Pedro Bárcena González

En fallo dividido, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Castro condenó ayer a un sujeto por el delito de femicidio, en contra de Mónica Mansilla Muñoz (54). Un crimen perpetrado en la isla Caguach, comuna de Quinchao, y que en esta repetición del juicio permitió acreditar la responsabilidad de quien fue expareja por 17 años de la víctima.

La sala presidida por el magistrado Jaime Rojas valoró parte de la prueba presentada por este caso, que se remonta al 19 de diciembre del 2019, cuando la vecina fue hallada sin vida en su dormitorio presentando al menos 24 lesiones. Una evidencia que logró crear convicción en los sentenciadores, quienes también ratificó los vicios policiales en la indagatoria.

Justamente, en la exposición del veredicto, el juez partió señalando que existieron vulneraciones de garantías en el allanamiento efectuado por la Brigada de Homicidios (BH) de Puerto Montt a la pieza en que se hospedaba el acusado, de iniciales C. I. V. V. (45), tras el ilícito. Indicó que se violentó el derecho a la intimidad y debido proceso, con lo cual toda la evidencia obtenida en y desde este operativo fue desechada.

Sin embargo, el juzgador añadió que pese a no existir prueba directa, la mayoría de la sala sí consideró el resto de los medios de cargo que establecieron una serie de indicios, los cuales fueron analizados con perspectiva de género para confirmar la autoría del isleño y la dinámica de este asesinato.

Lesiones

Detalló la fuente que el encartado, entre las 4 y las 7 de la mañana de esa fatídica jornada, "concurrió hasta el domicilio de su exconviviente, donde la golpeó con elementos contundentes en diversas partes del cuerpo, ocasionándole múltiples lesiones en la cabeza, rostro, pecho, brazos, piernas y zona abdominal, para finalmente estrangularla causándole la muerte por asfixia".

A diferencia del primer juicio, anulado el 15 de noviembre pasado, los magistrados valoraron todo el historial de violencia que sufrió la víctima por parte de su expareja. Por ejemplo, los testimonios de los hijos de la mujer permitieron describir numerosos episodios de maltrato y el término de la convivencia; mientras que las declaraciones de vecinos evidenciaron las conductas agresivas del sujeto.

Otras de las fuentes probatorias para llegar a este dictamen fueron la versión de un testigo que vio salir de la casa de Mónica al acusado, en un horario cercano al de su deceso; una prenda de vestir con restos de sangre de la occisa, hallada en el lugar de trabajo del enjuiciado, como también los informes tanatológicos y policiales relativos a la muerte de la pobladora.

Bajo esta evidencia, los jueces Rodrigo Alarcón y Loreto Yáñez se inclinaron por la condena, mientras que Rojas por la absolución, aduciendo insuficiencia probatoria. Además, decidieron desestimar las agravantes invocadas por los acusadores (ensañamiento, abuso de la fuerza y ejecución del hecho con desprecio a la dignidad de la ofendida).

Más allá de esa situación y la atenuante objetiva de la irreprochable conducta anterior que fue considerada, tanto el Ministerio Público como los querellantes mantuvieron su pretensión punitiva de cadena perpetua calificada.

Como indicó la fiscal de Puerto Montt especializada en delitos violentos, Pamela Salgado, quien reforzó en este nuevo juicio al titular de la causa, Luis Barría, la solicitud se sustenta en la gravosidad del delito de femicidio, "como en la ponderación de la extensión del mal ocasionado, la muerte de Mónica Mansilla, hacia su familia lo que fue refrendado en el juicio con el testimonio de las mismas víctimas".

Por su parte, el abogado Patricio Olivares, quien representa a Iván Aro, hijo de la vecina fallecida, precisó en la audiencia que el quántum se mantiene, "considerando que el femicidio es uno de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico".

Agregó la fuente que la irreprochable es "una atenuante genérica" y que para la sentencia debe valorarse el daño causado, "que no se agota con la muerte de la víctima, puesto que acá existe una falta de respeto hacia la memoria, honra y dignidad de doña Mónica como persona y mujer, que se extiende a su familia".

Los demás querellantes -Tania Sánchez, asesora jurídica del municipio de Quinchao que patrocina a Marcia Aro, otra hija de la isleña; como Thomas Patri, abogado del Servicio de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG)- expusieron una postura similar remarcando la afectación por este crimen.

Defensa

En tanto, el defensor particular Andrés Firmani se mostró "sorprendido" con este veredicto, al valorarse la prueba que cuestionó desde los albores de la indagatoria. Además, adelantó que recurrirá de nulidad en base a estas infracciones de garantías y al voto disidente del magistrado Rojas.

Con relación a la pena, el jurista invocó 15 años y un día de presidio. "Rechazamos la perpetua calificada, puesto que acá existe una atenuante, ante lo cual es imposible escalar hasta la pena más gravosa del sistema. Además, la extensión del mal causado ya está incorporado al momento de establecer la figura legal", explicó.

Asimismo, en la sesión judicial el ente persecutor buscó imponer la prisión preventiva para el hoy condenado, en base al riesgo de fuga que existiría por la alta sanción que arriesga. Sin embargo, los sentenciadores desecharon la medida, ante lo cual el encartado esperará el fallo programado para el 31 de enero en libertad.

"Se sustentó la acusación en la perspectiva de género, actos previos de violencia física y sicológica a la mujer".

Pamela Salgado,, fiscal especializada en indagar delitos violentos.