Diputados por la zona explican votos en la visada acusación contra Piñera
Jenny Álvarez, Gabriel Ascencio y Alejandro Bernales respaldaron el libelo, mientras que lo rechazaron Carlos Ignacio Kuschel y Alejandro Santana.
Diversas reacciones trajo consigo entre los parlamentarios de la zona la aprobación este martes por parte de la Cámara Baja de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, al que la oposición busca destituir tras su aparición en los 'Pandora Papers' por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas -un paraíso fiscal- del polémico proyecto minero Dominga, criticado por la eventual afectación al medioambiente.
Tras casi 22 horas de intenso debate, 78 diputados votaron a favor de abrirle un proceso, frente a 67 que lo hicieron en contra y tres que se abstuvieron. Se necesitaban justamente 78 votos para sacar adelante la propuesta (ver más en pág. 10).
Un hecho de ribetes totalmente históricos, pues se trata de la primera vez en que un Presidente de la República es acusado constitucionalmente dos veces y en el mismo período administrativo, lo que la oposición ha destacado en múltiples ocasiones desde el momento en que se aprobó el libelo.
oposición
El diputado Gabriel Ascencio, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, acreditó lo sucedió en el Congreso: "La acusación contra el Presidente Piñera es plenamente justificada, se basa fundamentalmente en haber infringido los principios de probidad que establece la Constitución y además de haber afectado gravemente el honor y seguridad de la nación producto de la utilización de su cargo en beneficio de sus negocios personales". Junto con ello el abogado, quien ayudó al ingreso de su par correligionario Jorge Sabag al edificio del Legislativo, agregó que "todos saben del tema de las Islas Vírgenes y de las cláusulas establecidas con el objeto del pago de una de las cuotas por la venta de la mina Dominga. La votación de ayer (lunes) da muestra que en la Cámara de Diputados no queremos que la impunidad continúe de la forma que la hemos tenido que vivir hasta este momento".
También desde la oposición, el diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales, expresó que "aprobamos la primera parte de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera. Esto a raíz de un reportaje internacional donde se demuestra que el Presidente lamentablemente transita constantemente en esta línea muy delgada que es la de los negocios y la política. El Presidente, a diferencia de los ministros cuando se aprueban acusaciones constitucionales, no queda suspendido de su cargo; por lo tanto, ahora es el Senado quien tiene la palabra para seguir adelante con esta acusación constitucional".
Por su parte, en la misma trinchera, la diputada Jenny Álvarez (PS) calificó como un acto de 'justicia' lo acontecido.
"Lo vivido en esta extensa jornada no ha sido más que la demostración de que Chile está sediento de justicia, la aprobación de la acusación constitucional contra el Presidente fue solo una gota de justicia frente a lo que la ciudadanía está aclamando y exigiendo desde el despertar de un pueblo sometido a las decisiones de los más ricos, respuesta a tantos abusos en materia de salud, educación, vivienda, etcétera", resaltó la exgobernadora provincial de Chiloé.
En razón de su votación a favor, la congresista que no va a la reelección subrayó que "he votado a favor con la sola esperanza de entregar a quienes me eligieron un poco de la justicia que todos soñamos".
En rn
En la vereda del frente, el diputado oficialista Alejandro Santana (RN) se mostró en desacuerdo con el visado del libelo, afirmando, entre otros aspectos, que es "una muy mala señal que se está dando como país".
"Yo creo que las cosas en política no pueden ser a todo evento; entender que la política es una guerra, que los adversarios son enemigos, es algo que no procede casi desde ningún punto de vista. Somos un país republicano, nosotros podemos ser críticos de la gestión de un Gobierno, que es natural en términos de lo que significa ser oposición, pero también es cierto que no hay argumentos", comentó el chilote.
En tal sentido, el político que compite por llegar al Senado hizo hincapié en que "algunos parlamentarios de oposición como Pepe Auth lo plantearon con mucha claridad: no existen los elementos y los argumentos para que un juicio político acuse constitucionalmente al Presidente".
Asimismo, el diputado Carlos Kushel, también de Renovación Nacional, previo a lo que fue la votación de los diputados y en el contexto del debate de medios de nuestra cadena, señalaba que hay "tantas instancias que nuestra Constitución, nuestra institucionalidad, nuestra costumbre, nuestros usos y costumbres políticas establecen" en temas como este, apuntando que "ir a una acusación final que de ser exitosa nos dejaría muy mal parados en el mundo, en circunstancias en que lo que tenemos que traer a Chile es confianza, respeto, orden", además de crecimiento económico.
Ayer, el mismo congresista apuntó que "hace tres o cuatro años se hizo la misma acusación con la diferencia que ahora apareció un contrato, antes se hablaba de la situación pero sin contrato. A mi juicio, los resultados van a ser más o menos los mismos de la otra vez, con la diferencia que se aprobó en la primera instancia, en la sala".
Adjuntó que en el libelo "se confunden situaciones de distinta índole, por la lista que hemos visto en la prensa (de los 'Pandora Papers') hay de todo tipo de gente con cuentas, de todos los partidos políticos y de todo el mundo. Yo no sé cómo funcionan los paraísos fiscales, pero a veces se usan para trasladar de Chile a Estados Unidos, se pasa por paraísos fiscales o por empresas de paraísos fiscales; eso se ha investigado y yo no estado en esa comisión".
Tras esta maratónica jornada que estuvo marcada por la exposición de más de 14 horas seguidas del diputado socialista Jaime Naranjo, con el objetivo de dilatar la instancia y esperar el voto del legislador Giorgio Jackson (RD), se logró luz verde para iniciar el proceso de destitución del mandatario, trámite que ahora deberá pasar a la Cámara Alta. Será necesario que al menos 29 de los 43 senadores apoyen la moción para que se inicie un juicio político contra Piñera.