Leo Riquelme - Medios Regionales

La primera sesión de la Convención Constitucional no pudo comenzar ayer su trabajo como estaba previsto debido a que las cuatro salas dispuestas para reunir a sus 155 miembros no estaban interconectadas audiovisualmente.

"La deliberación así era imposible", alegó uno de los convencionales al dejar el edificio del ex Congreso Nacional, en Santiago.

La situación indignó a los representantes de sectores opositores al Gobierno, al que responsabilizaron de este "bochorno". El colectivo de convencionales socialistas incluso exigió la renuncia del secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, y del secretario ejecutivo designado como "enlace", Francisco Encina. Los dirigentes los acusaron de "abandono de deberes", "desinterés" y de un presunto intento de "boicotear" la instancia que tendrá a su cargo la redacción de la nueva Constitución.

Las condiciones sanitarias impedían a los 155 convencionales estar reunidos en un único salón del ex Congreso, que además carece de ventilación. Por eso se acordó habilitar otros tres espacios.

"Pero las otras salas no estaban habilitadas", reconoció el convencional de Chile Vamos y exsubsecretario de Salud Pública, Arturo Zúñiga. "Esto se sabía hace seis meses y no se trabajó", añadió la frenteamplista Constanza Schönhaut.

A través de Twitter, el convencional pro RN Ruggero Cozzi responsabilizó a la mesa encabezada por Elisa Loncón y Jaime Bassa, a quienes acusó de "improvisación" por convocarlos "a una sesión que no se puede realizar". Zúñiga agregó que los dirigentes debieron haber chequeado las condiciones antes de reunirlos a deliberar, algo que se hizo imposible.

El independiente Mauricio Daza les recordó, sin embargo, que la ley le arroga la responsabilidad operativa a la Secretaría General de la Presidencia.

"Imagínate la vergüenza internacional que la Convención no pueda sesionar por una negligencia del Gobierno de Chile. El ministerio que estaba encargado de eso es el del ministro Ossa (...). En un país serio el ministro renuncia", comentó Daniel Stingo.

detenidos en estallido

La decisión de postergación fue tomada luego de una hora y media de incertidumbre. En la mañana la presidenta Loncón había adelantado que pretendían discutir en la jornada una eventual declaración sobre las personas que se mantienen detenidas tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.

"Ayer (domingo) perdimos dos horas porque algunos se negaban a sesionar. Hoy (ayer) perdimos el día porque no estaban la condiciones técnicas. Mañana (hoy) vamos a perder parte valiosa de la jornada discutiendo 'de los presos políticos'. ¿Cuándo partimos haciendo la pega", se preguntó por Twitter el convencional de la UDI Eduardo Cretton.

"Nosotros sí queremos trabajar", retrucó Daniel Stingo, exigiendo al Gobierno que otorgue las condiciones para hacerlo. No obstante, el independiente Rodrigo Logan planteó en 24 Horas que si la mesa hubiera querido sesionar podría haberlo hecho en las circunstancias que fueran posibles.

La Convencional tiene entre nueve y 12 meses para entregar una propuesta de nueva Constitución. La lista Apruebo Dignidad emitió anoche una declaración en la que le exigió al Gobierno que explique la supuesta "negligente gestión del presupuesto de los 850 millones de pesos destinados a la habilitación de espacios de trabajo", y tome las medidas para operar hoy desde las 10 horas, como convocó la mesa.

Ayer estuvieron reunidos en el ex Congreso Loncón, Bassa y Encina discutiendo lo sucedido, pero hasta anoche, al cierre de la edición, no hablaron sobre lo sucedido.

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) que elabora el Ministerio de Desarrollo Social concluyó que la pandemia incrementó las tasas de pobreza en el país, que aumentaron por primera desde 1998. En esa ocasión pasó en un año de 35 a 36%, mientras que ahora subió de 8,6 en 2017 a 10,8%, dejando en dicha condición a 2,1 millón de personas.

"Las ayudas sociales lograron atenuar los efectos de la crisis", dijo la ministra Karla Rubilar, quien citando un reporte de la Cepal indicó que sin los aportes fiscales la pobreza sería de un 13,7%, mientras que la indigencia no llegaría al 4,3% detectado ahora, sino que alcanzaría el 5,9%.

continente

La autoridad añadió que "a pesar de este golpe tan duro", Chile se mantiene como el país latinoamericano con menor tasa de pobreza y de incremento de la región. Citó como ejemplos a Ecuador, que subió de 21 a 32%; Argentina, de 32 a 42%; Colombia, de 35 a 42%; Costa Rica, de 20 a 26%, y Uruguay, de 7 a 11%.

"No hay ningún país que haya salido indemne", agregó Rubilar.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, añadió que la caída nacional se explica por la abrupta contracción del empleo, que en el peak del año pasado tuvo casi 2 millones de plazas menos, que afectaron principalmente a quienes están dentro del 40% más vulnerable.

Cerda indicó que en 2020 terminaron con traspasos directos por US$6 mil millones, pero aseguró que para este año apuestan a lograr transferencias por US$21 mil millones. Pese a ello, dijo que la única estrategia sustentable para sacar a las personas de la pobreza es la reactivación económica por el empleo permanente que genera.

La ministra Rubilar concordó, aunque añadió que probablemente habrá que "repensar transferencias directas permanentes", como el ingreso mínimo garantizado.

9% llegó la pobreza en la Región Metropolitana en 2020. En 2017, según la encuesta Casen, era de 5,4%.