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Una empresa naviera presentó oferta por conectividad en el canal Dalcahue

El lunes se conocerán los detalles de la única propuesta que llegó al tercer llamado.
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Carolina Larenas Faúndez

Tras dos llamados fallidos, una empresa naviera presentó una propuesta para acceder al trato directo con el que se busca mejorar la conectividad en el canal de Dalcahue. La oferta está siendo revisada por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

Mejorando condiciones de recursos y disminuyendo algunas características técnicas de las naves se realizó este tercer llamado, luego que a los dos anteriores no se presentara ninguna de las firmas que fueron invitadas a participar del proceso.

Nicolás Céspedes, seremi de Transportes y Telecomunicaciones, indicó que "después de dos intentos fallidos, ya la tercera vez logramos una oferta, el monto supera los 100 millones de pesos y esperamos que con este servicio la gente de Quinchao, de Curaco de Vélez y de las islas interiores de Chiloé pueda tener seguridad en el desplazamiento y poder tener una mejor calidad de vida".

Además, sumó que tras la llegada de esta propuesta se está evaluando su admisibilidad. Esta información fue valorada por los alcaldes de las comunas de la isla Quinchao, considerando que en esta ocasión sí hay una oferta que analizar.

En este sentido, Javiera Yáñez (pro PS), jefa comunal de Curaco de Vélez, señaló que "me parece que es sumamente importante que ya, por lo menos, exista un oferente. Nos comunicamos con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, quien nos señaló que el lunes se va a abrir este sobre que contiene la oferta".

Junto con ello, la abogada comentó que "esperamos que se cumpla con todo lo establecido en los términos de referencia de este trato directo, con el fin de que se pueda operar un servicio en el canal y luego disminuir los costos, porque no hay que olvidar que sufrió un alza el traslado, y por la calidad de vida de nuestros vecinos esperamos poder disminuir los tiempos de espera y los costos".

Con un sistema operando con complicaciones, sobre todo en esta temporada con mayor presencia de visitantes, este fue un tema que ambos alcaldes plantearon a la ministra Gloria Hutt considerando los tiempos de espera para cruzar entre la islas Quinchao y Grande y también la falta de conectividad durante la noche.

René Garcés (indep), alcalde de Quinchao, sostuvo que "no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso de mucha preocupación, de mucha tensión. Junto al ministerio hemos avanzado en poder buscar una solución en el canal de Dalcahue, hoy sabemos que existe una empresa que está en evaluación de sus antecedentes y ojalá se den los resultados que la comunidad de Curaco de Vélez y Quinchao necesitan en el canal de Dalcahue".

Además, el político mencionó que "ojalá que esto lo podamos solucionar entre todos los actores que hemos estado preocupados y seguimos preocupados por esta situación, creo que es una esperanza lo que está sucediendo y ojalá esto se pueda materializar rápidamente en una empresa que pueda trabajar con subsidio del Estado en el canal de Dalcahue".

De esta forma, el lunes se abriría el sobre para conocer los detalles de la única oferta presentada a este llamado a trato directo para la operación de un servicio marítimo en el canal Dalcahue.

No hubo acuerdo entre municipio de Chonchi y propietaro de vertedero

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El Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción entre las regiones de Ñuble a Magallanes, realizó la primera audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, celebrada íntegramente de manera virtual, en la demanda interpuesta por la Municipalidad de Chonchi contra Fernando Hernández Díaz por el presunto daño ambiental causado por la operación de un vertedero industrial en Dicham.

Luego de expuesta por las partes su imposibilidad para arribar a un acuerdo, el juzgado recibió virtualmente -conforme a la Ley Nº21.394- la prueba de la demandante, consistente en la declaración de la demandada, un testigo experto y dos testigos simples.

Por su parte, la demandada no pudo producir la declaración del alcalde Fernando Oyarzún Macías, pues no cumplió con su deber de notificarlo; mientras que, en cuanto a la prueba testimonial, desistió de la declaración de un testigo simple, luego de que el Tercer Tribunal Ambiental advirtiera que este se encontraba acompañado por una tercera persona.

Siempre según esta fuente del Poder Judicial, la demandante en sus alegatos "puso énfasis en que la operación del vertedero industrial de propiedad del Sr. Hernández, que habría ampliado su capacidad en más de tres veces lo autorizado mediante la resolución de calificación ambiental (RCA) alcanzando más de 10 hectáreas de terreno, produjo pérdida de suelo y bosque, además de contaminación de las aguas, por la generación de lixiviados en las inmediaciones del vertedero".

Agregó la municipalidad que el particular habría incumplido las medidas de mitigación impuestas en la RCA asociadas al manejo de aguas lluvias. Destacó que se habrían generado olores nauseabundos en los alrededores del vertedero, afectando principalmente la calidad de vida de población rural, "especialmente personas pertenecientes al pueblo mapuche".

"Todas estas circunstancias habrían sido establecidas por la Superintendencia del Medio Ambiente", sumó el tribunal, acotando que el consistorio dijo que no es responsable del daño por operación del vertedero municipal, ubicado en el mismo Dicham, como alega Hernández.

Parte demandada

Por su parte, la demandada manifestó que no se ha acreditado la significancia del daño ambiental. Agregó que los antecedentes indicados por el municipio "han sido cuestionados en un procedimiento de reclamación de ilegalidad y pendiente de resolución, por lo que no se le puede atribuir daño al medio ambiente y a la salud de las personas".

Sostuvo el propietario del vertedero industrial que dio cumplimiento a las medidas impuestas por la autoridad ambiental y que las muestras tomadas en terreno "no arrojan los lixiviados en los términos indicados por la demandante; por último, manifestó que no se ha considerado el aporte al eventual daño ambiental significativo del vertedero operado por la propia municipalidad", cerró el tribunal con potestad en siete regiones del país.