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El Gobierno expulsó a 120 extranjeros

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Tras enfrentar trabas judiciales, La Moneda reanudó ayer su política de expulsión de extranjeros, y lo hizo con un vuelo con 120 venezolanos y colombianos.

El director del Servicio Nacional de Migración, Álvaro Bellolio, dijo que se trata de personas que tenían órdenes judiciales de expulsión e ingresos clandestinos. Aseguró que estos tenían a su haber delitos como tráfico de drogas, robo con violencia y un caso de femicidio frustrado y homicidio. El jefe nacional de Migraciones de la PDI, Roberto Toloza, agregó que también hay involucrados en tráfico ilegal de migrantes.

Bellolio afirmó que los extranjeros que cometen ilícitos "son muy pocos, pero mejora la relación con los nacionales si los que cometen delitos son expulsados".

Esto fue seguido por el Servicio Jesuita Migrante, que ha cuestionado la política gubernamental.

Formalizarán a PDI por muerte de Vivanco

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La Fiscalía Metropolitana Sur anunció que durante esta jornada formalizará a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) por su presunta participación en la muerte de la subinspectora Valeria Vivanco, ocurrida en junio en un operativo que se registraba en la comuna capitalina de La Granja.

La diligencia la encabezará el fiscal jefe de delitos violentos de la unidad capitalina, Christian Toledo, y se realizará directamente con el "homicidio de la subinspectora", según informó el órgano persecutor por Twitter.

El Ministerio Público indaga la posible falsificación de evidencia en este caso, en que inicialmente se formalizó a dos personas, las que luego fueron dejadas en libertad.

La familia de Vivanco lleva meses acusando al alto mando de encubrir el crimen de la joven.

Piñera lamenta muerte de comunero en Cañete, acusa terrorismo y respalda el actuar de las Fuerzas Armadas

De los tres detenidos, la Fiscalía ayer solo formalizó a uno por receptación y tenencia de municiones. Es el hermano del fallecido.
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Leo Riquelme - Medios Regionales

Protestas en La Araucanía, Concepción, Santiago y Valparaíso se desataron ayer en repudio a la muerte de un comunero mapuche en Cañete, Región del Biobío, quien falleció el miércoles en un presunto enfrentamiento en que Carabineros y funcionarios de la Armada usaron sus armas de servicio en el marco del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado por el Gobierno, y que quiere extender por otros 15 días.

El Presidente Sebastián Piñera aclaró que en el hecho murió una persona y no dos como dijo el Ejecutivo la noche anterior, lamentó lo ocurrido y respaldó el actuar de las Fuerzas Armadas y de Orden ante grupos que relacionó al crimen organizado y al terrorismo.

"Chile fue víctima de un grupo terrorista", dijo, asegurando que los carabineros y marinos "fueron emboscadas por violentistas".

Según el Gobierno y la Armada, el miércoles hubo dos enfrentamientos en la Ruta P-20, uno iniciado tras el intento de instalación de una barricada y otro por la ocupación de un predio. Ayer el Presidente añadió que en el operativo incautaron armas, fusiles y un vehículo con encargo por robo.

justicia

Ayer, la Fiscalía de Cañete formalizó a un detenido por receptación del automóvil robado en septiembre en Carahue, Región de La Araucanía, y por posesión ilegal de 26 cartuchos calibre 12.

El imputado es José Nicolás Llempi, de 21 años y hermano de Yordan Llempi, el fallecido en el presunto enfrentamiento. El tribunal lo dejó con arresto domiciliario total, pero le otorgó permiso para acudir a los funerales de su familiar. Asimismo, el órgano persecutor decidió no formalizar a los otros dos apresados el miércoles debido a la falta de pruebas en su contra.

Ayer había tres heridos en el Hospital Regional de Temuco, incluido el comunero dado por muerto. Su hermano acusó que los marinos disparaban directamente a quienes transitaban por la P-20.

Además de la indagatoria por la muerte de Llempi, el Ministerio Público abrió ayer también una investigación de oficio por el video difundido en redes sociales por un grupo autodenominado Weichan Auka Mapu, en el que una treintena de personas encapuchadas se exhibieron con armas de guerra y exigían la salida de las Fuerzas Armadas de la Macrozona Sur.

Mientras, en Victoria desconocidos destruyeron siete máquinas que efectuaban reparaciones en un puente sobre el río Cautín.

El mandatario aseguró que los implicados en este tipo de hechos son grupos que "atentan contra la vida de civiles y policías", que "queman y destruyen iglesias, escuelas, maquinarias e impiden la realización de órdenes judiciales", por lo que insistió en solicitarle al Congreso Nacional que apoye su solicitud de extender el Estado de Excepción, que autoriza los patrullajes castrenses en dos provincias del Biobío y dos en La Araucanía.

"En esta difícil y necesaria labor, Carabineros y la PDI con el apoyo de las Fuerzas Armadas cuentan con todo el respaldo de este Presidente, de nuestro Gobierno y de la gran mayoría de chilenas y chilenos que queremos vivir con mayor paz", aseveró Piñera.

Parlamentarios oficialistas afirmaron que respaldarán la ampliación del Estado de Emergencia solicitado por el Ejecutivo, asegurando que otorga herramientas para llevarle tranquilidad a la población, lo que no fue compartido por la oposición ni por los 17 convencionales constituyentes con escaños reservados, que marcharon hacia La Moneda para dejarle una carta al Presidente, a quien responsabilizaron de lo ocurrido en Cañete. Convencionales de derecha, en cambio, insistieron en acusar la presencia de terroristas en esa zona.