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Alegan por cautelar que paralizó la recepción de residuos en Puntra El Roble

La audiencia se llevó a cabo en contacto con el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, donde el municipio de Ancud indicó que la medida no se justifica.
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Redacción

En audiencia virtual con el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia se llevaron a cabo ayer los alegatos tras la oposición presentada por la Municipalidad de Ancud a la medida cautelar decretada el pasado 17 de julio, que ordenó la paralización inmediata de la recepción de residuos en todas las instalaciones del vertedero o relleno sanitario de Puntra El Roble.

Durante la sesión remota, el consistorio en su calidad de tercero coadyuvante de la reclamada (la Superintendencia del Medio Ambiente), sostuvo a través de su abogado Cristóbal Osorio que la disposición ya no se justificaría, debido a que el 31 de julio venció la alerta sanitaria decretada por la Seremi de Salud, la que le había permitido operar de manera extraordinaria hasta esa fecha.

Según el representante del municipio, al momento de solicitar la precautoria, la Unidad Vecinal N°33 Puntra Estación, como reclamante, sabía que el recinto no recibía residuos domiciliarios desde el 1 de julio y aseguró que actualmente se cumple el petitorio completo de la reclamación, ya que se habría iniciado un proceso sancionatorio contra la municipalidad y se encontraría prohibido el uso del recinto, por lo que incluso la acción judicial ya no sería procedente.

Por su parte, la Super-intendencia del Medio Ambiente, por medio de uno de sus juristas que estuvo en la audiencia, Benjamín Muhr, señaló que no se opone ni adhiere a la solicitud de medidas cautelares, y detalló que el organismo fiscalizador no autorizó la operación del recinto, sino que constató la existencia de un decreto de la Seremi de Salud que, por alerta sanitaria, permitía su operación de manera extraordinaria hasta el 31 de julio pasado.

Vigente

Finalmente, la asesora legal de la unidad vecinal, Ana Lya Uriarte, solicitó que se mantuviera la medida cautelar, además desestimó los argumentos del municipio y afirmó que la causa continúa plenamente vigente. Dentro de las razones entregadas, remarcó que la misma municipalidad solicitó durante el mes de julio que se autorizara la disposición acotada de residuos domiciliarios en el recinto, lo que fue rechazado por la Autoridad Sanitaria.

Según la reclamante, no existe certeza de la posición del municipio, ya que todas sus expresiones convergerían en la intención de retomar a la brevedad la operación del vertedero, por lo que permanecería el riesgo de afectación a los componentes ambientales y a la salud de las personas, lo que haría necesario mantener la medida cautelar decretada por el Tribunal Ambiental de Valdivia.

Análisis

Justamente, desde esta sede judicial, la ministra Sibel Villalobos, indicó que por esta causa, se citó a las partes "a una audiencia producto de la oposición a la cautelar dictada el 17 de julio recién pasado.

Las partes alegaron sobre la mantención de la cautelar, ante lo cual el tribunal se pronunciará una vez analizados los antecedentes allegados.

Instan a municipios a llevar un registro social de personas "de calle"

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Buscando fortalecer el trabajo en favor de personas en situación de calle, la Seremi de Desarrollo Social y Familia instó a los municipios de la provincia y región a sumarse a esta iniciativa de apoyo, protección y generación de oportunidades para estos vecinos vulnerables.

Tal como explicó la titular de esta cartera en la zona, Soraya Said, se pide a los consistorios llevar a cabo la aplicación del Anexo Calle, instrumento que va a acompañado del Registro Social de Hogares (RSH) y que se aplica a estos pobladores.

"El registro social para personas en situación de calle, es un sistema para complementar el RSH, a través de un anexo. Su objetivo es identificar, cuantificar y caracterizar a las personas en situación de calle, para avanzar en el desarrollo de un registro individualizado, que facilite el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y programas sociales con pertinencia territorial", aclaró la personera.

Dicho registro, a diferencia de un catastro, es un proceso de actualización permanente. Además, favorece la incorporación de estos grupo al Sistema Intersectorial de Protección Social. Desde agosto del 2016, y de manera progresiva, se comenzó a implementar este instrumento a nivel país. Los municipios son los encargados de realizar el registro con la colaboración de la sociedad civil.

Impulso

Todo este despliegue se encuentra inmerso en el Plan Protege Calle que busca resguardar la integridad, salud, mejorar condiciones y entregar mayores oportunidades a las personas que hoy se encuentran en situación de calle, iniciativas que se han visto reforzadas en recursos humanos y económicos durante la pandemia.

A su vez, dentro de los proyectos regionales impulsados dentro de esta estrategia está el plan de vacunación móvil contra el coronavirus en alianza con el Ministerio de Salud.