La admisión universitaria: el desastre que se avecina
Cada año en esta fecha la admisión universitaria vuelve a la discusión pública, por diversas razones: lo injusto de los instrumentos, lo rígido del sistema, el despilfarro en publicidad, etc. A esas consideraciones quisiera agregar una consecuencia no prevista de la creación del sistema de acceso (Ley 21.091), el cual busca garantizar un ingreso igualitario y transparente a la educación superior: cada año están aumentando los cupos sin completar en las universidades.
Como sabemos, la población entre 18 y 24 años está disminuyendo y, por lo mismo, también quienes rinden la PSU, pasando de 231.172 en 2012 a 226.525 en 2021 (con un máximo de 264.049 en 2019). Los postulantes, seleccionados y matriculados, en tanto, han aumentado entre los mismos años: de 106.719 a 123.825, de 93.574 a 110.404 y de 70.184 a 89.484, respectivamente
Sin embargo, la brecha entre las vacantes disponibles y matriculados se ha ampliado. Si en el año 2012 se cubrió un 91,1% de los cupos ofrecidos y en el 2016 se llegó incluso a un 101,4%, en el 2017 esto descendió a un 96,1%. Desde ahí sólo ha ido cuesta abajo: 95,1% (2018), 92,5% (2019), 86,9% (2020) y 79,1% (2021). El desajuste entre las vacantes ofrecidas y el número posible de matriculados se ha vuelto estructural y no se podrá corregir con políticas puntuales o contingentes.
Las razones son dos. 1ro, el mayor número de instituciones en el sistema de acceso, que pasó de 33 en 2012 a 43 en 2021 (el próximo año serán 45), con el consiguiente aumento de vacantes de 77.041 (2012) a 113.105 (2021). 2do, la exigencia de 450 puntos, que deja más de 100.000 estudiantes sin la posibilidad de postular.
Si esta tendencia continúa, las universidades integradas al sistema de acceso sufrirán un despoblamiento parcial pero sistemático de sus carreras, que, con diversas intensidades, afectará incluso a las más selectivas. Este problema sólo tendrá una solución también estructural: eliminar la voluntariedad de integrarse al sistema de acceso y la barrera de los 450 puntos. Que, dicho sea de paso, tuvo un origen administrativo y no académico: reducir el tiempo de procesamiento de las postulaciones, cuando ellas aún se hacían en tarjetas perforadas.
Paradojalmente, de no cambiar esta situación, se favorecerá a las instituciones que no se integren al sistema de acceso y perjudicará a las que estén en él, afectando seriamente los propósitos para los cuales fue concebido.