Ataques de

La Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas, considera nueve razas de perros potencialmente peligrosas (PPP) entre ellas los Bullmastiff, Doberman, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Pitbull, entre otros, sin embargo, hay que considerar que todos los perros, independiente de su raza pueden ser PPP, dado que la manifestación de agresividad patológica en perros, que puede desencadenar ataques a personas y otros animales, se puede deber a una serie de factores, entre los que destacan: comunicación humano-animal, socialización, educación de los animales, tenencia responsable, maltrato animal.

Pero estamos al debe en la materia. La dictación de los Reglamentos asociados a esta Ley, debiese haber sido una instancia crucial para lograr convertirla en un real y aplicable instrumento de protección y de gestión, en una verdadera política pública. No obstante, en nuestro país esto no ha ocurrido de forma eficiente, dado que los recursos económicos y humanos ad hoc son insuficientes, así como la falta de consideración de tres pilares fundamentales para enfrentar estos temas: Ciencia, Ética y normas.

El Título III del reglamento de la Ley 21.020, en su artículo 14 indica que el dueño o tenedor responsable de estos animales deberá declarar que su perro pertenece a los PPP al momento de la inscripción en el Registro Nacional de Mascotas y en el Registro Nacional de Animales Potencialmente Peligrosos, además de cumplir otras obligaciones tales como:

a. Permanente supervisión del animal, utilizando de forma obligatoria correa, arnés y bozal en espacios públicos;

b. Mantenerlo en su lugar de residencia, en un espacio dotado de un cerco seguro con la finalidad de evitar escapes y/o que el ejemplar pueda dañar a personas u otros animales. No podrá quedar al cuidado de menores de dieciocho años;

c. Participar, junto con su canino, de un curso de adiestramiento de obediencia;

d. Asistir, en un plazo de 6 meses desde su inscripción, a lo menos a una charla sobre tenencia responsable.

La fiscalización en general de esta ley recae en los Municipios, quienes se ven imposibilitados, por la escasez de recursos para implementar un seguimiento real. También, la autoridad sanitaria cumple funciones en la fiscalización de PPP, las que tampoco se cumplen a cabalidad por la multiplicidad de funciones que hoy están en manos de las Seremis. Desde el punto de vista de la justicia también existen facultades; "el juez competente podrá calificar como potencialmente peligroso a aquel ejemplar de la especie canina que haya causado, al menos, lesiones leves a una persona o daños de consideración a otro ejemplar de su misma especie". Pero, es muy importante considerar que solo aquellos médicos veterinarios con formación académica y práctica en el área de la agresividad tendrían suficientes competencias para determinar este punto, basándose en el cuestionario etológico, en el análisis de riesgo, la observación directa del comportamiento y la realización de pruebas conductuales.

Así, toda reflexión y normas que tengan que ver con la protección animal, para que logren el impacto esperado y la protección del bienestar animal y de la salud pública, deben considerar el enfoque de la salud, resguardando la salud humana, animal y ambiental. Por ello, el aporte de la medicina veterinaria es crucial en la prevención de problemas como los ataques a personas. En este sentido, la principal medida de prevención es la educación en el establecimiento de un vínculo humano-animal correcto y positivo, velando por la convivencia armónica de las mascotas y familias, así como también con la comunidad en general y el medio ambiente que puede ser gravemente afectado por estas conductas.

"Así, toda reflexión y normas que tengan que ver con la protección animal, para que logren el impacto esperado y la protección del bienestar animal y de la salud pública, deben considerar el enfoque en la salud, resguardando la salud humana, animal y ambiental. Por ello, el aporte de la medicina veterinaria es crucial en la prevención de problemas como los ataques a personas".

María José Ubilla, Presidenta Nacional Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet)

Redacción

La Municipalidad de Chonchi liquidó el contrato a la empresa que construye el cuartel de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Los Tres Pisos y se encuentra a la espera de que el Gobierno tome razón.

Para dar cuenta de esta situación y del trabajo que viene se realizó recientemente una reunión con profesionales de las direcciones de Obras y Secplan del municipio chonchino, donde participaron representantes del Cuerpo de Bomberos, encabezado por el superintendente Amaro Gallardo y el alcalde Fernando Oyarzún.

El jefe comunal mostró su preocupación por lo ocurrido y aseveró que "hemos instruido a los funcionarios de Secplan y Obras realizar les gestiones necesarias para retomar lo antes posible esta obra que es muy necesaria para el Cuerpo de Bomberos de nuestra comuna".

Ignacio Ramos, director de la oficina de Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) precisó que "en la ocasión les explicaron que este proceso contó con asesoría externa para determinar el estado actual de la infraestructura, por otra parte, se contó con el apoyo de Ingeniería estructural, a fin de ajustar los presupuestos debido al elevado costo actualmente de los materiales de construcción".

GORE

Por su parte, Alexis Andrade, director de Obras de la Municipalidad de Chonchi, indicó que "se espera que dentro de las próximas semanas se pueda tener una respuesta favorable al respecto por parte del Gobierno Regional, para que posteriormente Secplan realice la reevaluación de esta obra y de esta manera conseguir los recursos económicos adicionales que permitan poder terminar su construcción".

En tanto, Amaro Gallardo, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chonchi, precisó que "después de haber conocido los antecedentes quedamos más tranquilos porque vemos que este tema va hacia buen camino porque el municipio se encuentra trabajando en ello, por lo que esperamos que pronto tengamos soluciones al respecto".

La superficie a intervenir en este proyecto es de 418 metros cuadrados, donde se contempla una sala de reuniones, sala de máquinas, oficinas, sala de estudios, baños, entre otros, por un monto de 590 millones de pesos, lo que fue posible mediante la gestión que se realizó el alcalde Fernando Oyarzún Macías ante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en conjunto con la institución.