a acreditar la existencia de la figura penal, como la participación del obrero.

Como expuso la abogada en su presentación, el imputado agredió a la mujer en la zona torácica, cabeza, cuello y brazos, causándole múltiples heridas punzocortantes a raíz de las cuales falleció aproximadamente una hora más tarde en el Hospital de Quellón, por shock hipovolémico.

Con 47 medios de prueba buscará la jurista esclarecer por completo la dinámica y, fundamentalmente, sustentar su pretensión punitiva. 20 testigos fueron considerados en el requerimiento, cobrando especial valor la pareja que acompañaba a la joven el día del crimen, ya que observó la dinámica del ataque.

"La prueba es contundente, no solo para demostrar la intervención del imputado en la muerte de Daniela, sino también en su intención femicida. Él buscó provocarle la muerte, tanto por el tipo de lesiones, como por el dolo ejercido", explicó la fiscal, sumando que la evidencia recogida confirma que el encartado cumplió sus amenazas de muerte.

Asimismo, la representante del Ministerio Público justificó la pena invocada en base a la tipicidad del ilícito y todo el contexto que envolvió.

"(El acusado) No tiene irreprochable conducta anterior (tiene condena por delitos contra la propiedad) y la pena está dentro del marco legal. Los hechos son especialmente gravosos, al existir una absoluta búsqueda de matar a la víctima. También hay que considerar la cantidad de lesiones que le provocó", describió Alegría.

Para potenciar más este punto, la fiscal no solamente apuntó a la juventud de la isleña, lo que amplía el daño generado, sino que se remarcó que en este caso "se da una manifestación absoluta de la violencia de género, puesto que el imputado no soportó la negativa de la mujer de retomar la vida en pareja (10 años habían tenido de relación)".

SernamEG

En tanto, el Servicio de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) de Los Lagos, que representa a la hermana de la occisa como querellante, se encuentra evaluando esta acusación fiscal con el objeto de determinar los próximos pasos procesales a seguir.

Así lo reportó la directora regional del organismo, Kattia Galindo, reportando que "una vez que tengamos la acusación la revisaremos para establecer si nos adherimos".

Eso sí, ya advirtió la personera que el fundamento primordial para sumarse al requerimiento del ente persecutor era la pena solicitada. Como institución igual buscan que el autor de este femicidio sea sentenciado a cadena perpetua calificada.

11 cuchilladas, al menos, recibió la mujer en este ataque en la calle.

6 peritos fueron sumados en este requerimiento judicial.

Al no presentarse antecedentes probatorios suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia, un isleño que arriesgaba 5 años de presidio por el delito de abuso sexual impropio, presuntamente cometido en Queilen, fue absuelto.

La sala presidida por el magistrado Rodrigo Alarcón del Tribunal Oral en lo Penal de Castro analizó los medios probatorios presentados por el fiscal Enrique Canales, enfocados en los hechos de la acusación que daban cuenta de las tocaciones por parte del encartado contra la menor, que tenía apenas 7 años.

Tal como explicó el defensor Juan Manuel Castro, su representado guardó silencio durante la audiencia virtual, lo que no fue impedimento para que los sentenciadores decretaron un veredicto a su favor.

"Se estimó que la prueba rendida no fue suficiente para crear convicción condenatoria", esgrimió el abogado, sumando que presentó un certificado médico "donde se acredita que el imputado quedó con problemas físicos producto de un accidente de buceo, entre ellos impotencia sexual".

Este miércoles se entrega el fallo por esta causa en el tribunal del sector alto de la capital chilota, oportunidad en que se ratificaría el levantamiento de las cautelares de arraigo nacional y firma en Carabineros que pesaban sobre el buzo de 57 años.