Licitaciones de pesca
La Comisión de Hacienda del Senado estudia modificar la Ley de Pesca. Actualmente existen dos tipos de licencias que coexisten en las distintas pesquerías: licencias de clase A, que pagan una patente y se entregan por razones históricas, y las licencias de clase B, que se asignan mediante licitaciones.
El problema es que las licitaciones de la clase B están mal diseñadas. Primero, separan artificialmente la competencia en lotes idénticos. Esto significa que dos lotes pueden tener valores distintos y que una empresa que pierde en una subasta podría haber ganado en otra. El esquema actual no permite que las firmas puedan ofrecer un mayor valor por lote si ganan más de un lote, aprovechando economías de escala. De la misma forma, tampoco pueden ofrecer mayores valores por obtener lotes de una especie y la fauna acompañante, lo que permite aprovechar economías de escala asociadas a una mayor cantidad de derechos, ni tampoco las economías de ámbito asociadas a la extracción de fauna acompañante. Estos problemas reducen la participación en las subastas y la recaudación que recibe el Estado.
Pese a los problemas de su diseño, el valor pagado por las licencias de clase B tiende a ser mayor que el de los pagos de los poseedores de licencias clase A. Por ejemplo, los adjudicatarios de licencias de clase B para la sardina común entre las regiones de Valparaíso a Los Lagos pagaron en promedio 22 veces el pago anual de los dueños de licencias clase A. Suponiendo una tasa del 8% anual, los adjudicatarios de licencias clase B pagan el doble de los poseedores de licencias clase A.
Un correcto diseño de licitaciones puede llevar a ganancias importantes en eficiencia, recaudación, y transparencia. El ejemplo de la asignación de espectro radioeléctrico para servicios 5G (quinta generación de redes móviles) muestra que cambios en las reglas de la licitación pueden multiplicar la recaudación, sin poner en peligro la eficiencia con la que opera el mercado. Estas lecciones deberían ser incorporadas en las reformas a la ley para permitir un mejor diseño de las subastas de recursos pesqueros.