César Cárdenas Ruiz

Finalmente la Corte Suprema acogió un recurso de protección que interpusieron comunidades de Puntra El Roble y alrededores en Ancud, ordenando sacar toda la basura desde este relleno sanitario transitorio en un plazo no superior a los 90 días.

En un fallo calificado de contundente, el máximo tribunal del país también resolvió la paralización total de las funciones de dicho centro de disposición de residuos sólidos domiciliarios, en el mismo período de tiempo. Con esto se acaba la operatividad de este espacio que comenzó su funcionamiento en enero de 2020, en medio de la Alerta Sanitaria en todo Chiloé por la crisis de la basura.

A esto se suma que la Municipalidad de Ancud y la Seremi de Salud de Los Lagos deberán actuar -en lo sucesivo- con estricta sujeción a un proyecto de construcción y operación elaborado, evaluado, además de aprobado con una resolución de calificación ambiental (RCA), conforme a la normativa aplicable en materia ambiental y sanitaria.

Parte del dictamen señala: "Fundan su recurso en los actos ilegales y arbitrarios en que se incurrió al dictar la Resolución Sanitaria N°15.932, de fecha 27 de agosto de 2020, de la jefa de la Oficina Provincial de Chiloé, que aprueba la modificación de proyecto 'Sitio de disposición transitoria Puntra', comuna de Ancud; la dictación de la Resolución Exenta CP N°16.186/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, emitida por la Seremi de Salud, que autoriza a disponer residuos sólidos domiciliarios generados en Ancud en sitio de disposición transitoria Puntra El Roble, comuna de Ancud; y el acuerdo que aprueba presentación de modificación de proyecto relleno sanitario de Puntra El Roble, por parte del titular del proyecto Municipalidad de Ancud, tomado en Sesión N°136 de 7 de septiembre de 2020, para la construcción de una sobrecelda en el vertedero Puntra El Roble".

Germán Valenzuela, representante de la Unidad Vecinal N°33 de Puntra, se refirió a lo acontecido. "Ese dictamen nos da la razón en términos de un recurso de protección que se interpuso en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que extrañamente desestimó lo que nosotros estábamos solicitando en términos de vejación o ignorar los derechos constitucionales que tenemos, que principalmente uno de ellos es vivir en ambiente libre de contaminación", expresó el dirigente acusando, además del municipio, a la Seremi de Salud, el Gobierno Regional, el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente de haber dejado que operara el relleno durante un año y medio.

En tanto Diego Barahona, presidente del Comité de Defensa Medioambiental Chiloé Sin Basura y vocero las comunidades aledañas a Puntra El Roble, hizo hincapié en que "la Corte Suprema reconoce que hubo un actuar ilegal por parte de la Municipalidad de Ancud. Nosotros estamos contentos por este fallo porque se ratifica lo que veníamos diciendo hace ya dos años, donde nos venimos enfrentando y denunciando estas tremendas irregularidades que finalmente se destapan a la luz".

A lo anterior, el joven reparó que, "sin embargo, hay algo más grave acá: dentro del fallo de la Corte Suprema reconoce que finalmente hubo una desviación de poder por parte de la Seremi de Salud".

CONCEJO

La situación suscitada también repercutió en el Concejo Municipal de Ancud, quienes analizaron la determinación del máximo tribunal en sesión extraordinaria.

La edil Ruth Caicheo (indep.) señaló que "estoy agradecida de la Corte Suprema, creo que es un fallo histórico muy duro, pero también muy importante para todos los que defendemos nuestro territorio. Nosotros tenemos que seguir en nuestro rol de fiscalizadores, dar pasos importantes y, por supuesto, seguir luchando para que estas cosas se vayan visibilizando para la comunidad".

Sobre la posibilidad que ha trascendido por parte de los pobladores de una eventual indemnización económica por daños al medio ambiente del sector, el concejal Andrés Ibáñez (PS) sostuvo que "la justicia ha abierto un fallo en muchas aristas y donde son los tribunales, como en este caso, son ellos los que van a tener que pronunciarse si eso amerita. Por el momento, nosotros como concejo debemos estar preocupados de perseguir las responsabilidades administrativas, y también debemos estar preocupados de lo que va a suceder con las arcas municipales". Ello puesto que se vislumbra un gasto cuantioso para el retiro de todos los residuos en Puntra.

De igual modo, Alex Muñoz (RN), único integrante que permanece desde el concejo municipal anterior, período en que comenzó la problemática, también se pronunció con motivo de estos hechos. "Mi postura siempre fue la de resolver el problema grave que tenía la basura en Ancud: dónde poderla disponer; en ese sentido yo también aprobé los recursos para que se hiciera un relleno sanitario con toda la normativa vigente. El municipio de Ancud ha desembolsado hasta hoy día cerca de 700 millones de pesos por algo que se está haciendo mal, las cosas no se hicieron bien", argumentó.

Asimismo, Samuel Mandiola (Evópoli) calificó de 'histórico' lo esgrimido en el fallo de la Suprema, en Santiago. "Tenemos que ser muy cuidadosos en los pasos que se van a tomar ahora, al menos los cuatro concejales que estamos acá -Caicheo, Ibáñez, Muñoz y quien les habla- hemos sido muy enfáticos desde que comenzamos nuestro período en que lo que se estaba haciendo en Puntra no era de manera correcta, de que estábamos por sobre la legalidad en muchas cosas; hemos dicho hasta el cansancio que las cosas no se han hecho bien", aludió.

En razón a lo anterior, el edil endosó responsabilidades a quien hoy las oficia como director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (Dimmao): "Hay más responsabilidades, pero claramente es del director de Aseo y Ornato. Yo quiero recomendar mediante un acuerdo de concejo que se evalúe la continuidad del director, que nos insistió en varias ocasiones de que las cosas se estaban haciendo bien, y lamentablemente eso no es así, muchas veces no nos supo responder". Reiteró que "propongo un acuerdo de concejo para evaluar la continuidad del señor Alfredo Caro".

Municipalidad

Durante la misma sesión el asesor jurídico del municipio ancuditano, Óscar Díaz, hizo referencia a la parte técnica del dictamen en la Suprema, señalando que por lo pronto se está en la búsqueda de algún instrumento de impugnación frente a lo definido por la corte.

"El plazo de 90 días en sí es acotado y nos pone en una imposibilidad de incumplimiento, en la práctica es muy difícil de cumplir; por eso hemos estado analizando un mecanismo de impugnación para que con apego a la legislación vigente y en coordinación con los demás organismos sectoriales podamos cumplir lo resuelto por el máximo tribunal; este fallo es contra la Municipalidad de Ancud y la Seremi de Salud, no es exclusivamente contra la Municipalidad de Ancud", explicó.

Hasta el cierre de esta edición y según declaró en la misma reunión del concejo, el alcalde Carlos Gómez (indep.) se limitó a no referirse de manera pública a este tema.

"El municipio de Ancud ha desembolsado hasta hoy día cerca de $700 millones por algo que se está haciendo mal, las cosas no se hicieron bien".

Alex Muñoz,, concejal de Ancud.