César Cárdenas Ruiz

Tras la exposición de una de las querellantes que se opone al cierre de la causa por el bullado vertimiento de salmones podridos al noroeste de Ancud durante el 2016, el Juzgado de Garantía de Valparaíso reagendó para el próximo 21 de septiembre del año en curso, la resolución sobre el eventual sobreseimiento del caso, el cual generó una masiva movilización en la provincia.

Por infracción a la Ley de Pesca se estaba llevando a cabo la indagatoria, debido a la cuestionada decisión de arrojar al mar más de 9 mil toneladas de mortandad de pescados, producto de la Floración de Algas Nocivas (bloom) que afectó fundamentalmente a los centros de cultivo de la Agrupación de Concesiones de Salmonídeos N°2, ubicado en el seno de Reloncaví.

Sin embargo, el Ministerio Público decidió cerrar la investigación y desde el viernes se estaba analizando en el tribunal porteño su petición de sobreseimiento en una causa que tiene como uno de los imputados a Osvaldo Schwarzenberg, extitular de la Dirección de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), por su eventual responsabilidad en la autorización del operativo de permitió la descarga del material orgánico a las aguas del Pacífico.

La sesión judicial se extendió hasta el sábado, cuando se determinó por parte de la magistrada Gigliola Devoto postergar su decisión por un mes, acogiendo la cautela de garantías interpuesta por la abogada querellante Orietta Llauca, en busca de reunir antecedentes para futuras instancias procesales apostando por la intención de las comunidades originarias y organizaciones sociales de Chiloé y Calbuco que representa de impedir un cierre de la causa.

De acuerdo a lo indicado por la jurista, el fiscal Claudio Reveco (de la Unidad de Anticorrupción del ente persecutor de Valparaíso) "después de mantener la causa desde el año 2018 hasta la fecha, presentó una solicitud al tribunal para sobreseer definitivamente la causa, y su decisión de no perseverar, de no continuar con la investigación, buscando entonces cerrar la causa por el vertimiento de salmones, sin culpables".

Conocimiento

En esta línea, la profesional manifestó que para ella y sus representados es fundamental "conocer toda la investigación, absolutamente toda, y a eso se ha negado la Fiscalía de Valparaíso. Ayer (sábado) presentamos una cuestión que el derecho denomina 'cautela de garantías para la víctima', con el fin de que se abra un receso en la audiencia en que se estaban debatiendo estas peticiones del Ministerio Público, y la jueza postergue su resolución hasta que nosotros tengamos acceso cabal a la carpeta investigativa".

Es por ello que la fuente subrayó que invocó que "el tribunal obligue al fiscal a entregarnos copia de toda la carpeta investigativa. Eso fue lo que finalmente ocurrió, el tribunal acogió nuestra petición de cautela de garantías, decretó un receso hasta el 21 de septiembre".

Llauca indicó que las intenciones de sobreseimiento de la causa constituyen "una abierta injusticia, primero es una abierta vulneración a lo que establece el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga al Estado de Chile a que debe proveer a la víctima de todos los medios necesarios para que primero pueda conocer la verdad en un procedimiento judicial, y segundo pueda acceder a la justicia".

Otra de las voces autorizadas para referirse a este tema, es Cristian Chiguay, lonko de once comunidades lafkenches de Quellón, quien acusó la intervención que ha tenido la empresa salmonera en los mares insulares, referentes al episodio que fue uno de los gatillantes del connotado "Mayo Chilote".

"Muchas personas perdieron sus fuente de empleo. Si bien las empresas han dado mucho empleo, hoy en día ya no es tan así, está todo más mecanizado", expresó el dirigente.

Control

Por su parte, el fiscal Reveco, argumentó en la audiencia que "no tengo el control de la gestión relativa al otorgamiento de copias", con relación a la petición de la querellante.

Asimismo, el persecutor cuestionó que justo en esta instancia se elevara la cautela de garantías, considerando que a comienzos de marzo pasado se fijó la audiencia de sobreseimiento.

Remarcó el representante del Ministerio Público que "en la carpeta investigativa hay un registro de ingreso de un conjunto de antecedentes a custodia, de modo tal que no es resorte mío, sino que de las propias defensas haber requerido tanto la información que se encuentra en la carpeta investigativa, como aquella que se mantiene en custodia de esta unidad".

De esta forma, para pasadas las Fiestas Patrias quedó fijada la resolución del tribunal que no sería la última en esta causa, ya que dentro de su intervención, Llauca ya adelantó que requiere de toda la información del caso "ante una eventual necesidad de impugnación" a este cierre de se vislumbra.