Pedro Bárcena González

Una falla eléctrica es la principal hipótesis que se maneja como causa basal de la tragedia que cobró la vida de dos educadores en el sector camino a Punta de Lapas en Quellón. Un incendio que también mantiene con riesgo vital a un joven, internado con quemaduras en el Hospital de Castro.

El siniestro se produjo pasadas las 2.10 horas del viernes en el inmueble que fue destruido por las llamas que se extendieron con rapidez, impidiendo que el dueño de casa, Pablo Toro Vallejos (34), y su sobrina que fue a visitarlo desde Concepción (Región del Biobío), Fernanda Toro Benítez (25), pudiesen escapar. Ambos fallecieron en el lugar.

Peritaje

La Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de Puerto Montt se constituyeron en el sitio del suceso realizando las diligencias de rigor. Como explicó el subprefecto Enrique Zamora, jefe de la primera unidad, se llevaron a cabo numerosas pericias para esclarecer la dinámica del caso.

"El equipo efectuó la inspección del lugar y el reconocimiento externo de los cadáveres. Con el trabajo pericial se pudo determinar la causa probable de la muerte de las víctimas, como también del incendio que fue comunicada a la Fiscalía Local de Quellón", aclaró el oficial.

Asimismo, la fuente remarcó que gracias a la indagatoria criminal se determinó que al momento del siniestro existían tres personas al interior de la vivienda.

Junto al profesor del Centro Educacional Emanuel de Quellón y la educadora diferencial del Colegio Talcahuano, "estaba el pololo de la joven, el que logró escapar de las llamas pero se encuentra grave en el hospital", expuso el jefe policial. Hasta el cierre de la edición, se mantenía en la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del Augusto Riffart, en espera de ser trasladado a un recinto espacializado.

Por su parte, la fiscal Karyn Alegría, señaló que los primeros antecedentes policiales remitidos dieron cuenta "que se descarta en un principio la intervención de terceros. Además, la causa del incendio tendría relación a una falla eléctrica en la vivienda".

Las conclusiones definitivas serán establecidas con el informe final de la BH, Lacrim y de Bomberos, como también del Servicio Médico Legal.

Redacción

Ratificando y detallando las deficiencias probatorias expuestas en juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Castro entregó en las últimas horas la sentencia absolutoria en favor de un joven, quien fue acusado por los delitos de lesiones menos graves y desacato, ambos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF). El operario arriesgaba una pena superior a los 3 años de reclusión.

La sala presidida por el magistrado suplente Elías Agüero estableció que "atendida las serias debilidades presentadas por los testigos policiales de cargo", no se pudo ratificar el testimonio de la víctima de 30 años por los hechos registrados el 14 de diciembre de 2019, al interior de su domicilio de la población Alto de Caracoles en Ancud.

Según la acusación del fiscal Javier Calisto, el imputado de iniciales E.J. (28) procedió a maltratar a su exconviviente mediante golpes de puños en el rostro, con lo cual también habría quebrantado una prohibición de acercamiento por fallo en otra causa de VIF, de septiembre del 2019.

Tal como explicaron los sentenciadores, la ausencia de prueba de corroboración "no permitió atribuir la autoría de estas lesiones al acusado", con lo cual no se pudo desvirtuar su presunción de inocencia.

A su vez, durante la audiencia quedó al descubierto la irregular actuación de un carabinero, quien fue sorprendido leyendo el parte policial en su exposición ante los jueces, "razón por la cual su testimonio será totalmente desestimado y valorado negativamente", se informó en el fallo.

Cuestionamientos

Esta situación fue criticada por el defensor Filippo Corvalán, quien remarcó que "es un hecho prohibido, puesto que le ley prescribe que durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente y su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren".

De acuerdo al abogado, esta nueva falencia policial, "denota una falta grave de un agente del Estado en servicio, razón por la cual el tribunal oral determinó oficiar al superior jerárquico. Además, deja en evidencia una falta de control, preparación y coordinación de la prueba que se presenta ante un tribunal de la República".

Con este dictamen, se levantaron las cautelares contra el trabajador de origen haitiano consistentes en el arraigo nacional y prohibición de acercamiento a la afectada.

Por su parte, desde el Ministerio Público se analiza el fallo ante un eventual recurso de nulidad.