Finalmente, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Castro decretó que sí hubo delito de homicidio frustrado en el caso de un campesino de la comuna de Ancud que fue agredido por dos policías uniformados. Eso sí, la figura de lesiones graves que postulaba el Ministerio Público fue recalificada.

Los hechos se remontan al 24 de febrero de 2018, pero el asunto recién fue judicializado 15 meses después ante una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Según el juzgado del sector alto de la capital chilota, los efectivos -el sargento C. A. P. C. (42) y el cabo G. M. V. V. (27)- de la Tenencia Chacao redujeron usando armas de fuego a la víctima ante una eventual agresión, daños y amenaza a una hermana en el norte de la Isla.

"El pasado jueves 20 de enero se inició en el Tribunal Oral en Lo Penal de Castro un juicio en que se atribuía a dos carabineros en ejercicio el delito de homicidio frustrado y de lesiones graves respecto de una persona en relación a hechos acaecidos en febrero de 2018 en la localidad rural de Linao, en la comuna de Ancud", indicó Enrique Canales, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Castro.

"Luego de cuatro jornadas -prosiguió el abogado- en que fue rendida prueba testimonial, partiendo por la víctima y otros testigos civiles, además del personal policial de la Brigada de Homicidios (BH, de la PDI) que hizo las diligencias investigativas en su oportunidad y especialmente la declaración de varios peritos en diversas áreas, es que el tribunal logró dar por acreditado los hechos en los términos en que fueron planteados por el Ministerio Público en su acusación, salvo en la recalificación que se hizo de lesiones graves a lesiones menos graves, pero resultando de todas maneras en un veredicto condenatorio respecto de ambos acusados".

Canales sumó que "en la sentencia que será leída próximamente conoceremos el detalle del análisis que ha hecho el tribunal respecto a la valoración de la prueba y las penas efectivas que se aplicarán en el caso concreto". La lectura será el 4 de febrero a las 13 horas.

Mauricio Maya, director regional de la INDH, indicó a Radio Bío-Bío que las "pretensiones nuestras ya están cumplidas en términos que ya se generó condena y se establece responsabilidad de agentes del Estado. Si eso va a ser con presidio efectivo o no, eso ya se verá".

Marcelo Águila Sandoval

Por unanimidad, la Corte de Puerto Montt acogió el recurso de protección presentado por el abogado Marcos Velásquez Macías contra los concejales Susana Vera (actual alcaldesa suplente, tras la destitución de Juan Hijerra), Juan Pérez, Marcos Eujenio, Franco Ojeda y Alex Gómez, quienes en octubre del año pasado acordaron removerlo de su cargo de administrador municipal de Dalcahue.

Hace poco más de tres meses, en una medida casi inédita, cinco de siete integrantes del Concejo Municipal de Dalcahue destituyeron al administrador municipal Marcos Velásquez, acogiendo así una serie de denuncias en su contra por presunto maltrato y abuso laboral contra los funcionarios.

Sin embargo, el tribunal de alzada acogió a favor la diligencia del exseremi oficialista, quien comunicó que se encuentra satisfecho y contento. "Agradezco a los funcionarios municipales y a sus dirigentes por el apoyo y porque dieron fe que en los años que trabajamos juntos nunca presenciaron ninguna mala conducta de mi parte", dijo el profesional, quien agregó que "los concejos municipales tienen facultades para remover a los administradores, pero no tienen el derecho a faltar a la verdad ni a desprestigiar a las personas".

Velásquez aseveró que debe ser restituido a la administración municipal, aunque aseveró está consciente que la decisión queda en manos de la alcaldesa (s) Vera. Consultada al respecto su jefa de gabinete, se respondió que por ahora no hay pronunciamiento de la jefa comunal.

En tanto, la situación del alejado exalcalde Juan Hijerra (pro UDI) aún está pendiente en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en Santiago.

Contraloría

En otro tema, la Municipalidad de Dalcahue interpuso recientemente una demanda civil contra los políticos Marcos Eujenio (pro RN) y Patricio Alarcón (pro PPD), actual concejal y exintegrante del mismo cuerpo colegiado municipal, para que reintegren, cada uno, la suma de $6.713.216, más reajustes, intereses y costas, por viajes de capacitaciones realizados a Lima, Perú, los años 2019 y 2020.

Tales gastos fueron financiados con cargo al presupuesto de la municipalidad y no se acreditaron fehacientemente si hubo tales adiestramientos en la capital del vecino país. La Contraloría determinó en junio del 2021 la existencia de un uso indebido de recursos municipales por más de 16 millones de pesos.

"También durante el 2020 estuvo el concejal Carlos Cárdenas, pero apenas salió el dictamen de Contraloría, reintegró alrededor de 3 millones de pesos", dijo el abogado Marcos Velásquez, recordando que la denuncia la inició la exconcejala Alejandra Villegas (UDI) a fines de ese año. Sumó que a los otros dos aludidos "desde el 2020 se les pide, por vía administrativa, que paguen, pero no lo han hecho y en diciembre (2021) se demandó el pago judicial".

En contraparte, el concejal Eujenio defendió que hubo una notificación en su minuto pero espera que se inicie una investigación en "todo" el consistorio dalcahuino. "Es la Contraloría quien dijo que iba a ser el último efecto, ya que ellos iniciarían una investigación en la municipalidad para poder ver si, efectivamente, los recursos existieron. Aquí no hay ninguna intención, ya que la responsabilidad existe pero es la Contraloría la que tiene que investigar con todos los papeles a la mano", arguyó el comunicador.