Diego Gotelli C. - Medios Regionales

El próximo martes a más tardar es el plazo que tiene la Cámara de Diputados para votar el proyecto de cuarto retiro de fondos desde las AFP, luego que el Gobierno aplicara urgencia de discusión inmediata al trámite legislativo.

La medida instruyó a la corporación a acelerar la evaluación de la propuesta de reforma, a fin de ser despachada la iniciativa en sala en un máximo de seis días.

En el oficio enviado al Congreso, el Ejecutivo justificó su decisión en la "imperiosa necesidad" de que el Parlamento zanje "a la brevedad posible" la discusión para "reducir los impactos financieros, inflacionarios, de tasas de interés, entre otros efectos macroeconómicos", que, a su juicio, genera la incertidumbre sobre si se aprobará o no la medida.

La urgencia sorprendió a algunos parlamentarios dado el reconocido rechazo que muestra el Gobierno a los retiros. El subsecretario Segpres, Máximo Pavez, enfatizó que con esto "de ninguna manera" está avalando la propuesta, sino que buscan "despejar las incertezas que esta mala reforma le impone al país al no estar su votación".

El oficio fue dado a conocer minutos después de que el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara -en la que se está debatiendo la reforma-, diputado Marcos Ilabaca (PS), reconociera que el avance de la iniciativa ahora está "en una situación compleja", pues estimó que entre el martes y ayer "varios" congresistas oficialistas habrían restado su apoyo por "presiones".

"El Gobierno ha desarrollado un nivel de presión que no habíamos visto, ni siquiera en el primer retiro, y ha estado complicando el proceso para encontrar adhesiones", acusó.

Diego Ibáñez (CS) señaló que para destrabar el proyecto y que supere la votación en sala se necesitarán 11 votos a favor en la derecha, los que hoy no estarían. "El Gobierno está muy seguro de poder haber rechazado esta iniciativa", enfatizó.

En el oficialismo no comparten el pronóstico. Camilo Morán (RN) contó que en el sector no hay "certeza" sobre las posturas, la que él aún no define, y el político de la UDI Jorge Alessandri previó que "hay un 35% de posibilidades" de que el cuarto retiro se apruebe en la Cámara, y un 5% en el Senado.

Doce indicaciones

La Comisión de Constitución inició ayer el debate en particular de la iniciativa, instancia en la que deberá resolver las doce indicaciones ingresadas a la propuesta.

En la sesión se aprobó incorporar una iniciativa impulsada por miembros del Frente Amplio y el Partido Comunista que pretende autorizar el retiro total de fondos para pacientes con enfermedades catastróficas. Por contraparte, fueron desestimadas una iniciativa del diputado Jorge Durán (RN) que buscaba reemplazar el texto completo, y otro del pacto Apruebo Dignidad que consideraba fijar impuestos para quienes tengan ingresos mensuales sobre los $2,5 millones.

En la discusión el diputado Alessandri advirtió que por algunas indicaciones haría reserva de constitucionalidad, pues aseguró que la iniciativa aborda materias de atribución exclusiva del Ejecutivo. Su par del PPD Raúl Soto le recordó que él también anunció un proyecto similar para el retiro total de fondos ante una supuesta amenaza de expropiación, por lo que debería aplicar la misma reserva contra su propia iniciativa.

La comisión volverá a sesionar el lunes hasta total despacho para esclarecer las nueve indicaciones pendientes, entre ellas una de la DC que también apunta a incluir impuestos a las altas rentas.

Una nueva diferencia entre el Gobierno y la Convención Constitucional causó la decisión de la Dirección de Presupuestos (Dipres) de rechazar un aumento de fondos de $1.743 millones solicitados por la mesa de la Convención, a fin de cubrir durante este año los nuevos montos acordados para sus asignaciones.

A través de un oficio que publicó El Mercurio, dicha solicitud fue desestimada por la Dipres aludiendo a motivos de "estrechez fiscal" y una política de austeridad.

"Es una mala decisión", criticó la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, quien instó al Presidente Sebastián Piñera a "asumir el apoyo" hacia la instancia que en la víspera dijo dar ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. El vicepresidente del órgano, Jaime Bassa, enfatizó que hay "un doble discurso" y "obstáculos políticos" tras el rechazo, y recordó que tales recursos no son para ingresos de los convencionales, sino que para pago de asesorías y viáticos.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, enfatizó que pese al oficio se sigue conversando con la Convención y que se les pedirá mayores antecedentes para "tratar de entender exactamente el uso de este recurso" y revaluar la petición. "Nuestra intención es ayudar, pero tenemos marcos presupuestarios", enfatizó en radio Pauta.

A bordo de un avión de la FACH salió ayer desde México Raúl Escobar Poblete, exfrentista quien fue extraditado a Chile para enfrentar un juicio por el crimen del exsenador y fundador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán, ocurrido en 1991 y del cual el llamado "comandante Emilio" es sindicato como autor material. "Es un paso más hacia la justicia", dijo el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio. "Esperamos que esté privado de libertad el resto de su vida", agregó el presidente gremialista, el diputado Javier Macaya.

Se esperaba que su arribo ocurriera esta madrugada y se analizaba el penal en que quedará detenido durante su procesamiento en el país, tras lo cual deberá retornar a México a cumplir una condena de 60 años por secuestro.