L. R. C. - Medios Regionales

En medio de los preparativos para los comicios presidenciales, parlamentarias y a consejeros regionales de mañana, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, aclaró ayer que aún no ha terminado el proceso de revisión de cuentas que presentó para la segunda vuelta a gobernadora regional metropolitana la ahora candidata a senadora por Comunes y Apruebo Dignidad, Karina Oliva, cuyo bloque le quitó el respaldo el jueves por la difusión de cuantiosos pagos a sus asesores y un posible financiamiento de precampaña, lo que no está permitido por la ley.

Tagle pidió no sumar todos los montos difundidos -137 millones pagados en honorarios a siete personeros-, pues lo aprobado hasta ahora por su entidad son solo por la primera vuel-ta, y no por el balotaje en que cayó con Claudio Orrego (DC).

El directivo apuntó que uno de los gastos más controvertidos, un desayuno "feminista" por el que se rindieron 28,5 millones de pesos, pertenecen justamente a la segunda vuelta que aún no se evalúa.

"El Servel no ha revisado, observado ni aprobado todavía esa rendición de la segunda vuelta. Eso se va a hacer en el futuro, por lo tanto las cifras para nosotros no son las mismas que se están diciendo en Ciper", añadió en alusión al medio que realizó la investigación periodística.

Tagle insistió en que se necesitan modificaciones legales para mejorar los procedimientos, entre los que indicó la opción de que las contrataciones a honorarios se informaran al momento de realizarlas, no al final.

En sus declaraciones a los medios el jueves Oliva deslizó que las boletas incluyen pagos a brigadistas y a meses anteriores a la campaña legal.

La denuncia también está siendo investigada por el Ministerio Público. Ayer el fiscal a cargo, Héctor Barra, explicó que la indagatoria es por eventual fraude a las subvenciones y que ya solici-tó los antecedentes del caso al Servel.

Al cierre de la edición, Carabineros allanaba la sede de Comunes en la capital por este caso.

El Gobierno salió ayer a respaldar al ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, a quien una investigación de Contraloría le sindicó en octubre como responsable administrativo de una serie de irregularidades cometidas por su administración cuando era alcalde de Estación Central.

Las anomalías versan sobre la contratación entre 2015 y 2016 por "trato directo" de la elaboración de piezas de publicidad municipal con su nombre y de algunos programas, y por la autorización de un viaje de dos concejales a Europa.

Delgado (UDI) respondió a Canal 13 que las piezas publicitarias con el nombre del alcalde eran algo habitual en esa época, lo que solo varió luego por orden de Contraloría.

Respecto a la contratación directa, afirmó que fue debido a que era por actividades en plazas y obras de teatro de verano, para las cuales no había tiempo de extender de enero a febrero de otra manera. Y sobre el viaje, indicó que se cuestionó la agenda de las autoridades.

Un grupo de concejales acudió ayer al Tribunal Electoral Regional (TER) a presentar una reclamación por notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa.

Para el actual jefe de gabinete, la acusación solo tiene interés político, a lo que se plegó el vocero de Gobierno. "Querer destrozar a cualquier persona que piensa distinto a uno no es la lógica democrática", dijo Jaime Bellolio.

Días después que frenara la adjudicación al consorcio chino-alemán Aisino, la dirección del Servicio de Registro Civil e Identificación anunció ayer que otorgó a la empresa francesa Idemia la elaboración de las cédulas de identidad y pasaporte para los próximos diez años.

Según informó la entidad en un comunicado, el acuerdo significará para los usuarios la mantención del precio del carnet, cuya tramitación cuesta hoy 3.820 pesos; mientras que aseguró que el valor del pasaporte bajará a la mitad.

De concretarse lo anunciado, significará que el documento dejará de estar "entre los más caros del mundo", para abaratarse en unos $40 mil respecto a los 89.660 y 89.740 pesos -según el número de páginas- que vale hoy.

Esta semana el Registro Civil decidió frenar el contrato con la empresa Aisino, determinación que estuvo relacionada con una advertencia sobre seguridad hecha por Estados Unidos, que analiza la extensión del programa de Visa Waver que tiene con Chile, que posibilita el acceso a trámites expeditos y por internet para ingresar a dicha nación.

La decisión llevó a la compañía y al Gobierno chino a advertir posibles reclamos ante las instancias correspondientes.

Ayer el Registro Civil afirmó que el contrato por 224 millones de dólares con los franceses garantiza, aparte de un abaratamiento, "la máxima calidad" y "los mayores estándares de seguridad y confidencialidad a nivel mundial, lo que se dudaba de Aisino.