Redacción

"En cuanto a la causa en que se investigan eventuales delitos cometidos en la administración de fondos del municipio de Ancud, y aun cuando no se ha detectado ninguna inhabilidad legal, la Fiscalía Regional de los Lagos ha resuelto asignar esta investigación a otro fiscal, con el objeto de entregar la tranquilidad, la trasparencia necesaria a la comunidad, a los otros intervinientes y especialmente a los profesores que se han visto afectados por estos hechos".

Así se pronunció ayer Carmen Barra, vocera de la Fiscalía Regional de Los Lagos, sobre la reasignación del caso por la crisis de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, en la que se habla de pérdidas por miles de millones de pesos y que el Ministerio Público indaga desde hace cinco años.

"Todos ellos deben tener la certeza acerca de la absoluta imparcialidad y objetividad con las que se lleva a adelante esta investigación", sumó la representante de la entidad encabezada por la fiscal regional Carmen Wittwer.

Hasta ayer el profesional del organismo persecutor a cargo era el ancuditano Javier Calisto y ahora lo es Fernando Metzner, fiscal adjunto de Castro, quien deberá seguir averiguando este tema que alcanza revuelo nacional luego que el lunes el noticiero "Teletrece central" de Canal 13 exhibiera un reportaje alusivo.

En el trabajo periodístico se cuestionó la labor de Calisto y se expuso que en todo este lustro no hay imputados por el caso. Es más, se indicó que un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) proponía citar a cinco personas para responder sobre el destino de los cuantiosos recursos cuya utilización se desconoce.

Asimismo, se vinculó por su condición de rotario al fiscal con el exencargado de control de la Corporación Municipal de Ancud y por haber sido asesor jurídico de Pablo Ossio (DC), exalcalde y esposo de Soledad Moreno, también exjefa comunal de este territorio.

Abogado y concejales

Desde la Corporación Municipal de Ancud, su abogado Ignacio Álvarez comentó que "nos encontramos satisfechos por la determinación del Ministerio Público. Estimamos que esto puede permitir una mayor agilidad y avance en la investigación par que se puedan determinar los responsables de los delitos que hemos venido denunciando a través de las querellas y ampliaciones de querella que hemos presentado".

La noticia causó también rápidas impresiones en el concejo. El edil Alex Muñoz (pro RN), requerido en el reportaje, mencionó ayer que "es una información muy positiva que también genera mucha expectativa en la comunidad, no solamente en la educativa, sino en toda, ya que nos permite avizorar que los procesos judiciales se cumplan y se haga lo que se tiene que hacer, y que se sepa la verdad, que se haga justicia y se trasparenten todos los dineros irregulares que se manejaron en la corporación en su momento y que produjeron un déficit de 3 mil millones de pesos".

A su vez, la concejal Ruth Caicheo (indep.) tildó que "es súper importante que se puedan abrir estos procesos", valorando la salida del fiscal Calisto del caso: "Se necesita un avance en la investigación, entiendo que esto nace por un reportaje de Canal 13 (…). (Sobre) Esa administración nefasta que tuvimos hace unos años atrás de la familia Ossio-Moreno yo creo que obviamente es necesario que se investigue a fondo y paguen los culpables".

$3 mil millones se habló, en su momento, de déficit en la entidad sostenedora de la educación pública ancuditana.

Detectives de la agrupación Microtráfico Cero, dependiente de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Castro, incautaron más de 100 plantas de Cannabis sativa desde una vivienda en la península de Rilán, en esta comuna chilota.

Se trata de una investigación que nace tras una denuncia anónima y por la cual se realizaron diversas diligencias, las que lograron establecer la presencia de dicha droga en un invernadero al interior de un patio.

Tras una intervención focalizada al inmueble, los detectives pesquisaron un total de 109 plantas de marihuana, cuya altura máxima bordea los 145 centímetros.

"Cabe destacar que el imputado en este caso corresponde a un hombre de 41 años, quien fue detenido por Carabineros en otra diligencia por el delito de lesiones", indicó la Policía de Investigaciones (PDI).

Precisamente ayer el sujeto pasó a control de detención por tal hecho, instancia en que además se le imputó la infracción al artículo 8° de la Ley 20.000 que sanciona el cultivo de marihuana.

Fernando Metzner, fiscal adjunto de Castro, reconoció que el hombre fue aprendido el martes y que se le formalizó ayer por "amenazas simples, lesiones simples y cultivo ilícito de especies vegetales del género Cannabis; este imputado fue inicialmente detenido el martes por Carabineros por los dos primeros delitos y, de manera paralela, la PDI recepcionó una información que señalaba que este imputado mantenía en su domicilio un invernadero con plantas de marihuana en su interior".

Ante ello, el Ministerio Público dispuso una orden de investigar y solicitó una orden judicial de entrada, registro e incautación en tal dirección, donde los detectives comprobaron el sistema indoor. En la audiencia celebrada ayer, el Tribunal de Garantía de Castro ordenó al imputado las cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima, fijando un plazo de 60 días para indagar el caso.