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esperando transbordo en el canal de dalcahue.-

Bastante movimiento se aprecia en las rutas chilotes y al interior de las principales localidades chilotas en estas vacaciones de invierno de muchos estudiantes y algunos trabajadores. Además, el buen tiempo atmosférico de ayer también contribuyó al inicio de un fin de semana de amplio desconfinamiento. Este viernes se reportaba congestión en las rampas del canal Dalcahue y más allá, como en El Pasaje, en Curaco de Vélez, mientras operaban el servicio las naves Caleman II y Man Pue IV.

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Una nueva figura legal anticorrupción ha puesto en alerta a las compañías. El whistleblowing o ley de Protección al Denunciante ya está en Chile. Se trata de un conjunto de medidas para garantizar los derechos de aquellos colaboradores que se animen revelar irregularidades al interior de sus empresas. El Estado también estimula la autodenuncia, condonando parte de las multas a quien delata o se autodelata.

Esta ley invita a las corporaciones a estar muy alertas a sus procesos internos y posiblemente a revisar las estructuras de incentivos de su plana ejecutiva, ya que al orientarse demasiado o exclusivamente a resultados y cifras, dichos incentivos pudieran propiciar conductas reñidas con la legalidad, especialmente la contable.

El riesgo reputacional que corren las empresas aumenta, puesto que al producirse una denuncia pasará un tiempo en que en la duda y el desprestigio arrojen sombras sobre la compañía mientras la causa se investiga.

En Estados Unidos grandes escándalos empresariales se han develado gracias a denuncias internas. Muchas compañías que contaban con políticas de compliance tuvieron fallas para detectar malas prácticas de algunos ejecutivos. En las sociedades occidentales, cada día más proclives a la transparencia, se están desarrollando legislaciones especiales para detectar la corrupción a nivel político y organizacional. En Chile, varias de las empresas que cotizan en bolsa tienen canales de denuncia interna anónima. Esto podría extenderse a otras corporaciones que también pudieran generar instrumentos internos propios, que más allá del compliance promovieran la denuncia interna y también otorgarán protección a quienes develen una presunta falta. En el sector público cuando una o un funcionario presenta una denuncia ante la Contraloría General de la República queda protegido y cuenta con un fuero especial mientras se realiza un sumario, aunque no existe anonimato.

Ojo con el whistleblowing, y no desestimar la oportunidad que su llegada ofrece para revisar los procesos internos, mejorar las prácticas y buscar incentivos innovadores. En una sociedad en red e hiperconectada, cuidar la reputación es hoy mucho más urgente que ayer.