Debaten legítima defensa en juicio por parricidio
Acusado de matar de un cuchillazo al corazón a su padre, en el sector alto de Castro, arriesga cadena perpetua simple.
Con el foco en el debate del concurso de una eventual legítima defensa, como la concurrencia de antecedentes que sustenten una inimputabilidad disminuida, concluyó ayer la exposición de los medios de prueba en el juicio seguido contra un joven, acusado del delito de parricidio. Un ataque que se produjo en plena vía pública de la población Padre Hurtado de Castro.
Una pena de presidio perpetuo simple arriesga el sujeto de iniciales J. A. O. N. (31), quien ultimó de una cuchillada al corazón a su padre, Jaime Obando Sánchez (54), la noche del 7 de abril del 2020. Una agresión que se está analizando en audiencia en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro, la cual ya cumplió dos jornadas.
La declaración del encartado abrió los fuegos probatorios, para luego pasar al testimonio de familiares de los intervinientes y vecinos, como también peritos, documentos y evidencia material. Como indicó el fiscal Luis Barría, dentro de las pruebas "destaca una serie de testigos presenciales que permiten establecer la dinámica del hecho".
Justamente, en la secuencia del ataque está la discusión. Tanto el Ministerio Público como la querellante, María José Obando, hija del fallecido, representada por el abogado Álex Contreras del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), remarcan que se trató de una agresión directa.
Por su parte, el defensor Juan Manuel Castro enfatizó que "estamos solicitando la absolución por legítima defensa", agregando que Obando Sánchez "portaba un hacha tras la discusión que sostuvo con su hijo dentro de la casa", la que luego pasó a la calle.
Es más, el jurista introdujo en el juicio el antecedente de que el imputado actuó para evitar una golpiza a su madre durante esa fatídica jornada, en el marco de una constante espiral de violencia que sufrió la mujer de parte de su esposo.
Intención
Los acusadores rebatieron la teoría exculpatoria. Según Contreras, existe un testigo presencial "que fue a comprar cigarrillos y al retorno observó el ataque directo a la víctima". Además, precisó que el progenitor "portaba el hacha pero la mantenía en posición de descanso, con el filo hacia bajo, como señalaron los testigos; estaba apoyado en esta herramienta, no la estaba blandiendo".
Insistió el coordinador del CAVD que no se configura esta eximente, "puesto que no existe la intención de repeler una agresión".
Asimismo, Castro presentó informes de antecedentes siquiátricos que padecería el joven. Una serie de datos que profundizaría ante una supuesta condena, durante la audiencia de determinación de penas. Todo ello, para configurar una inimputabilidad disminuida.
"En base a certificados (del Hospital Penitenciario de Puerto Montt, firmados por la siquiatra Mónica Almonacid el 17 de julio del 2020) se da cuenta que mi representado padece de discapacidad intelectual moderada y daño orgánico cerebral, contando también con antecedentes de micropsicosis", puntualizó el profesional.
Además, para sustentar esta postura, el jurista incorporó como prueba propia un informe pericial siquiátrico evacuado por el Servicio Médico Legal de Puerto Montt el 28 de diciembre de 2020.
Estos argumentos ya habían sido desvirtuados por el fiscal Barría, apuntando que "con los antecedentes investigativos y periciales lo descartamos".
De esta forma, solo resta conocer esta jornada los alegatos de clausura de las partes, para luego esperar el veredicto de la sala presidida por la magistrada Angélica Monsalve, contra el acusado que se ha mantenido en prisión preventiva desde el inicio de la investigación.
"Esperamos que la pena que pedimos sea acogida por todo el daño que ocasionó este delito en el núcleo familiar".
Álex Contreras,, coordinador del CAVD.