Cueca en pelota

La declaración con la que inició su funcionamiento la Convención Constitucional, a través de la cual se hizo un llamado a los poderes constituidos a aprobar con celeridad la ley de indulto general -que dicho sea de paso es más bien una amnistía-, revivió la polémica respecto de esa cuestionada iniciativa legal que buscar favorecer penalmente a quienes cometieron delitos en el marco del mal llamado estallido social, pero al mismo tiempo generó también un debate público en torno a la competencia que se arrogaron los constituyentes.

En cuanto a lo primero, se ha sostenido que se funda en el carácter político que tienen los delitos y/o imputados, idea que se ha tratado de instalar con un discurso tan repetitivo como falaz. No solo el derecho penal proscribe esa posibilidad, sino que en nuestro país tenemos además un modelo de enjuiciamiento penal acusatorio de corte garantista, que tiene como uno de sus pilares el respeto y vigencia de los derechos fundamentales. El sistema penal solo conoce de "hechos" y no de "ideologías", hechos que son además "constitutivos de delito" y que, en este caso, son tan graves como homicidios, lesiones, incendios, infracción a la Ley de Control de Armas, entre otros.

conclusión "falsa"

Por otra parte, insistir el perdón en base a ese argumento lleva a una conclusión tan falsa como inaceptable, desde que implicaría sostener que la Fiscalía ha perseguido y los tribunales han juzgado a personas por sus ideas políticas, lo que además es absurdo. Y si para justificar la tesis se amplía el concepto de delito o imputado "político" vinculándolo al móvil o motivación que tuvo el sujeto para delinquir, entonces lisa y llanamente hoy nuestro país se pasaría a validar y legitimar la violencia (delito) como método de acción política, así de simple, pero nadie lo dice.

Sobre lo segundo, la declaración de la Convención es una muestra más de la improvisación que marca desde su génesis todo el proceso constituyente y de su uso político. La pega es redactar una nueva carta fundamental y lo que vemos es un Congreso paralelo, con el doble de políticos. Inmiscuirse en las atribuciones de los órganos constituidos del Estado por cierto que daña la separación de poderes, base de la democracia, y el Estado de derecho. Hoy cabe preguntarse entonces: ¿quién controla a la Convención y a los constituyentes?

Pero en Chile parece que de un tiempo a esta parte todo da lo mismo, y ya ni siquiera esperamos el mes de septiembre para bailar la cueca en pelota.

"No solo el derecho penal proscribe esa posibilidad, sino que en nuestro país tenemos además un modelo de enjuiciamiento penal acusatorio de corte garantista, que tiene como uno de sus pilares el respeto y vigencia de los derechos fundamentales. El sistema penal solo conoce de "hechos" y no de "ideologías", hechos que son además "constitutivos de delito" y que, en este caso, son tan graves como homicidios, lesiones, incendios,...".

Marcos Emilfork,, exfiscal regional de Los Lagos.

Marcos Emilfork Konow,, abogado

"Hoy cabe preguntarse entonces: ¿quién controla a la Convención y a los constituyentes?".

Javiera Navarro - Medios Regionales

El proyecto de matrimonio igualitario fue ingresado al Congreso originalmente durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, el 2017. Descansaba en la Cámara desde su aprobación general en mayo de 2020, hasta que hace un mes el Ejecutivo le asignó suma urgencia y finalmente ayer se logró poner fin al primer trámite constitucional.

Durante la discusión en el Senado de este miércoles se efectuaron dos votaciones: la primera fue referente a las normas generales del matrimonio, que tuvo 28 a favor y 14 en contra; y la segunda vinculada con la filiación y adopción homoparental, con 29 favorables y 14 de rechazo.

El texto, enviado a la Cámara Baja, busca modificar el artículo 102 del Código Civil para estipular que el matrimonio pase a ser entre dos personas, en lugar de entre un hombre y una mujer, permitiendo por lo tanto la adopción homoparental.

La iniciativa contó con el voto a favor de toda la oposición y de algunos liberales de centroderecha, y fue rechazada principalmente por parlamentarios de los partidos UDI y RN.

Juan José Ossa, ministro secretario general de la Presidencia, agradeció la aprobación del proyecto y explicó que su impulso se trata de una convicción personal del Presidente Sebastián Piñera.

"Respetamos las diferencias de los parlamentarios de Chile Vamos que, por distintas razones, tienen una opinión distinta", dijo y agregó que su intención es mantener la suma urgencia en el segundo trámite.

Esto último fue respaldado por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien mencionó que mantendrán el impulso dado por el Presidente a la iniciativa que ahora pasa a manos de los diputados.

Agrupaciones por la diversidad celebraron el "fin de la discriminación y un mejor camino para las nuevas generaciones". La directora ejecutiva de Fundación Iguales, Isabel Amor, manifestó que "como país y como sociedad somos mejores en el momento en que tenemos matrimonio igualitario".

Rolando Jiménez, dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), quien en 2012 demandó al Estado de Chile por prohibir el matrimonio igualitario a parejas del mismo sexo, aclaró ayer que esto "no es un tema de derechas o izquierdas, no es un caballito de batalla ideológico de nadie".

división

Marcela Sabat, Rodrigo Galilea, Rafael Prohens de RN y Felipe Kast de Evópoli fueron los senadores de centro derecha que votaron a favor del proyecto. "Este paso histórico entrega mayor dignidad y mayor igualdad de derechos", comentó Sabat.

Iván Moreira, Ena von Baer y Jacqueline van Rysselberghe de la UDI, y Francisco Chahuán, de RN, fueron algunos de los detractores. "Muchos de nosotros en el pasado fuimos homofóbicos, pero hemos ido cambiando y hemos podido convivir con las minorías", contó Moreira antes de votar en contra. Tras la aprobación, comentó que este proyecto, "en vez de avanzar, hace retroceder al país".