Pedro Bárcena González

Otro grave caso de violencia intrafamiliar (VIF) se judicializó ayer, por el cual un sujeto de 56 años quedó en prisión preventiva. Fue formalizado por femicidio tentado y amenazas, luego que se le sindicara responsabilidad en una feroz agresión contra quien era su pareja, en el domicilio que compartían en el sector alto de Castro.

La denuncia de un conductor de la locomoción colectiva alertó del procedimiento a Carabineros de la Segunda Comisaría local, que logró la aprehensión en flagrancia del imputado.

Según explicó el mayor Gustavo Guajardo, jefe de la unidad base, el operativo se enfocó en la población Salvador Allende tras los antecedentes remitidos desde la Central de Comunicaciones (Cenco).

"En la denuncia anónima se informaba que una mujer pedía auxilio, que al parecer se encontraba lesionada. Por ello, personal policial se traslada al lugar y se entrevista con una vecina de 64 años, quien manifiesta que su conviviente de hace unos tres meses a la fecha comenzó a agredirla constantemente, situación que ahora pasó a mayores", acotó el oficial.

El mediodía del miércoles habría ocurrido la golpiza, primero en el antejardín del domicilio para luego continuar al interior de la casa.

"Como indicó la víctima, el hombre le lanzó un golpe con un cuchillo (supuestamente al cuello), el cual logra interrumpir su trayectoria colocando su mano izquierda que recibe la agresión", precisó el jefe policial.

Ante el Juzgado de Garantía de la capital chilota fue puesto a disposición el encartado, en una audiencia donde no se incidentó la legalidad del procedimiento de Carabineros, ante la flagrancia de la detención.

Diligencias

Luis Barría, el fiscal de turno y especialista en investigar causas de VIF, encausó al sujeto exponiendo que "se realizaron diligencias que permitieron la aprehensión del imputado, para luego instruir a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) que llevó a cabo una serie de pesquisas acreditando la existencia de un delito de femicidio en carácter de tentado, por el cual se formaliza".

El persecutor invocó la cautelar más gravosa estimando que la libertad del sujeto constituye un peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad. Una cautelar que fue rebatida por el defensor Rodrigo Zamorano, quien cuestionó los presupuestos materiales del delito.

De acuerdo al abogado, en base a los antecedentes existentes "creemos que existen muchas dudas sobre la verosimilitud de la denuncia".

Remarcó el jurista que, según lo expuesto por su representado, "ella se habría propinado la herida cortante en la palma. Hay que considerar que si el imputado hubiese intentado agredirla de muerte, como se postula, la afectada habría tenido más lesiones".

Asimismo, la fuente criticó que "no se hayan incorporado empadronamientos a los vecinos, solo está la información del chofer que denunció, quien dice que escuchó unos gritos".

Pese a estas alegaciones, la magistrada Alejandra Varas decretó la prisión preventiva.

90 días fijó el tribunal para la investigación de la Fiscalía de Castro.

En dos operativos realizados en Chiloé en las últimas horas, se logró la incautación de 9 mil 246 kilos de productos marinos ilegales.

Personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), en una fiscalización de rutina en el muelle artesanal de Quellón, a una lancha transportadora que realizaba maniobras desembarque de erizos, detectó que 4.446 kilos del recurso se encontraba bajo la talla mínima legal permitida para su extracción.

Tal como explicó Branny Montecinos, director regional (S) de Sernapesca, "extraer recursos que no han alcanzado la talla mínima legal es grave para la sustentabilidad del sector, ya que esto implica que no han llegado a su edad reproductiva. Por lo tanto, queremos hacer un llamado enérgico a que nuestras usuarias y usuarios respeten estas medidas que administración que lo que buscan es cuidar nuestro mar, nuestros recursos y, por supuesto, el trabajo de miles de pescadoras y pescadores".

El segundo dispositivo se llevó a cabo en la barrera sanitaria de Chacao, donde funcionarios de este servicio junto a Carabineros de la Tenencia local, controlaron a un camión que llevaba un cargamento de 4,8 toneladas de salmón atlántico fresco, sin la documentación que acreditara su origen legal ni el certificado sanitario de movimiento.

Según el jefe de unidad, teniente Héctor Figueroa, con este dispositivo se "logra erradicar el tráfico de recursos marítimos". Detalló que el vehículo pesado mantenía "cuatro bins y 32 bandejas con salmones, sin cadena de frío", como tampoco con las certificaciones de rigor.

El oficial remarcó que los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía de Ancud, donde se instruyó que "el conductor quedara apercibido, en espera de citación". Además, Sernapesca -al igual que en el operativo de Quellón- notificó los antecedentes al tribunal civil.

La Autoridad Sanitaria determinó que los salmones no eran aptos para el consumo humano, por lo que fueron donados a la ONG Chiloé Silvestre para su Centro de Conservación de la Biodiversidad, Reserva Marina Pullinque, en Nal Bajo.