Diego Gotelli C. - Medios Regionales

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, salió al paso de la revelación de una indagatoria millonaria contra su esposo, hecho que dijo "no afecta" su aspiración hacia La Moneda.

Según una investigación periodística, el marido de la senadora de la DC por Atacama, Mauricio Olagnier, es indagado por presunta irregularidad cuando trabajó en Junaeb (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) el 2017, generando junto a otro acusado un gasto cuestionado de $859 millones que Contraloría les exige devolver, en un juicio que aún está abierto.

Consultada al respecto ayer en un debate presidencial, Provoste enfatizó que "la candidata soy yo" y cuestionó que las mujeres deban "responder por los actos de nuestros maridos". Además dijo que por el tenor de la revelación "me imagino que fueron a buscar a los paraísos fiscales y no encontraron nada", y recalcó que el llevar cuatro años la indagatoria estancada mostraría que ella no ha usado "privilegios" para agilizarlo.

Tenso debate

Uno de los temas que marcó el encuentro entre candidatos fue lo relativo a seguridad, materia en que el abanderado oficialista Sebastián Sichel criticó la labor del Gobierno actual en resguardo territorial y combate al narcotráfico. "Ha habido un fracaso", catalogó.

Al respecto, Provoste le enrostró que "la única vocera que le va quedando es la responsable de esta materia", aludiendo a la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Sichel replicó que no ha definido su ministro en el ramo en caso de que ganase.

Otra pugna fue protagonizada por el abanderado de Aprueblo Dignidad, Gabriel Boric, y el fundador de Republicanos José A. Kast, quien le recordó varias veces su pacto con el Partido Comunista y trató al frenteamplista como un "(Daniel) Jadue disfrazado de Boric". El diputado respondió que quien estará en la papeleta "soy yo" y que "las decisiones las voy a tomar yo y no Daniel Jadue".

Kast también advirtió a la Convención Constitucional que si cae en acciones que a su juicio implican "salirse de los márgenes" de la reforma que abrió el proceso constituyente, "seré partidario de llamar al rechazo en el plebiscito de salida".

Entre sus intervenciones, Marco Enríquez-Ominami trató de "incompetente" al Presidente Sebastián Piñera por su política migratoria, y Eduardo Artés exigió liberar a los "presos del estallido" pues, consignó, estarían recluidos porque un mandatario "imputado declaró la guerra".

Las mayores cifras de infecciones desde que inició el desconfinamiento reportó ayer el balance de la pandemia que realiza el Ministerio de Salud.

Con 1.703 casos nuevos detectados en las últimas horas, este viernes superó todos los reportes hasta el 22 de julio, fecha en que el país estaba en pleno proceso de liberación que días después llevó a la apertura de fronteras y el fin de las zonas en cuarentena.

El monitoreo de ayer también constató un aumento en la positividad de los PCR que llegó a 2,46%, también la más alta desde julio, con regiones como Antofagasta y la Metropolitana que llegaron a 4%. Los casos activos aumentaron a 6.322, el doble de lo que había hace tres semanas.

"Hay una tendencia al aumento de casos", reconoció el ministro de Salud, Enrique Paris, cuya cartera informó un incremento del 35% en los contagios en comparación a una semana, y de un 47% en la medición bisemanal.

El secretario nacional del Colegio Médico, Miguel A. Bernucci advirtió que en esta alza de cuadros "aún no sabemos hasta donde va a llegar el techo", pero el titular del Minsal pidió "cambiar el paradigma" y evaluar la pandemia mirando las camas UCI, cuya demanda por cuadros covid agravados se ha mantenido estable bajo los 400 pacientes durante tres semanas.

"Gracias a nuestra exitosa campaña de vacunación (...), la mayor cantidad de pacientes puede cursar la enfermedad en su casa y no se agrava", dijo el ministro.

En prisión preventiva quedó el exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, imputado por malversación de caudales públicos y otros dos delitos.

Ayer en la formalización el Consejo de Defensa del Estado afirmó que la malversación sería "ostensiblemente mayor" a los $146 millones que según la Fiscalía fueron a parar a cuentas suyas y de su esposa, sacando dichos dineros de los fondos reservados de la institución.

A su turno, la defensa del exoficial de la Policía de Investigaciones cuestionó la investigación afirmando que el Ministerio Público no tiene pruebas para acreditar el origen ilícito del dinero, y menos podrían acusarlo de lavado de activos.

Para la jueza Carla Cappello, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la sospecha del desvío de fondos es "fundada", por lo que decretó la prisión al considerar su libertad como "un peligro para la seguridad de la sociedad".