Violencia de género y vicios policiales: las aristas del nuevo juicio por femicidio
Ayer comenzó la audiencia por el crimen de Mónica Mansilla en isla Caguach, donde se acentúa el debate por estas materias penales entre los intervinientes. El acusado por este horrendo delito arriesga presidio perpetuo calificado.
Acentuando los alcances de la violencia de género por parte de los acusadores, como también los supuestos vicios policiales en el procedimiento relatados por la defensa, comenzó ayer el nuevo juicio oral por el asesinato de Mónica Mansilla Muñoz (54), perpetrado en la isla Caguach. Un crimen por el cual su expareja enfrenta cargos por femicidio, arriesgando una pena de presidio perpetuo calificado.
Tras anularse el 15 de noviembre pasado la sentencia absolutoria en favor del encartado de iniciales C. I. V. V. (45), se desarrolla ahora ante el Tribunal Oral en lo Penal de Castro otra audiencia con una sala no inhabilitada, presidida por el magistrado Jaime Rojas, la cual analiza los antecedentes por los hechos registrados el 19 de diciembre del 2019, cuando la víctima fue hallada sin vida en su domicilio.
La vecina falleció estrangulada y presentó al menos 24 lesiones. Un bestial ataque sindicado a quien fue su conviviente por 17 años y que enfrenta esta nueva instancia judicial sin cautelares.
énfasis
Más allá que la prueba expuesta sea la misma que en el primer juicio, desde el inicio de la sesión telemática se observó una postura mucho más incisiva por parte de los acusadores. Incluso, el Ministerio Público reforzó su presentación con la fiscal de Puerto Montt especializada en indagar delitos violentos, Pamela Salgado, en apoyo del titular de la causa, Luis Barría.
Es más, la persecutora fue la encargada de exponer los alegatos de apertura, apuntando a las implicancias de la figura legal por la cual se acusó, señalando que el deceso de la isleña "se trata de un caso de violencia extremo hacia una mujer", remarcando que "no hay dudas" en la intervención del imputado, la cual debe juzgarse "desde una perspectiva de género", en base a la Convención de Belém do Pará.
Asimismo, la abogada puntualizó uno de los aspectos que fueron tomados en cuenta al momento de ser acogido el recurso de nulidad por parte de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con relación al primer juicio. Invocó que la prueba que se exponga "sea valorada en su integridad de una manera racional", en lo cual no se deje de lado "la historia de vida" de la víctima, marcada por varios episodios de violencia de parte del encartado hacia la mujer como a sus hijos.
El asesor legal del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género Los Lagos, Thomas Patri, quien interviene como querellante, dijo que el encartado agredió "de forma reiterada a la víctima al no aceptar el término de la relación y que ella podía ser feliz en su nueva vida. Le causa la muerte cosificándola por completo, con total desprecio a la dignidad de la mujer".
"overkill"
Coincidiendo que se trata de un caso de violencia de género, el abogado Patricio Olivares, representante de Iván Aro, hijo de la víctima, especificó que la prueba que se rendirá en el juicio permitirá acreditar los diferentes estadios del femicidio, pasando por la acumulación de tensiones, las agresiones, el desistimiento, la resiliencia de la vecina hasta llegar al estallido mortal.
"Acá se da un fenómeno denominado overkill, consistente en la intención de causar la muerte sobreseguro, donde se infringe un número excesivo de lesiones para asegurar este desenlace", explicó el querellante, remarcando que el imputado "abusó de su fuerza física, del lugar donde se cometió el delito, por lo cual solicitamos que se condene a presidio perpetuo calificado".
En tanto, Tania Sánchez, jurista del municipio de Quinchao, quien representa a Marcial Aro, también hija de la víctima, sostuvo que "el daño para la familia y la comunidad por estos hechos brutales ha sido tremendo". Agregó que el femicidio "es el término extremo de un continuo de violencia de género, lo cual será acreditado en la audiencia".
Defensa
Por su parte, el defensor particular Andrés Firmani ahondó en las supuestas irregularidades en los dispositivos de la Brigada de Homicidios (BH) por esta causa para sustentar su petición de absolución. Un escenario que en el primer juicio oral fue acogido por los sentenciadores.
"La obtención de prueba fue con infracción de garantías constitucionales", aclaró el profesional, añadiendo que, por ejemplo, "se vulneró el derecho a la privacidad en procedimientos que obviaron los requisitos o formalidades para su realización". Uno de estos operativos cuestionados fue el allanamiento en la pieza del imputado, donde se incautó evidencia que lo incriminaba.
Remató el penalista que "la actuación policial fue negligente", avanzando de una sola forma "teledirigida hacia mi cliente, siendo la única arista que se indagó".
Tras estos alegatos comenzó la etapa probatoria, en la cual alcanzaron a exponer tres testigos. Hoy continúa esta instancia dentro de una audiencia que se espera se prolongue por dos semanas.
21 de septiembre fue el veredicto absolutorio del primer juicio, en el que los jueces calificaron de "deficiente" la prueba.