Fijan más de 70 medios de prueba para juicio por muerte de conscripto chilote
Se realizó la audiencia de preparación por la causa de homicidio, seguida contra un joven que arriesga 12 años de cárcel por el mortal atropello al dalcahuino Hugo Muñoz (19), en un punto de control sanitario en la capital regional.
Con la incorporación de toda la prueba de los intervinientes, salvo un peritaje de la defensa, se preparó en las últimas horas el juicio oral por el delito más grave registrado en medio de los controles por la pandemia del covid-19 en la región: la muerte del conscripto dalcahuino Hugo Muñoz Sotomayor (19). Un caso que se enfocó en el cruce La Vara de Puerto Montt y que entró en su fase judicial decisiva.
Ante el Juzgado de Garantía de la capital regional, las partes presentaron sus medios probatorios. Una audiencia que ese extendió por una hora y que partió con el sobreseimiento definitivo parcial realizado por el magistrado Rolando Díaz a los cargos contra el acusado de iniciales R. A. C. R. (25) por atentado contra la salud pública, al registrarse el mortal atropello al soldado en horario de confinamiento nocturno, el 7 de junio del 2020.
El fiscal de la causa, Marcelo Maldonado, expuso la evidencia recopilada con el objeto de intentar acreditar la existencia de un homicidio, por el siniestro vial que le costó la vida al chilote, quien cumplía labores de fiscalización a las medidas sanitarias en un punto de control en la Ruta V-505. Tras el impacto de la camioneta guiada por el imputado, el isleño salió eyectado a 30 metros de distancia y murió en el lugar.
Detalle
71 son los elementos probatorios incorporados en la acusación del persecutor, quien invocó una pena de 12 años de presidio contra el encartado. 14 testigos, cinco peritos, 27 documentos (informes policiales, periciales y alcoholemia), 9 evidencias materiales y 16 otros medios (incluyen 160 fotos) se fijaron por el Ministerio Público.
"Se revisaron las pruebas que van a llegar al juicio contra el imputado, a quien le atribuimos una participación en una calificación jurídica de un delito de homicidio. Se debatió la evidencia y logramos incorporar toda la prueba que producimos en la etapa investigativa", remarcó el abogado.
Junto con reconocer su conformidad con el resultado de la audiencia, Maldonado enfatizó que igual existe satisfacción con lo resuelto "en cuanto a no disminuir los hechos de la acusación que planteaba la defensa (postula un delito culposo) y también por no prolongar la tramitación de este juicio".
Antes de fin de año espera el fiscal que se lleve a cabo el juicio oral, siendo tajante en esgrimir que buscará crear convicción en los sentenciadores en torno a que "hay una representación del imputado, que su actuar ponía claramente en riesgo la vida de una persona".
Por su parte, los querellantes que adhirieron a la acusación del ente persecutor, igual valoraron que se haya acogido de forma íntegra la prueba presentada.
Tal como indicó Álex Contreras, coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), que representa a Carolina Sotomayor, madre de la víctima, "no se excluyeron pruebas en esta preparación que constituye un avance importante en la causa quedando ahora en espera del juicio, por el que esperamos una condena a las penas que solicitamos junto a la Fiscalía".
En tanto, Javiera Oyarzún, abogada de la Delegación Presidencial en Los Lagos que también es parte de la causa, precisó que la prueba ofrecida por el Ministerio Público "es la misma a la que adherimos y se incorporó en su totalidad. Es abundante en el plano testimonial, documental, pericial y además es numerosa la evidencia material que se exhibirá".
Exclusión
Igualmente, durante la sesión judicial, el defensor particular Sergio Coronado buscó excluir de la causa a la ex Intendencia Regional, aduciendo que no tendría legitimación para proceder criminalmente contra el imputado. Una de las causales sería el sobreseimiento del delito sanitario en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, como sustento de su intervención en el proceso penal para velar por la seguridad y orden público.
Más allá de estas alegaciones, el juez Díaz mantuvo a esta entidad como querellante. Además, determinó que hoy se procede a la lectura del auto de apertura, que pasará al Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt que fijará el juicio por este bullado caso.
"No se trata de cualquier víctima, sino de una que estaba realizando una labor valiosa en contexto de pandemia. Es una causa sensible para el Ejército y la sociedad".
Javier Oyarzún,, abogada de la Delegación Presidencial de Los Lagos.
Defensa
El defensor privado Sergio Coronado, junto con incorporar la prueba fiscal, igual sumó medios propios con el objeto de sustentar su teoría del caso. Remarcó que no se configura el homicidio y que los hechos corresponden a un cuasidelito. Afirmó que no hay dolo de matar. Dentro de la evidencia que utilizará para esta postura está la reconstitución de escena, que "fue fundamental para nosotros, puesto que por primera vez pudimos plasmar la versión de mi representado y logramos percibir de manera directa, con similares condiciones de luminosidad, la forma en que operó la patrulla que realizó el control en ese día", indicó tras la diligencia.
15 de marzo pasado fue la reconstitución de escena, realizada tras reabrirse la indagatoria.