Pedro Bárcena González

Con la exclusión de un par de documentos, pero confirmándose la evidencia sustancial agrupada en más de 85 medios de prueba, se preparó el juicio oral contra cuatro sujetos integrantes de una pandilla de Ancud, sindicados como autores del homicidio de un joven en plena vía pública de la población Vista Hermosa.

15 años de cárcel están solicitando los acusadores contra los imputados de iniciales S. S. M. V. (22), D. I. A. H. (24), M. A. M. V. (21) y C. A. M. M. (29), quienes enfrentan cargos por el delito de homicidio, cometido el 30 de mayo del 2020 en perjuicio de Brett Matías Ojeda Barría (24), quien recibió al menos 14 lesiones falleciendo en el Hospital San Carlos, tras 6 horas de agonía.

En audiencia realizada las últimas horas ante el Juzgado de Garantía ancuditano, los intervinientes fijaron sus pruebas para el futuro juicio oral.

De acuerdo a lo indicado por el fiscal Javier Calisto, quien instruye la causa, la evidencia que incluyó en su acusación "se mantuvo casi en su totalidad, solo se excluyeron algunos documentos, puesto que serán expuestos en sus declaraciones por los siete peritos que se ratificaron por completo, al igual que los 26 testigos que presentamos, donde varios son reservados".

Con respecto a la gran cantidad de antecedentes fijados, el persecutor explicó que "el número va en relación al número de acusados, en las diferentes acciones que emprendieron durante el ataque a la víctima y además se agregó que en un procedimiento asociado al caso se encontró un arma de fuego, por el cual también acusamos a dos de estos cuatro imputados (los de 22 y 24 años)". Se pidió 4 años de cárcel por este ilícito.

Querellante

La conformidad con el cúmulo probatorio fijado por parte del Ministerio Público fue replicada por el abogado querellante, Álex Contreras, coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), quien representa a Valeria Barría, madre del occiso.

Según este jurista, el confirmarse la gran mayoría de la prueba "es importante dentro de esta etapa de la causa, que ha sido extensa y compleja. Esto nos ayudará a demostrar en el juicio oral la culpabilidad de las cuatro personas que son acusadas". Agregó que la condena que buscan "esperamos se constituya en un elemento reparador para la familia, que sienta que por lo menos hubo justicia".

Por su parte, los encartados presentan defensas múltiples. Mientras los jóvenes de 29 y 21 años son asesorados por la abogada Andrea Garrido, la defensora penal Fernanda Molina representa a S. S. M. V., y Vanessa Pérez tiene como su cliente a D. I. A. H.

Justamente, esta última jurista manifestó que durante la audiencia preparatoria el punto que centró el debate fue la solicitud de exclusión de los 10 testigos reservados que presentó la Fiscalía de Ancud.

"Primero (en otra instancia procesal), habíamos presentado una cautela de garantías para conocer la identidad de estos testigos para interrogarlos, pero no se dio lugar; ahora en esta audiencia tratamos de excluir esta prueba por infracción de garantías constitucionales porque pensamos que esta reserva obstruye nuestro derecho de defensa, al no saber quiénes son en el contrainterrogatorio", explicó la fuente.

Más allá de estos argumentos, el magistrado Nicolás Santibáñez rechazó esta petición manteniendo casi toda la prueba fiscal, como también la evidencia expuesta por las defensas que buscarían la absolución de sus representados.

Coartada

Como remarcó Pérez, tiene medios directos como coartada para sustentar que el imputado que asesora no estuvo en el lugar del ataque.

"Presentamos una joven que estuvo con mi cliente el día y la hora en que ocurrieron los hechos. Esta es la principal prueba para acreditar que no participó, lo que complementamos con audios que dan cuenta que no intervino en la agresión, como también peritajes como la reconstitución de escena y el informe de un antropólogo", sostuvo la profesional.

De esta forma, el auto de apertura debe ser remitido al Tribunal Oral en lo Penal de Castro que fijará el juicio (para fines de este año o comienzos del próximo), fase decisiva de esta bullada causa.

El máximo peso de la justicia, aunque los acusadores invocaron 15 años de cárcel, pidió Valeria Barría, madre de Brett Ojeda, quien fue ultimado en la calle en Ancud. Espera que la prueba fijada para el juicio permita acreditar la responsabilidad de los cuatro acusados en el crimen.

"Llegando a la etapa final de este caso, como madre es muy complicado enfrentar esto, por lo menos es un alivio que se mantenga toda la prueba, los testigos para condenar a estos sujetos... Pedimos pena máxima, porque este crimen fue con alevosía y ensañamiento, fueron muchas las lesiones que le causaron a mi hijo", indicó la vecina.

Reconoció la isleña que enfrentar el próximo juicio oral será reabrir heridas que nunca han cerrado. "Es muy doloroso, en las primeras audiencias no estaba preparada, pero ahí me enteré de las lesiones que le causaron a mi hijo... fue terrible", confesó.

Incluso, no dudó en describir el daño generado a su hijo: "Le quebraron los dos brazos, las dos piernas, la columna vertebral en tres partes, le dieron dos puñaladas y aparte de eso le molieron su cabeza. Es necesario que lo sepa toda la comunidad, para que vea la clase de animales que son".

Asimismo, la fuente precisó que un elemento que agrava este caso es que su hijo era epiléptico. "Esta enfermedad es una discapacidad y esto agrava la falta, cuando lo agredieron intenta salvarse y empezó a convulsionar. En ese instante, estos tipos lo atacaron, fue una bestialidad y le dieron esta golpiza", indicó la progenitora.