Secciones

  • Portada
  • Actualidad
  • Deportes
  • Clasificados
  • Estrellas

Fijan 29 medios de prueba para juicio por homicidio en el sector Mocopulli

Fiscalía invoca una pena de 10 años y un día de cárcel para el acusado, mientras que la contraparte va por la absolución por legítima defensa.
E-mail Compartir

Pedro Bárcena González

29 medios de prueba se fijaron para el juicio oral que enfrentará un sujeto sindicado como responsable de matar de una estocada a la altura del corazón a su hijastro, tras un incidente familiar registrado en el sector Mocopulli, comuna de Dalcahue. Un crimen por el que arriesga 10 años y un día de presidio.

En audiencia realizada ante el Juzgado de Garantía de Castro se preparó lo que constituirá la instancia procesal clave por este caso que se remonta a la noche del 5 de marzo del 2021, cuando falleció Álvaro Sebastián Raquil Raquil (21). El encartado de iniciales G. A. A. A. (38) enfrenta cargos por homicidio.

Tal como expuso el fiscal Luis Barría en su acusación, en medio de un altercado, "primeramente la víctima agrede con un arma blanca por la espalda al imputado, causando lesiones leves, produciéndose un forcejeo entre ambos". Producto de esta acción, el hijo de quien era la pareja del acusado cayó al suelo, "situación que es aprovechada por el imputado, para propinarle una puñalada en el pecho", informó.

El persecutor junto con fijar 9 testigos, 9 documentos (7 para ser usados en instancias posteriores a la etapa probatoria del juicio), tres peritos y 7 evidencias materiales (incluyendo la presunta arma homicida), solamente reconoció como atenuante objetiva la irreprochable conducta anterior, pese a esbozar en la formalización la "posibilidad de una legítima defensa incompleta por la lesión que sufrió el imputado en la espalda", como dijo en la ocasión.

Justamente, en la configuración de una agresión ilegítima anterior estará el debate en este juicio. Es más, el defensor particular Yerko Yáñez apunta derechamente que irá por la absolución, en base a este argumento.

"Postulamos una eximición total de responsabilidad penal por la legítima defensa, o lo menos podemos establecer una legítima defensa incompleta en el TOP (Tribunal Oral en lo Penal, de Castro), con la prueba que se fijó, sin que pidiéramos exclusiones por ser la misma que teníamos planificada", apuntó el jurista.

El énfasis probatorio, como agregó la fuente, estará en los testigos "que demostrarán los problemas que tenían los intervinientes y que gatillaron esta lamentable situación".

Atenuantes

A su vez, de no ser acogida la tesis principal de la defensa, Yáñez adelantó que a lo menos tres aminorantes se podrían solicitar: la irreprochable conducta anterior, la autodefensa incompleta y la colaboración sustancial. Un concurso de medidas en busca de una eventual pena sustitutiva en libertad.

Por su parte, Álex Contreras, coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), quien pese a no actuar como querellante presta asesoría a la familia del occiso, indicó que los medios probatorios serían suficientes para acreditar tanto el delito como la autoría en el mismo del acusado.

"Brindamos acompañamiento integral (emocional, sicológico terapéutico y social) a la madre del joven fallecido. Se está realizando una intervención familiar con todo ese núcleo, debido a que se trata de un homicidio que se dio en trágicas circunstancias", aclaró el abogado, sumando que le han explicado a la familia el proceso judicial.

Agregó el profesional que la posición de la usuaria es "esperar que se aplique una sanción justa, que se respeten los derechos de todas las personas involucradas".

El juicio oral quedó programado para el 3 de marzo del 2022.

3 de mayo fue la reconstitución de escena por este caso que indagó la PDI.

207 días privado de libertad suma el acusado, que está con arresto total.

15% de las causas que atendió la Defensoría en la zona fueron de Chiloé

Titular del organismo rindió su cuenta pública de la gestión 2020.
E-mail Compartir

Vía streaming y presentada ante los internos de la cárcel de Castro, se realizó la cuenta pública por parte de la defensora regional, María Soledad Llorente, en la cual destacó que el 15 por ciento de las causas cubiertas durante el 2020 por la institución correspondieron a Chiloé.

La abogada, por primera vez dentro de la pandemia, analizó la gestión organizacional de forma presencial, ante reclusos representantes de cada uno de los módulos del Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt. Su transmisión fue replicada en el penal de la capital chilota, donde estuvo el defensor local de Castro, Luis Mora,.

En la ocasión, la jurista remarcó que el año pasado se asumió la representación de más 22.700 casos penales, de las cuales 3.396 fueron en la provincia.

Asimismo, la profesional enfatizó que la mayoría de las causas asumidas por la institución, un 30% del total, correspondían a personas que fueron detenidas o notificadas por el Ministerio Público de haber cometido alguna vulneración a las cuarentenas o a las distintas restricciones de movilidad impuestas por la autoridad en contexto de pandemia.

"El trabajo desplegado por la defensa permitió que la comunidad en general conozca mejor la importancia del derecho a defensa penal pública, porque como nunca antes en la historia del sistema penal, aumentó la cantidad de personas que eran imputadas de un delito por primera vez en su vida, precisamente por hechos como circular fuera de horario o sin permiso sanitario", indicó Llorente.

Precedente

Igualmente, la abogada destacó los fallos obtenidos por la defensa, que sentaron un precedente, como por ejemplo el de inicios de este año, cuando la Corte Suprema estableció como ilegales las detenciones por ilícitos sanitarios de dos personas que vivían en situación de calle; incluso, uno de ellos ya había sido detenido 14 veces por la misma razón.

Llorente destacó que Los Lagos fue la primera región de Chile en implementar la inteligencia artificial para la defensa en todo su territorio, así como también el premio a la innovación obtenido gracias al proyecto desarrollado junto a la Universidad Santo Tomás, que ha permitido contar con representantes para aquellos sujetos inimputables. También relevó el trabajo con las familias de las personas que por primera vez ingresan a prisión preventiva.